Las víctimas de Leyzaola claman justicia

Julián Leyzaola. Impunidad. Foto: Miguel Dimayuga Julián Leyzaola. Impunidad. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Varios de los policías tijuanenses agraviados por Julián Leyzaola Pérez se muestran preocupados por la impunidad de que goza el militar en retiro que ahora busca la alcaldía de Tijuana impulsado por el PRD. Los últimos meses se han encargado de reactivar, junto con sus abogados, el cúmulo de denuncias contra el extitular de Seguridad Pública, que suman decenas. Hasta ahora nadie parece oírlos, mientras se acerca peligrosamente el 2 de junio, día de los comicios.

El teniente coronel retirado Julián Leyzaola Pérez, quien ha sido responsable de las instituciones de seguridad pública de Tijuana y Ciudad Juárez, es un personaje proactivo.

Las decenas de querellas penales acumuladas en su contra por tortura y homicidio en el ámbito nacional y ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le impiden participar en el proceso electoral del próximo 2 de junio en las que busca la alcaldía de Tijuana.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impulsa la candidatura de este controvertido personaje, quien ya buscó esa alcaldía en 2016 bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES). En esa ocasión Leyzaola quedó 4 mil 121 votos debajo del candidato panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien hoy busca reelegirse.

El año pasado, durante la contienda presidencial y la renovación del Congreso de la Unión, Leyzaola apareció como candidato a diputado por el distrito 8 de Baja California en la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Leyzaola ocupaba el primer lugar en la lista plurinominal del PES, aliado del Movimiento de Regeneración Nacional, aunque su candidatura fue impugnada por Luis Hernández Gálvez, una de sus víctimas, (Proceso 2165).

El recurso interpuesto por Hernández Gálvez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedó sin materia cuando el militar decidió renunciar a la candidatura por la vía directa, en tanto que su posibilidad de ocupar una curul por la vía plurinominal se diluyó con la pérdida de registro del PES.

En vísperas de los comicios del 2 de julio de 2018, Leyzaola –quien se desplaza en una silla de ruedas tras un atentado que sufrió en mayo de 2015 en Ciudad Juárez– desdeñó los señalamientos en su contra. Dijo a la reportera que las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos en Baja California y Chihuahua, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su presunto involucramiento en graves abusos como jefe policiaco de Tijuana (2008-2010) y Ciudad Juárez (2011-2014) carecían de sustento.

Respondió en esa ocasión: “Todos los funcionarios de seguridad pública tienen denuncias. Todos los delincuentes, lo primero que hacen cuando son detenidos, es presentar una denuncia en derechos humanos”.

El tercer intento

Hasta ahora nada ha impedido al militar en retiro ser candidato, ni siquiera la carta que la semana antepasada entregaron al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, una treintena de organizaciones sociales nacionales e internacionales y activistas en la que le piden ejercer su facultad de atracción sobre “los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato en los que pudiera estar involucrado el teniente coronel Julián Leyzaola”.

Los promotores del documento sostienen que como secretario de Seguridad Pública en Tijuana y Ciudad Juárez, Leyzaola acumuló 27 recomendaciones, tres fueron emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, tres por la CNDH y 21 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.

Asimismo, los firmantes de la carta destacan que en Baja California hay 21 averiguaciones previas en el fuero común en las que él es señalado “por la posible comisión de delitos de tortura y homicidio”; también siguen abiertas tres indagatorias en el fuero federal por su presunta colaboración “en el delito de tortura con elementos del 28 Batallón de Infantería, con sede en Tijuana, de la II Región Militar y/o con la Policía Federal”.

Hasta el momento, añaden, varias de esas denuncias no han sido consignadas ni a los poderes judiciales local o federal, “lo que da lugar a una injustificable situación de impunidad”.

Hernández Gálvez –un policía municipal que denunció haber sido torturado personalmente por Leyzaola en 2009, ha dado seguimiento a la trayectoria del exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana– agrega a la lista mencionada por las organizaciones en la carta entregada a Gertz Manero dos averiguaciones previas contra él en el fuero local de Baja California. Tres de las indagatorias acumuladas son por homicidio.

“En Ciudad Juárez, donde creó una empresa de seguridad, Leyzacorp, asociado con el exalcalde Héctor Munguía, la situación es más grave: allá se abrieron 115 averiguaciones previas por abusos, 15 de ellas por homicidio. Todas están en el fuero común, y al igual que aquí, el señor goza de impunidad”, sostiene Hernández Gálvez en entrevista telefónica.

El policía municipal dice que en este proceso electoral se abstuvo de impugnar la candidatura de Leyzaola “porque la legislación estatal no prohíbe su postulación”; además, dice, una resolución de inhabilitación contra el exjefe policiaco dictada en 2013 y confirmada en 2016 fue combatida con un amparo.

Los denunciantes

La posibilidad de que el militar retirado como Leyzaola asuma el gobierno municipal de Tijuana mantiene en alerta a sus denunciantes, quienes han decidido avivar las acusaciones en su contra.

Es el caso de 17 de los 23 policías que en noviembre de 2008 fueron entregados por Leyzaola a militares para ser torturados en las instalaciones de II Zona Militar. Se les acusaba de apoyar al cártel de los Arellano Félix, así como de la presunta comisión de delitos contra la salud, cargos por los que, en un periodo de dos a nueve años, fueron absueltos por falta de pruebas.

