CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De 2015 a la fecha se han registrado en México 403 linchamientos, lo que “evidencia la fragilidad del Estado de Derecho”, en tanto que las autoridades “están fallando en términos de controlar la violencia y brindar lo que es primera obligación: seguridad y paz a los ciudadanos como derechos humanos”. Lo anterior se desprende de un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS-UAM). De acuerdo con el “Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional”, presentado este miércoles, la práctica de hacer justicia por propia mano ha crecido de manera preocupante, de manera que en 2015 se registraron 43 casos, en 2016 fueron 59, en 2017 sumaron 60, el año pasado 174 y en lo que va de 2019 se han documentado 67. El documento resalta el incremento paulatino del fenómeno, considerado como “el acto de agresión física que lleva a cabo un grupo de personas, incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas, con el pretexto de ser supuestamente sancionada (s) por la colectividad por la presunta comisión de una conducta delictiva o en agravio de la comunidad, justificándose en la inoperancia de la autoridad, a la que consideran no sancionará a los responsables”. Según la tendencia, mientras en 2015 ocurrieron 43 linchamientos, un año después la práctica se incrementó 37%, en tanto que en 2017 la cifra fue de 60, pasando a 174 casos un año después, lo que significó un aumento de 190%. Los reportes de víctimas de linchamientos, fallecidos y lesionados indican que sólo entre 2015 y 2018 el número de víctimas ascendió a 561, de las cuales 121 murieron y 440 fueron rescatadas con vida. El informe señala que los datos en 2019 “confirman esa tendencia, ya que en los primeros cinco meses se han registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, frente a los 174 casos con 271 víctimas presentados durante todo 2018”. De la revisión hemerográfica del fenómeno, detalla que en las 32 entidades del país ha ocurrido al menos un acto de justicia por mano propia de 2015 a la fecha, pero cinco se distinguen por la mayor frecuencia: Estado de México, con 102 casos; Puebla, con 85; Ciudad de México, 44; Tabasco, 42, e Hidalgo con 20. Elaborado además con base en una encuesta aplicada a mil 200 personas en cuatro entidades, el texto resalta que 69% de los casos se originaron como consecuencia de robos, 11% por secuestros, 7% por abuso sexual y 13% por otros delitos. De igual manera, considera que “la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de distintas instancias de seguridad pública para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, han propiciado que se canalice o dirija el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas contra quienes consideran o suponen que cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen”. En el informe de la CNDH se concluye que “los linchamientos no pueden ser vistos como acciones legítimas y mucho menos una vía para alcanzar verdad y justicia”, por el contrario, “es preciso que se registren, se investiguen y se sancionen”. El texto incluye 10 propuestas dirigidas a los tres niveles de gobierno relacionados con la prevención, reacción y atención de este fenómeno, además de dirigirse al Consejo de Seguridad Pública, el Congreso de la Unión, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejos Estatales y Consejos Regionales de Coordinación.