Una nueva pugna comienza entre las aseguradoras que buscan ganar un contrato de la Conade. La dependencia que encabeza Ana Gabriela Guevara asignó un contrato por 50 millones de pesos a Seguros Ve por Más para que otorgue el servicio de Gastos Médicos Colectivo, pese a que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no la tiene registrada para tal fin. ¿Cómo ganó la licitación? ¿Quién la promueve? La historia de este caso sugiere que las anomalías provienen directamente de la Secretaría de Educación Pública. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) asignó un contrato por 50 millones de pesos a Seguros Ve por Más, empresa sin autorización para prestar el servicio de Gastos Médicos Colectivo. Por incumplir los requisitos debió declararse desierta la licitación LA-011L6I001-E4-2019; no obstante, siete servidores públicos de la dependencia firmaron el 22 de febrero último el acta en la cual declararon ganadora a la empresa de nombre comercial BX+ “por ser la propuesta económica solvente que cumple con las especificaciones técnicas”. El servicio contratado a la institución financiera, propiedad de Antonio del Valle Ruiz y que preside su hijo Antonio del Valle Perochena, es el de aseguramiento de gastos médicos mayores con accidentes personales y seguro de vida para deportistas, técnicos, entrenadores, cuerpo multidisciplinario, medallistas olímpicos y paralímpicos.  En el portal de internet de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) se indica que Grupo Financiero Ve por Más está autorizado para operar accidentes y enfermedades, daños y seguros de vida. En el primer ramo se lee claramente que pueden atender accidentes y enfermedades, accidentes personales y gastos médicos, pero no gastos médicos mayores colectivo (GMM Colectivo).  La decisión que tomaron los funcionarios federales causó que dos aseguradoras, Grupo Nacional Provincial (GNP) y Mapfre México, se inconformaran ante el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade, Filiberto Otero Salas, quien también es uno de los siete firmantes del acta que beneficia a BX+. En un oficio fechado el 25 de febrero la representante legal de GNP, Susana Mendoza Barrera, hizo saber a Otero Salas las irregularidades en la adjudicación del contrato. “La oferta de Seguros ve por Más, Grupo Financiero Ve por Más debería desec­harse ya que cae en el supuesto del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables.” GNP añade que la aseguradora que recibió el contrato no debería operar una póliza “al no contar con una nota técnica registrada para emitir seguros con las coberturas y asistencias que solicita la convocante (Conade), según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (…)”. Cuestionado asesor  Pero ésta no es la única irregularidad en el proceso de licitación. Por tratarse de un servicio altamente especializado, la normatividad prevé que exista la figura de “asesor externo”.  En el acto de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas la Conade designó a APSELP, Agente de Seguros y Fianzas representada por Elizabeth López Pineda y por Sandra López Pineda, esta última en calidad de asesora.  De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la designación del asesor externo en materia de seguros también debió hacerse mediante concurso.  El artículo 41, fracción 10, indica que, cuando “se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones”, debe aplicarse el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación. Sin embargo, esto no ocurrió así: en CompraNet, el sistema electrónico de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para transparentar la contratación de los servicios, no se encontró algún expediente que demuestre que la Conade realizó la invitación a tres personas, de tal suerte que mediante el esquema de adjudicación directa se seleccionó a APSELP, Agente de Seguros y Fianzas.  Además, la asesoría de dicha firma no ayudó para que en la Conade valoraran que, por primera vez en la historia de la contratación del servicio de gastos médicos mayores, accidentes y seguros de vida, sólo se presentó un licitante. Tampoco para que detectaran que Seguros Ve por Más carece de autorización para prestar el servicio de gastos médicos mayores colectivo. Lo anterior es violatorio de la fracción 2 del artículo 44 del acuerdo, por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2010, que indica que el consultor de seguros externo debe “asesorar a la dependencia o entidad en la evaluación de los programas propuestos por parte de las aseguradoras y, en general, para cualquier decisión en la materia”.  En el fallo del procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. LA-011L6I001-E4-2019 se estableció que, por concepto de gastos médicos mayores y enfermedades nombradas, Seguros Ve por Más recibirá 46 millones 980 mil pesos de recursos públicos para brindar un servicio para el cual no está acreditado.  