CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades del gobierno de Chiapas por su omisión y responsabilidad en la falta de protección a 14 docentes que fueron humillados, vejados y obligados a caminar descalzos por las calles del municipio de Comitán de Domínguez, cuando se negaron a participar en un paro magisterial. El organismo nacional determinó que los elementos de seguridad no cumplieron su labor de proteger los derechos humanos los profesores quienes también fueron obligados a portar pancartas con leyendas denigrantes, entre burlas y vejaciones. El  31 de mayo de 2016, el personal docente y los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación de Chiapas y al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez fueron retenidos en dos grupos y llevados a las inmediaciones de la Central de Abastos del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas. El primer grupo que constaba de seis personas adscritas a la Secretaría de Educación de Chiapas fueron interceptadas en “los arbolitos”, cuando se dirigían a las oficinas de la dependencia en Tuxtla Gutiérrez. El segundo grupo había ocho personas, dos mujeres y seis hombres, pertenecientes al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, y quienes fueron detenidos en una oficina alterna al plantel. El hecho fue difundido más tarde por medios de comunicación, lo cual llevo a la CNDH  a iniciar, de oficio, un expediente de queja. Tras una investigación, el organismo acreditó la violación de los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trabajo digno, al derecho al acceso a la justicia, así como al derecho a una vida libre de violencia. Lo anterior ante la falta de acciones eficaces por parte de las autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia de Chiapas para contener las agresiones. Puesto que los responsables de la seguridad pública solo instruyeron “monitoreos” de los hechos mediante uno o dos policías; no les brindó protección y auxilio en el momento de las agresiones, ni con posterioridad, y omitieron integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad. Además, la CNDH  agregó que no se solicitaron oportunamente medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas. El organismo subrayó que El Colegio de Bachilleres de Chiapas omitió investigar la participación de integrantes de su personal en los hechos, pese a los señalamientos de haber retenido a las víctimas, quienes continúan laborando con sus agresores, lo cual impide la realización de sus funciones con respeto a su dignidad y se traduce en falta de garantías para un trabajo digno. Por ello, emitió la recomendación 09/2019 donde instó al gobernador de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a las víctimas, con atención médica y psicológica, y la inscripción al Registro Nacional de Víctimas. También diseñar y difundir un protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, en coordinación con las autoridades municipales de Comitán de Domínguez, para el control de multitudes, y realizar acciones para que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Registro Estatal de Víctimas operen debidamente. Al Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, le recomendó integrar y perfeccionar la Carpeta de Investigación relacionada con los hechos y capacitar al personal en derechos humanos y procuración de justicia. A la Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, se le solicitó implementar acciones para garantizar las actividades laborales, de las ocho víctimas, en condiciones de seguridad y respeto, evitando su re victimización. De igual forma instó al presidente municipal de Comitán de Domínguez, Emmanuel Cordero Sánchez y a todas las autoridades involucradas a colaborar con la Comisión Nacional en la queja y denuncia que presente ante las autoridades competentes y la Fiscalía General de Estado, contra el personal involucrado, incluida la cadena de mando.