Sedena y Sedatu ofrecen migajas a ejidatarios de la zona de Santa Lucía

En realidad no hubo una consulta seria entre las comunidades que serán las directamente afectadas por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, aquellas que sufrirán por la falta de agua, la saturación de vialidades o las que de plano perderán sus tierras. La consulta ciudadana del pasado octubre no las tomó en cuenta para preguntarles si estaban de acuerdo con el proyecto aeroportuario, pero el gobierno federal sí envió a sus representantes para comprar las tierras. Proceso constató que la Sedena y la Sedatu ofrecen a los ejidatarios de San Lucas Xolox mínimas cantidades por sus propiedades.

TECÁMAC, Edomex (Proceso).- Los ejidatarios comenzaron a juntarse en la iglesia de San Lucas Xolox, Tecámac, para ir a la Casa Ejidal, donde a las 16:00 horas de ese 20 de marzo se reunirían con enviados del gobierno a fin de negociar la venta de sus tierras para el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

A cinco meses de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciara la transformación del aeropuerto militar en uno comercial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), iniciaron mesas de información y negociación con los pueblos aledaños a la base de Santa Lucía, como San Lucas Xolox y San Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, para adquirir terrenos ejidales.

Aunque el aeropuerto se construirá en el terreno que pertenece al Ejército, se necesitan mil hectáreas más para la zona de seguridad que exigen las normas internacionales de aeronáutica.

Encabezaron la reunión en San Lucas Xolox el teniente coronel Luis Enrique Calderón y Daniel Fajardo Ortiz, director general de Coordinación Metropolitana de la Sedatu, constató Proceso. Llegaron sin proyecto ejecutivo ni manifestación de impacto ambiental, tampoco tenían una fecha para la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la que está obligado el gobierno mexicano, pero ofrecieron a 141 ejidatarios pagarles 240 pesos por metro cuadrado.

Según ejidatarios que hablaron bajo condición de anonimato, los funcionarios les dijeron que Santa Lucía necesitaba 354 hectáreas de su pueblo. Proceso buscó la versión de la Sedatu, pero funcionarios de esta dependencia rechazaron dar una entrevista. La Sedena no respondió a la solicitud de información.

–Ustedes no tienen consulta a los pueblos originarios –reprochó un ejidatario a los funcionarios durante la reunión del 20 de marzo.

–Semarnat debería estar aquí también –señaló otro.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2214, ya en circulación)

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