CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de tres años de buscar verdad y justicia para esclarecer la desaparición y ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, José Benítez, padre de José Benítez de la O, tronó ante el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, y el gobernador Cuitláhuac García: “Estoy harto de mentar madres, llevo mil 158 días con el mismo pesar, pero vengo a sensibilizar a jueces y fiscales para llegar a la justicia”. La expresión espontánea de José, en el Museo de Memoria y Tolerancia, ocurrió en el contexto de la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad por parte  de representantes del Estado mexicano ante las familias de Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, Bernardo Benítez Arroniz, y el propio José Benítez, detenidos el 11 de enero de 2016 por policías estatales, quienes los entregaron  a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes habrían ejecutado y destruido los restos de los muchachos. Profundamente dolido, José admitió que después de haber enfrentado a los gobiernos de Javier Duarte, de quien piden castigo por los hechos, y de Miguel Ángel Yunes, los familiares de los cinco jóvenes originarios de Playa San Vicente, con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García, se renovaron sus esperanzas de que el caso se esclarezca. “Vemos una nueva disposición del gobierno, y tenemos fe de que se pueda resolver el caso, y tener con ello un poco de satisfacción de que no haya impunidad; lo único que exijo es justicia”, expuso Benítez antes de hacer una pausa, dejar el auditorio para evitar ver un video sobre los jóvenes, preparado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), que representa a los familiares de las víctimas. “Sensibilizado yo ya estoy, yo vine a sensibilizar a jueces y magistrados”, dijo Benítez antes de dejar el auditorio. El evento respondió a la Recomendación 5VG de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de los cinco jóvenes, de los cuales, Susana era menor de edad, así como por el dictamen presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Bernardo Benítez, hermano de José y padre de Bernardo Benítez Arroniz, emplazó a los representantes del Estado mexicano, todos emanados del partido Morena, a garantizar a las familias el acceso a la justicia para demostrar el “verdadero cambio”, y que de no hacerlo, podrían incurrir en complicidad. Escéptico, Bernardo resaltó que luego de tres años de la tragedia, no confía en las instituciones de procuración y administración de justicia del Estado mexicano, porque hasta ahora no se ha sentenciado a las 21 personas procesadas por el caso de Tierra Blanca, por desaparición forzada, en el fuero común, y delincuencia organizada en el ámbito federal. “¿Cuál justicia en México? Para las familias de víctimas de desaparición forzada ni perdón ni olvido, exigimos que se juzgue a los culpables, se les tiene que condenar a los 21 detenidos y que estén bien los procesos, pero que también se investigue a la cadena de mando y a los que encubrieron”, dijo. “Hasta ahora el ministerio público que estaba coludido con los 21 detenidos, sigue en funciones, siguen sin ser investigados los superiores jerárquicos quienes permitían laborar a policías que reprobaban exámenes de control de confianza, policías que por donde pasaban generaban desapariciones y a quienes sabían de los hechos y no hicieron nada”, acusó Bernardo quien emplazó al gobernador de Veracruz a limpiar las corporaciones policiacas en el estado, porque de lo contrario “corre el riesgo de volverse cómplice”. Benítez también hizo una exigencia al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ausente en el evento, y a quien le corresponde indagar sobre la colusión entre crimen organizado y gobierno estatal, entonces encabezado por Javier Duarte. “Si casos como el nuestro no lo resuelve y no llega a las últimas consecuencias, se manchará las manos, esta es una gran oportunidad, aprovéchelo”, dijo al ausente Gertz Manero, quien envió en su representación a Sara Irene Herrerías, quien ha fungido como responsable del área de Derechos Humanos de la dependencia. Carmen Garibo, madre de Susana, hizo presentes a las madres de miles de desaparecidos en Veracruz, al recordar cuando los parientes de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca permanecieron 87 días en la agencia del Ministerio Público para exigir que les fueran devueltos sus jovencitos. “No quiero que nadie vuelva a vivir lo que nosotros vivimos”, puntualizó Carmen al urgir al gobernador García “no volver a permitir que la policía se involucre con el crimen organizado y que no se investigue”. Al indicar que los gobiernos federal y de Veracruz, han hablado del cambio de régimen, y que serán distintos “a los de antes que causaron tanto dolor”, advirtió que “ese cambio debe significar que haya justicia, que nos escuchen a todas las familias y que den resultados, solamente así les vamos a creer, confiaremos hasta que veamos la justicia más de cerca”. Al señalar que no descansaran hasta ver materializada la justicia y la verdad, Garibo admitió que las familias tuvieron dudas en acudir al evento, porque una disculpa “no sana el dolor”, como lo sería reconocer que los jóvenes fueron inocentes, “que son buenas personas”. Al reconocer la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, se comprometió a que la FGR agote las investigaciones que le corresponde, “que el agravio alcance justicia”. Encinas destacó que los hechos ocurrieron dada la colusión entre autoridades y crimen organizado, pero que esto “no seguirá sucediendo, y el primer paso es que esta autoridad asuma su responsabilidad”. El funcionario sostuvo que el gobierno federal tomará las acciones necesarias para “terminar con la impunidad y dar garantías de no repetición, nos comprometemos a que a través de la FGR, acompañar las investigaciones pendientes en materia de delincuencia organizada”. Por su parte el gobernador Cuitláhuac García, se sumó al reconocimiento de la responsabilidad del estado de Veracruz en la desaparición forzada y muerte de los jóvenes, así como de la criminalización de que fueron objeto. “Fallamos ante dichas atrocidades”, dijo García al reconocer que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a los jóvenes, que “incumplieron la ley y se los llevaron a miembros del crimen organizado”. Ante los familiares de las cinco víctimas, el mandatario veracruzano se disculpó porque “no se detuvo a tiempo a los responsables por la colusión”, por el sufrimiento de los muchachos, “por la impunidad, por las dificultades al denunciar los hechos”. Dirigiéndose en todo momento a los padres y madres de los jóvenes, García ofreció una disculpa por “la criminalización”, de la que fueron víctimas los jóvenes, porque “sin justificación” se les señaló falsamente de pertenecer al crimen organizado. “Que quede claro, los cinco eran inocentes y nunca debieron vivir lo vivido”, puntualizó García al señalar que el reconocimiento de responsabilidad del Estado fuente a un “sufrimiento irreparable”, es una “mínima expresión de cercanía, como ser humano, un momento para honrar la memoria de sus hijos, fundamental para limpiar su nombre y que nunca más ocurran atrocidades similares, en espera de que recuperen un poco de paz”. Por el caso de la desaparición forzada y ejecución arbitraria de los cinco jóvenes originarios de Playa San Vicente, están siendo procesados ocho exagentes que formaban parte de la Policía Estatal Región VIII, con sede en Tierra Blanca, y 13 personas acusadas de formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los detenidos están siendo investigados a nivel local por desaparición forzada y ante la FGR por delincuencia organizada y por delitos contra el Sistema Nacional de Seguridad, por haberse mantenido en funciones a policías que reprobaron los controles de confianza. La representación de los familiares de las víctimas, han interpuesto juicios de amparo para que avancen las investigaciones y escalar la investigación a los superiores jerárquicos, en tanto que la CNDH presentó denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por tortura y homicidio contra los 21 procesados.