MONTERREY, N.L. (apro).- La unidad de transición de la subprocuraduría de Combate a la Corrupción de Nuevo León, creada por Ernesto Canales Santos como la primera de su tipo en México, fue disuelta hoy por disposición del Fiscal General del estado. El dictamen presentado por el titular de la Fiscalía general, Gustavo Adolfo Guerrero, señala innecesaria la subsistencia del equipo de trabajo de Combate a la Corrupción de la desaparecida Subprocuraduría, que tuvo un año de vigencia luego de que fuera creado el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que busca ciudadanizar la persecución de delitos cometidos por servidores públicos deshonestos. Dice el comunicado emitido hoy: “Se hace del conocimiento de la comunidad que el Fiscal General de Justicia ha presentado al Honorable Congreso del Estado, dictamen mediante el cual determina innecesaria la subsistencia de la Unidad de Transición de Combate a la Corrupción a cargo del licenciado Ernesto Canales Santos y, en consecuencia, la declara disuelta”. “Lo anterior después de una pertinente evaluación de resultados y de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio, quinto párrafo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”. https://twitter.com/FiscaliaNL/status/1105259451186139137 Los asuntos que llevaba la Unidad que dirigía Canales Santos ahora serán turnados al fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Javier Garza y Garza, quien designará a un funcionario que le dará seguimiento a los expedientes que aún siguen abiertos, hasta que sean debidamente resueltos, señala el boletín. El personal de servicio de carrera bajo las órdenes del subprocurador, y los recursos materiales y de infraestructura que utilizaban, quedarán a disposición de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Fiscalía General para su correspondiente reasignación. Con el inicio del sexenio de Jaime Rodríguez, como gobernador de Nuevo León, en octubre del 2015, fue creada la subprocuraduría de Combate a la Corrupción, que se encargó, entre otros casos, del presunto desfalco millonario por hasta 3 mil 500 millones de pesos, por el que fue acusado el anterior mandatario Rodrigo Medina, quien incluso, por las acusaciones, estuvo medio día en prisión. Sin embargo, con presiones del Congreso de Nuevo León,  fue creado el SEA, y los legisladores aprobaron la propuesta de Garza y Garza como nuevo fiscal para sustituir a Canales, quien se quedaba al frente de una Unidad de Transición que desahogaría las carpetas que había abierto en su gestión. A lo largo de estos poco más de tres años el subprocurador manejó más de una decena de expedientes e imputaciones contra exfuncionarios estatales, pero uno tras otro fueron desestimados por los jueces. Garza y Garza, al llegar como nuevo Fiscal de la materia, dijo que las carpetas estaban mal integradas y que era necesario darles un nuevo giro, lo que ocasionó que se cayeran prácticamente todas las acusaciones contra Medina y sus presuntos cómplices. Canales Santos acusó a Garza de trabajar para evitar que políticos del PRI y el PAN pisaran la cárcel.