TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Corte Federal canadiense anunció que analizará la viabilidad de investigar a la diplomacia de ese país en México que protegió a la minera Blackfire, implicada en el asesinato del líder del movimiento anti minero de Sierra Madre de Chiapas, Mariano Abarca Roblero, perpetrado en noviembre de 2009. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dio a conocer que el juez Keith M. Boswell escuchó los argumentos de los representantes legales de la familia Abarca, presente en la audiencia, en el sentido de que la embajada de Canadá en México debe ser investigada por haber creado “un peligro sustancial y específico para la vida, la salud y la seguridad” del activista y otros residentes del ejido Chicomuselo, Chiapas, afectados por la mina de Blackfire. A más de un año de la petición elaborada por la esposa e hijos de Mariano Abarca Roblero, quienes solicitaron la revisio?n judicial --junto con la Fundacio?n Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Auto?noma de Chiapas, la REMA y MiningWatch Canada--, la Corte Federal de Canadá aceptó por fin valorar el asunto. El 5 de febrero de 2018, José Luis Abarca Montejo, hijo del li?der comunitario Mariano Abarca (también asesinado) y sus colaboradores, presentaron un escrito ante al Comisionado de Integridad del Sector Pu?blico de Canada? (PSIC), solicitando que se abriera una investigacio?n a la Embajada de Canada? en Me?xico sobre su apoyo a las operaciones de la compan?i?a minera canadiense Blackfire Exploration en Chiapas. El escrito sostiene que los actos y omisiones de la sede diplomática pueden haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca. Asimismo, la Embajada podri?a no haber seguido las directrices establecidas respecto de las denuncias por corrupcio?n. Hasta donde se sabe, se trata de la primera vez en que se presenta una queja ante el Comisionado por el hecho de no seguir las directrices establecidas en esta materia por parte de la Embajada. El 17 de abril de 2018, los reclamantes recibieron el anuncio de que el Comisionado se negaba a investigar la queja. Como respuesta, presentaron un recurso ante el Tribunal Federal de Canada? con fecha 16 de mayo de 2018. Argumentaron que la decisio?n del Comisionado se basa en una interpretacio?n restrictiva de su mandato, en la que se establece la conclusio?n erro?nea y mal argumentada de que no existi?an directrices a seguir por la Embajada, ma?s alla? de hacer lobby a favor de Blackfire. Asimismo, subrayaron, deberi?a haberse tenido en consideracio?n si las acciones y omisiones de la Embajada de Canada? poni?an en peligro la vida de Abarca. En su Memora?ndum de Hecho, la oficina del fiscal general reiteró en diciembre la afirmacio?n del Comisionado de que los documentos del gobierno y las declaraciones pu?blicas no constitui?an una "poli?tica oficial" y, por lo tanto, los funcionarios no estaban obligados a seguirlos. Tampoco explicó porque? el Comisionado no considero? el intere?s pu?blico de investigar este caso, a pesar de la desconfianza que genera en el papel de los diploma?ticos canadienses y los comisionados de comercio cuando existen conflictos con las empresas mineras de ese país. Tras la audiencia pu?blica en el Tribunal Federal de Canada?, los reclamantes denunciaron hoy que la Embajada canadiense defendió los intereses de las compan?i?as mineras sin importar las repercusiones sobre las personas en Me?xico y en otras partes del mundo. Tras la audiencia, lograron que la Corte ordenara al PSIC que investigue los actos y omisiones de la sede diplomática en Me?xico, al considerar que contribuyeron a incrementar el peligro sobre Mariano Abarca antes de su asesinato. Mariano Abarca era un miembro muy respetado de la comunidad que denuncio? y lidero? las protestas contra los impactos sociales y ambientales de la mina de barita explotada por Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. Los empleados de la mina lo golpearon, lo detuvieron a peticio?n de la compan?i?a, lo amenazaron y finalmente lo asesinaron el 27 de noviembre de 2009. Tres personas relacionadas con Blackfire fueron detenidas y acusadas inmediatamente despue?s del crimen del activista, quedando todas ellas absueltas y puestas en libertad. La investigacio?n sigue abierta. Hasta que se disolvió, en agosto de 2017, Blackfire Exploration era una empresa privada con sede en Calgary que operaba la mina de barita Payback en Chicomuselo, Chiapas. Su actividad se desarrollo? desde fines de 2007 hasta poco despue?s del asesinato de Mariano Abarca, cuando la autoridad ambiental de Chiapas cerro? la mina.