En San Lázaro aprueban nuevas sanciones contra permisionarios que vendan gasolinas robadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados aprobó este martes nuevas sanciones contra los permisionarios que vendan gasolinas robadas, como el retiro del permiso y la inhabilitación al dueño por 15 años, además de que se creará un registro de quienes incurran en el delito.

Al argumentar el dictamen, Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, recordó que el robo de hidrocarburos se incrementó desde hace 10 años en 868%, y que aparejado a este delito está la comercialización de dicho producto, en especial por parte de aquellos que cuentan con una franquicia autorizada por el gobierno federal para instalar gasolinerías.

Ante ello, la Comisión aprobó reformas a la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de robo de hidrocarburos.

A los cambios se suma “la obligación” de los titulares de permisos para distribuir y transportar hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, “de incorporar un sistema de geoposicionamiento en todas las unidades vehiculares utilizadas, las cuales se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de comunicaciones y transportes”.

En tribuna, la panista dijo que para “garantizar el éxito de la investigación, el juez de control podrá solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión temporal del permiso y, en su caso, la suspensión del o los procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso de las actividades reguladas por el título tercero de la Ley de Hidrocarburos, a solicitud del Ministerio Público, o cuando lo considere procedente. Esto es, dentro del proceso de investigación”.

Aclaró que el registro de aquellas franquicias o permisos que estén suspendidos se hará luego de que ocurra una sentencia ejecutoria.

“Además, se crea un registro de aquellas personas físicas o morales cuyo permiso o procedimiento se hubiesen suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutorial”, abundó.

La diputada por Morena Nayeli Arlen Fernández sostuvo que las reformas también contemplan al Estado la posibilidad de realizar el decomiso de bienes que se hayan generado por la comisión de delitos vinculados con el robo de hidrocarburos.

“Seguiremos dotando de herramientas para que el Poder Ejecutivo sí cumpla las instrucciones del presidente López Obrador y disminuya el robo de combustibles”, señaló el priista Enrique Ochoa al argumentar a favor.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, ofreció cifras al respecto: “Hace 10 años se detectaba una toma clandestina diaria y actualmente se detectan 20. Ente 2013 y 2017 se detectaron 28 mil 76 tomas clandestinas en todo el país, en contraste con las encontradas en 2018, que ascendieron a 12 mil 581 tomas clandestinas. Tan solo las tomas encontradas en 2018 representan poco más del 40 % de las tomas reportadas en cuatro años”.

La panista sostuvo que, como en todos los mercados ilegales, el robo de hidrocarburos ha diversificado sus métodos y alcances. “Una de las actividades ilícitas que han surgido como consecuencia del robo de hidrocarburos es la compra por parte de expendedores que adquieren grandes cantidades de combustible robado a precio menor del que pagarían por combustible de origen legal, afectando a la industria legalmente establecida, por supuesto al erario”.

Los cambios para atacar el huachicol se aprobaron con 450 votos a favor y ninguna abstención o voto en contra.

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