Hay un patrón de violencia contra migrantes; gobierno debe ser “efectivo”: ONG

El autobùs es la empresa Transpaís, del que habrían sido secuestrados migrantes . Foto: Tomada de Twitter El autobùs es la empresa Transpaís, del que habrían sido secuestrados migrantes . Foto: Tomada de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensores de familiares de migrantes desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, en 2011 y 2012, llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a considerar que persiste “un patrón de violencia” contra las personas en contexto de migración, documentado desde al menos diez años, situación que se mantiene en impunidad.

Agregaron que no deben pasarse por alto, en el abordaje de casos registrados en días pasados, en que se divulgó la desaparición de entre 19 y 22 personas en la entidad.

En un comunicado, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a familiares de víctimas de migrantes desaparecidos, resaltaron que hechos como los denunciados en días pasados, en que una veintena de personas fue obligada a bajar de un autobús de pasajeros por personas armadas, “no son nuevos en nuestro país”.

La fundación recordó que hace diez años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer en un informe especial que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, 9 mil 758 migrantes fueron víctimas de secuestro, situación que se agudizó dos años después, cuando el mismo organismo dio a conocer un nuevo informe con 11 mil 333 víctimas entre enero y diciembre de 2010.

En marzo de 2011, recordó la organización, autobuses con destino a Reynosa, fueron interceptados en las inmediaciones de San Fernando, y los pasajeros obligados a bajar del vehículo, desconociéndose hasta ahora el destino de varias personas, en tanto que “otras han sido identificadas entre los 195 restos hallados en 49 fosas”, localizadas en San Fernando en abril de 2011.

La Fundación para la Justicia resaltó que está ampliamente documentado que en algunos de esos casos de secuestro, “estuvieron implicados agentes del Estado”, y a la fecha, “al menos en los casos de las tres masacres de migrantes documentadas en el norte de la República mexicana, sigue habiendo impunidad, no hay ninguna persona sentenciada”.

“En los nuevos hechos reportados en este año por el gobierno federal, no pueden ignorarse estos antecedentes, y no pueden hacerse declaraciones al vapor que puedan dar una falsa idea de lo que está ocurriendo, hasta que no se investigue de manera efectiva”, puntualizó la organización.

Tras recordar que en el caso de la masacre de Caderyta, en 2012, autoridades locales dijeron en su momento que se trataba de “un enfrentamiento entre grupos criminales”, declaraciones que “dañaron gravemente a los familiares de algunas de las víctimas que ya fueron identificadas”, la organización civil consideró que con los hechos recientes se abre una oportunidad para el gobierno de López Obrador.

“El actual gobierno tiene la responsabilidad, pero también la oportunidad de hace las cosas de manera diferente, de buscar a las personas de manera efectiva y de investigar agentes estatales y no estatales que pudieran estar involucrados, para evitar que siga existiendo la impunidad”, puntualizó la Fundación para la Justicia.

Agregó que “la debida investigación y enjuiciamiento de los responsables de estos delitos, constituye una garantía esencial de no repetición de los mismos”, sin embargo “la impunidad con que han contado los responsables de estos hechos en administraciones anteriores (por acción y/o omisión), alienta la continuidad de estas prácticas criminales, que dada la existencia de patrones de planeación, ejecución y/o encubrimiento, revelan sistematicidad, lo que puede continuar crímenes internacionales”.

La organización solicitó a la CNDH que dé a conocer el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas sobre el caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando y en el de la masacre de Cadereyta, en las que instruyó a autoridades estatales y federales a realizar un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en el estado de Tamaulipas.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, recomendó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) coordinarse con autoridades estatales y federales para una búsqueda efectiva y dar con el paradero de las personas migrantes, así como estar en contacto con consulados de otros países “para detectar posibles denuncias de desaparición”.

Apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR), “tiene la oportunidad de integrar un equipo especializado, donde converjan las autoridades y especialidades que se requieran para llevar a cabo una investigación efectiva”, tomando en cuenta que “la evidencia del autobús debe ser debidamente resguardada a fin de que se aporten elementos para saber la identidad de las personas desaparecidas, se logre contacto con sus familiares, y obtener información que se requiera.

La organización insistió en que se presenta una oportunidad única para las actuales autoridades, que han mostrado “voluntad para combatir la desaparición de personas migrantes”, al menos en reuniones sostenidas entre la organización y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

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