Por concepto de seguro de vida, 1.9 millones de pesos, y por seguro de accidentes personales, 1 millón 75 mil pesos, para un total de 49 millones 960 mil 890 pesos con el IVA incluido, que se pagará en 10 exhibiciones de 4 millones 966 mil pesos. El contrato tiene vigencia del 25 de febrero al 31 de diciembre de 2019. Los servidores públicos que realizaron el procedimiento administrativo son: José Omar Hernández Pliego, encargado del despacho de la Dirección de Servicios; Jesús Rebollar Álvarez, encargado del despacho de la Subdirección de Proveeduría, y Minerva González Guzmán, jefa del Departamento de Adquisiciones; los tres dependen de la Subdirección de Administración que encabeza Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, exdirigente de Morena en el estado de Querétaro. Piedragil Ortiz es el único de los cinco subdirectores de la Conade que su titular, Ana Gabriela Guevara, no nombró. Su designación provino de la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde también labora Hanna Woloski como secretaria técnica en la oficina de Esteban Moctezuma Barragán.  Exdirectora de Mercadotecnia del Comité Olímpico Mexicano (COM), Woloski ha impulsado los servicios de BX+ en distintas dependencias federales.  A mediados de 2015 dejó ese cargo acusada de haberse quedado con 1.5 millones de pesos en material para construcción, entregado por USG Sistemas Ligeros de Construcción, un patrocinador del COM. La aportación se utilizaría para remodelar las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Cuando el director de Administración del COM, Juan Guerrero, solicitó el material de USG, la empresa le informó que ya se lo había entregado a Woloski.  Guerrero contactó a la señalada y ésta negó tener en su poder el material. Cuando el presidente del COM, Carlos Padilla, se aprestaba a despedirla, ella simplemente desapareció y nunca volvió a su puesto.  Hanna Woloski también estuvo involucrada con Homex, empresa que en 2008 prometió casas para los medallistas olímpicos y entrenadores y que tardó meses en entregarlas, pero sin escrituras.  El taekwondoísta Guillermo Pérez la denunció por haberlo amenazado tras quejarse públicamente del incumplimiento, y en todos los casos Woloski pidió a los medallistas que recibieran inmuebles de un precio mayor de 400 mil pesos y que ellos pagaran la diferencia. Antes de que Seguros Ve por Más fuera elegida como el nuevo proveedor de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la empresa que prestó el servicio fue SisNova, propiedad de Paulino Decanini, cuyo contrato concluyó el 31 de diciembre de 2018. No obstante, mantuvo el servicio durante enero y 24 días de febrero y aún no ha recibido el pago por ello.  Pugna entre aseguradoras No es la primera vez que la Conade realiza una desaseada licitación en materia de seguros médicos y de vida. Antes del cambio de administración entre Jesús Mena y Alfredo Castillo, en 2015, fue cancelada una asignación tras la lucha de dos grupos que buscaron favorecer, por un lado, a Mapfre y, por otro lado, a La Latinoamericana Seguros, que tuvo este contrato durante 10 años.  El procedimiento se llevó al límite y peligraron los seguros de vida, de accidentes y de gastos médicos mayores de por lo menos 2 mil 500 personas.  En aquel entonces la licitación fue por dos años, 2015 y 2016. La Latinoamericana hizo una oferta de 38.3 millones de pesos; Medi Access, de 52 millones; Banorte, de 72.9 millones, y Mapfre, de 75.9 millones. De acuerdo con un especialista en materia de seguros, que tomó en cuenta la convocatoria de la licitación y las especificaciones solicitadas, la prestación bianual del servicio de seguros no costaría más de 50 millones de pesos.  Llama la atención que el costo del servicio se haya duplicado en sólo cuatro años.  Debido a las irregularidades, Mapfre también presentó ante el OIC de la Conade un recurso de inconformidad en el que solicitó que se decretara la nulidad del Acto de Fallo emitido el 31 de marzo de 2015 y que se le adjudique el contrato. La cancelación, explicó, fue un “acto ilegal dirigido en su contra para no declararla ganadora” (Proceso 2011). En ese caso el asesor externo fue la empresa Carsa SP Consultores Agente de Seguros y Fianzas, que encabeza Jaime Fernández.  En dicha licitación participaron siete grupos: Aseguradora Interacciones con Aba Seguros, Grupo Mexicano de Seguros con Quálitas Compañía de Seguros, La Latinoamericana con Seguros Afirme, Mapfre Tepeyac, Medi Access Seguros de Salud, Seguros Banorte y Seguros Inbursa. Cuatro años después sólo BX+ atendió la convocatoria de la Conade.  Hasta el cierre de esta edición, la dependencia que maneja los recursos públicos para impulsar el deporte nacional no respondió a una solicitud de entrevista para esta investigación. Este reportaje se publicó el 10 de marzo de 2019 en la edición 2210 de la revista Proceso.