GINEBRA (apro).- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet instó al gobierno de Daniel Ortega a garantizar el espacio para que las personas puedan reunirse pacíficamente en las manifestaciones que tendrán lugar a un año de que iniciara la crisis y represión en Nicaragua. “Insto al Gobierno de Daniel Ortega a que asegure que sus fuerzas de seguridad garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente y puedan expresar sus opiniones de conformidad con los derechos internacionalmente reconocidos’’, dijo Bachelet en un mensaje dirigido a la prensa en Ginebra. De igual forma alertó a las autoridades “para que tomen medidas con el fin de evitar el uso excesivo de la fuerza”. Según datos del ACNUDH durante el año transcurrido desde la primera represión violenta contra las protestas masivas en Nicaragua el 18 de abril de 2018, más de 300 personas resultaron muertas, dos mil heridas, 62 mil desplazadas fuera del país y varios cientos de personas fueron privadas de su libertad. Consta, las recientes protestas del 16 y 30 de marzo se saldaron con 10 personas heridas, incluyendo tres como resultado de disparos, además del arresto de unos 170 manifestantes que, no obstante, fueron posteriormente puestos en libertad. "Me preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta", dijo Bachelet. “Las violaciones registradas durante el año pasado incluyen la criminalización, el hostigamiento y los ataques en contra de líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas críticas con el gobierno’’, remarcó Bachelet. “Las autoridades también han recurrido a la censura de los medios de comunicación, la prohibición de manifestaciones y el persistente uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias a gran escala por parte de la policía. Inevitablemente estas acciones, junto con la ausencia de rendición de cuentas por los excesos ilegales de los miembros de las fuerzas de seguridad, han avivado las tensiones en el país en lugar de reducirlas", afirmó. La Alta Comisionada lamentó los informes sobre las duras condiciones en las cárceles y centros de detención, “que podrían constituir tortura y malos tratos”. Por ejemplo, las recientes protestas en La Modelo, una prisión para hombres en Tipitapa, al noreste de la capital, Managua, donde se encuentran personas detenidas en las protestas junto a delincuentes comunes, habrían sido violentamente reprimidas, a través de golpizas, uso de perros y gases lacrimógenos. Bachelet destacó la necesidad de colocar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos desde abril de 2018 en el centro de las negociaciones. A pesar de los dos acuerdos alcanzados en marzo por el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia – uno sobre la liberación de personas detenidas en el contexto de las manifestaciones, y otro más general sobre el fortalecimiento de los derechos y garantías – las negociaciones se han estancado, y los acuerdos no parecen haber sido implementados. "El hecho de que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto y que el gobierno no esté honrando los acuerdos alcanzados hasta ahora, está socavando la posibilidad de establecer un verdadero diálogo inclusivo para resolver la grave crisis social, política y de derechos humanos que enfrenta el país", dijo Bachelet. “La solución a la crisis debe abordar las fallas institucionales y fortalecer el estado de derecho”, agregó. Para la Alta Comisionada "es de suma importancia que se establezca un proceso de responsabilidad exhaustivo y transparente para garantizar la justicia, la verdad y las reparaciones, así como garantías claras de no repetición, de conformidad con las normas y estándares internacionales". Una resolución adoptada recientemente sobre Nicaragua por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra hizo un llamado al gobierno a reanudar la cooperación con la oficina de Bachelet, así como con otros organismos internacionales y regionales de derechos humanos. También solicitó a la Alta Comisionada que presente un informe completo sobre la situación de los derechos humanos en el país en septiembre, con una actualización previa al Consejo en junio y otra en marzo del próximo año. Bachelet destacó su voluntad de cooperar con el gobierno de Nicaragua y dijo que su personal está dispuesto a regresar al país para ayudar a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado,siempre y cuando se den condiciones que les permitan operar de manera efectiva y creíble. ACNUR advierte que sin solución política seguirá el éxodo de nicaragüenses Un año después del inicio de la crisis política y social en Nicaragua, alrededor de 62 mil personas han huido a países vecinos, de las cuales la inmensa mayoría (unos 55 mil) ha buscado refugio en Costa Rica. “Sin una solución política para las crisis en Nicaragua, lo más probable es que la gente continúe abandonando el país”, advirtió en rueda de prensa en Ginebra la portavoz del ACNUR Elizabeth Throssell. Detalló que si bien al inicio quienes cruzaban esta frontera eran principalmente adultos, actualmente entre quienes huyen también hay familias, con niños pequeños inclusive. En marzo de 2019, unos 29 mil 500 nicaragüenses habían presentado formalmente una solicitud de asilo en Costa Rica, de acuerdo a la autoridad migratoria del país. No obstante, dado que el sistema de acogida se encuentra desbordado, hay otras 26 000 personas a la espera de poder formalizar sus solicitudes, explicó. Comentó que entre estos solicitantes de asilo hay estudiantes, antiguos funcionarios, líderes de la oposición, periodistas, médicos, defensores de derechos humanos y agricultores. Asimismo, un gran número de ellos llega con necesidad de recibir atención sanitaria, apoyo psicológico, alojamiento y ayuda alimentaria. La representante del ACNUR dijo que se necesitan fondos de forma urgente para reforzar la respuesta humanitaria, de forma que los solicitantes de asilo en mayor situación de necesidad puedan acceder a la ayuda, en lugar de tener que recurrir a trabajos informales para poder pagar el alquiler y la comida, que actualmente se encuentran a precios fuera de su alcance. ACNUR está desarrollando, en colaboración con otros socios de la ONU, un plan de respuesta humanitaria interinstitucional para poder dar apoyo al gobierno de Costa Rica para abordar las necesidades más inmediatas de los solicitantes de asilo, cada vez más vulnerables, y de las comunidades de acogida.