Niega el gobierno de AMLO que la tortura sea generalizada; sus respuestas decepcionan a ONG

Delegación de México en la sesión del CAT. Foto : Twitter @FloresLiera Delegación de México en la sesión del CAT. Foto : Twitter @FloresLiera

GINEBRA (apro).- La delegación que representa al gobierno de México en el examen del informe ante el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT), negó tajantemente que en el país este flagelo sea generalizado.

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, aseguró que al contrario de lo que documentan informes de relatores de la ONU y del mismo CAT, que incluso calificó de “endémico’’ el problema en el país, en México la tortura está presente, pero no es generalizada.

“A mí me parece que es una práctica presente en el país, que sí es un asunto grave, no son casos aislados, pero de ahí a decir que es generalizada (…) esos son los datos que tendríamos que determinar’’, dijo Delgado a la prensa al terminar la sesión ante el CAT.

“Una cosa es decir que no es una política de Estado y otra cosa es que no se presente nunca. Lo es, ese es el reconocimiento que hace el Estado mexicano, la tortura es una práctica y tenemos muchas denuncias, pero de ahí a que se esté incrementando en el país, pues no son los datos que se tienen“, afirmó Delgado.

Reveló que, de acuerdo con las cifras que se cotejaron entre la Secretaría de Defensa, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, las tres presentaron consistentemente un declive de este tipo de delito, sostuvo.

Asimismo reiteró que la tortura “no es una política de Estado’’, descartando que así lo haya sido en gobiernos anteriores.

Sin embargo, los números sugieren otra cosa, ya que por ejemplo según la CNDH señala que del 1 de diciembre de 2006 a diciembre de 2017 se han recibido un total de 88 mil 566 quejas de las cuales 10 mil 799 se le atribuyen a la Secretaría de Defensa como autoridad responsable y, de ellas, 4 mil 568 se refieren a a torturas y tratos crueles.

En 2018, según informe presentado por 120 organizaciones de la sociedad civil, de las 8 mil 335 investigaciones de tortura, la Fiscalía Especial en la Investigación del Delito de Tortura informó que se presentaron cargos en 17 casos.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) realizada en 2016, de los 64 mil 150 encuestados, el 63.8 % dijo haber sufrido violencia física durante su arresto, cuestión que mereció el calificativo de “práctica endémica“ de Diego Rodríguez Pinzón, miembro del CAT y relator del informe de México.

Hoy, el gobierno tenía que responder a una larga lista de preguntas hechas por los expertos del CAT, pero las respuestas no fueron claras, evadieron otras y en general causaron malestar entre organizaciones de la sociedad civil y víctimas que estaban presentes en la sesión que tuvo lugar en la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

En sus respuestas al CAT, además de negar que la tortura sea una práctica generalizada, rechazó que haya hacinamiento en las cárceles e incluso mintió ante los expertos al afirmar que la Guardia Nacional tiene un mando civil.

“Sobre la participación de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública, simplemente decirles que la reforma constitucional que se aprobó establece que la Guardia Nacional es un cuerpo de carácter civil , el mando es civil’’, dijo Francesco Manuel Pipitone de la Roche, titular de la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, quien omitió decir que recientemente el presidente nombró a un general en activo al frente de dicha Guardia.

Asimismo, durante la sesión Pipitone negó ante los expertos que el flagelo de la tortura sea una práctica generalizada en el país.

Con respecto al examen, José Antonio Guevara, titular de la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) consideró que “se siguen repitiendo los mismos esquemas de las administraciones anteriores’’.

“Mi impresión es que el nuevo gobierno no tiene una política en materia de combate a la impunidad en materia del delito de la tortura, con cifras imprecisas y confusas, con políticas desarticuladas y con omisiones claras con respecto al número de personas que van a llevar a la cárcel por haber cometido este flagelo’’, dijo Guevara a Proceso.

“No hay la infraestructura suficiente para que México pueda hacerle frente a las más de 18 mil investigaciones de tortura que actualmente se encuentran abiertas en las procuradurías del país’’, añadió Guevara ante una sala repleta con funcionarios, sociedad civil, periodistas,  incluso la diplomática Katie Pirolt, de la misión de Estados Unidos, quien asistió en plan de observadora y quien tomó notas durante el encuentro mostrando gran interés.

“Me parece muy lamentable que la actual administración venga a Ginebra a decir que este nuevo gobierno no va a tener una política para torturar personas porque lo que implica es que reconocen que las administraciones pasadas sí tenían una política para cometer tortura’’, lanzó Guevara.

“Y lo que no veo es un compromiso para llevar a juicio para quienes fomentaron esa política que además va aparejada con una negativa de esta administración para reconocer que era una práctica generalizada en las administraciones pasadas“, valoró.

“Hay una serie de mentiras, contradicciones, verdades a medias, es escandaloso’’, exclamó.

Además es lamentable ver que cuando les hacen preguntas de casos puntuales respondan con evasivas y no puedan contestar qué van a hacer con los casos de personas privadas de la libertad en detención preventiva oficiosa por 15 o 16 años y no den claridad sobre cuándo los van a liberar’’, comentó.

Además le pareció reprobable que no hayan contestado sobre el caso de los civiles de Rosarito y hablen con evasivas puesto que “después de 4 años no se ha hecho nada y que pareciera, por lo que dijeron aquí, que han llevado a cabo alguna medida relevante sobre el caso, cuando en investigación y sanción de los responsables no hay nada’’, remarcó.

“No vemos claridad de que la Cuarta Transformación realmente tenga una política diversa a las administraciones anteriores en la manera a la que va a hacer frente a la impunidad de los miles de casos que están acumulados en México en materia de tortura’’, lanzó Guevara.

Por su parte, Damián Gallardo, expreso político de la CNTE, víctima de tortura, detenido arbitrariariamente en 2013 y quien fue recientemente liberado, calificó la respuesta del gobierno como “ambivalente“.

“La realidad es dura, parece inamovible, como la tortura y la injusticia, pero hay una gran tarea por hacer en este gobieno para que se ejerza un verdadero estado de derecho en nuestro país . Desafortunadamente encontramos evasivas a cuestionaminetos reales y un lenguaje ambivalente“, declaró Gallardo a Proceso.

La delegación del gobierno de la 4T, a pesar de estar compuesta por 23 personas, no aclaró los cuestionamientos  nodales de los expertos del CAT ; incluso el día de ayer Rodríguez Pinzón mostró su preocupación porque la información aportada por el Estado mexicano “ha sido muy escueta, fragmentaria e incompleta“.

Finalmente, al cierre de la sesión, Rodríguez Pinzón, relator para el informe de México, llamó al gobierno de AMLO a hacer una declaración pública  al más alto nivel sobre su rechazo categórico a la práctica de la tortura en cualquier circunstancia y pidió quitar el arraigo de la normativa nacional.

Próximamente el CAT publicará sus conclusiones y recomendaciones al estado mexicano y el presidente del CAT, Jens Modvig, adelantó que se harían “tres recomendaciones urgentes“ a México y que dentro de un año el gobierno tendrá que comparecer de nuevo para rendir cuentas sobre su cumplimiento de la Convención contra la Tortura.

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