Liberan a indígenas que fueron encadenados en Santa María Ostula, Michoacán

Algunos de los indígenas encadenados en el municipio de Aquila. Foto: Especial Algunos de los indígenas encadenados en el municipio de Aquila. Foto: Especial

MORELIA, Mich. (apro).– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) iniciaron investigaciones por el caso de los indígenas nahuas encadenados en Santa María de Ostula, por no participar en tomas y cierres de carreteras.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación de oficio y dispuso medidas cautelares de protección ante posibles hechos constitutivos de delito, cometidos en agravio de un grupo de personas de esa comunidad municipio de Aquila.

En un comunicado, la FGE informó que los indígenas permanecieron encadenados durante 24 horas, pero que ya fueron liberados.

Por su parte, la CEDH expresó su indignación y preocupación ante prácticas de castigo como el encadenamiento, que vulnera flagrantemente la dignidad humana. El organismo hizo un llamado urgente para que las autoridades competentes realicen las actuaciones que sean necesarias para que cesen este tipo de acciones punitivas.

El titular del organismo, Víctor Manuel Serrato Lozano, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General y al Ayuntamiento de Aquila  que apliquen medidas cautelares para salvaguardar los derechos humanos de las personas que están siendo objeto de estos castigos

También pide restablecer la seguridad pública y la salvaguarda de las garantías individuales de quienes habitan en ese municipio, ante las actuaciones de las autoridades comunales.

La CEDH informó que inició una queja de oficio a través de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, con el expediente LAZ/091/2019, por violación al derecho a la integridad y seguridad personal en contra de las autoridades que resulten responsables.

De acuerdo con Francisco Flores, expulsado de esa comuna, 12 pobladores de Santa María de Ostula fueron encadenados en postes del centro de control de la comunidad de Xayakalan, presuntamente por no pagar cuotas y no participar en bloqueos carreteros.

En enero pasado, la CEDH inició otra investigación de oficio por la presunta violación a los derechos humanos de pobladores de la localidad de la Cofradía de Ostula en Aquila, que se oponían al cierre de una escuela primaria.

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