Juan Manuel Nieves, vocero de esos agentes, sostiene en entrevista que a principios de año sus compañeros reactivaron una denuncia abierta en 2016 ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Leyzaola por el delito de tortura.

Para darle seguimiento, dice Nieves, contactaron a Silvia Vázquez Camacho, defensora de derechos humanos, quien documentó 59 casos de policías torturados por miliares que seguían indicaciones de Leyzaola.

El 14 de marzo pasado los 17 denunciantes se reunieron en el domicilio de uno de ellos para, mediante una videoconferencia con Vázquez Camacho, establecer una estrategia de defensa.

Horas después, los expolicías se enteraron que uno de sus compañeros, Pablo García González, fue ejecutado al llegar a su domicilio.

“Nos sorprendimos cuando supimos que a Pablo le dieron un disparo en la cabeza, en la parte posterior. Pablo vivía con su hermano, pues su esposa lo abandonó cuando fue detenido”, cuenta Nieves.

Iniciada la campaña electoral, semanas después del homicidio de García González –hecho que sigue impune–, “nos llegaron dos mensajes de parte de ese señor (Leyzaola) para reunirnos con él. No quiere que sigamos haciendo ruido en su contra”.

Los expolicías le dijeron que sólo accederían si él admitía públicamente que fuimos “detenidos de forma arbitraria, ilegal; que fueron violentados nuestros derechos”. Leyzaola nos mandó decir que lo haría antes de que tomara posesión o, en su defecto, que nos reactivaría en nuestros trabajos (cuando fuera alcalde)”.

Los denunciantes también se dicen preocupados por la visita de un desconocido a la clínica privada donde reciben tratamiento psicológico para decirle a la directora que no siguiera atendiéndolos.

“Estamos mal psicológicamente, por la tortura, por eso de manera particular contratamos el servicio, y la psicóloga tuvo a bien platicarnos de la visita, que para mí tiene un mensaje político. Si no fue un portavoz del de la silla de ruedas (Leyzaola), ¿a quién más le interesa que no se conozca la verdad?”, se pregunta Nieves.

La experiencia traumática de la tortura y el encarcelamiento injusto –en su caso fue por siete años–, se exacerba con la impunidad; “creemos que hay una protección total a los violadores de derechos humanos. Si no fuera así, ya habrían tomado declaraciones de los responsables de este caso aberrante”, dice Nieves.

Y agrega: “Nos destruyeron la vida a nosotros y a nuestras familias. Hoy, lo único que buscamos es justicia”.

Cuenta que cuando fue detenido, a su domicilio llegaron militares amparados por policías municipales que comandaba el militar retirado.
“Mi familia llamó a la Policía Municipal y Leyzaola dio la orden de que ninguna patrulla se acercara a mi casa ni para tomar el reporte. ¿Qué te puedes esperar de él?; si eso hacía como encargado de la policía, ¿qué hará como alcalde?”, se pregunta Nieves.

Denuncias congeladas

La defensora Vázquez Camacho comenta que al asesinato de García González se suma el de Jaime Berumen Borrayo, así como la desaparición de Artemio Duarte Martínez, ocurridos en enero y agosto de 2015, respectivamente. Los tres casos siguen impunes.

“Esos casos –los de Berumen y Duarte– corresponden a otro grupo de 25 policías municipales detenidos, torturados y arraigados en el 28 Batallón de Infantería en 2009. Leyzaola los acusó y fueron procesados por su presunta colaboración con los Arellano Félix; al final salieron libres por falta de pruebas”, apunta Vázquez Camacho.

Precisamente por defender a esos 25 policías, ella fue amenazada, e incluso sufrió un atentado, por lo que tuvo que irse de Tijuana. Desde 2009 cuenta con medidas cautelares por parte de la CIDH.

Al reconocer que la impunidad en los casos de tortura es prácticamente generalizada en México, Vázquez Camacho considera que la hay de manera particular en los asuntos relacionados con el teniente coronel, a quien conoció como visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California en 2002.

“El historial de abusos de Leyzaola en Baja California no se circunscribe a su paso como jefe de la policía en Tijuana. Hay antecedentes de graves violaciones cometidas durante su gestión como responsable de los centros de Readaptación Social, como director de (el Centro de Readaptación Social) El Hongo; como director de la Academia Estatal de Policía; como director del Instituto Estatal de Policía, y como director general de la Policía Estatal Preventiva.

“Él llegó al estado en 2002 –dice Vázquez Camacho– y en 2003 se empezaron a documentar sus abusos por parte de la entones Procuraduría de Derechos Humanos.

“Es muy preocupante la protección de que ha gozado este señor. Y se ve a todos los niveles: desde el de procuración de justicia –pues no avanzan las denuncias–, hasta el de la CNDH, que, en el caso de la recomendación de los 25 policías, en la que estoy considerada (87/2011).

“La dio (la CNDH) por concluida pese a que no hay ningún detenido por las torturas de los policías ni por las amenazas que me obligaron a huir de Tijuana. Las denuncias abiertas en la PGR siguen congeladas”.

En el caso de los policías que representa Nieves, “la CNDH ha dado dos respuestas contradictorias sobre los mismos hechos: a unos les dijo que sí hubo abusos y a otros que no, sin que exista una conclusión formal, una impunidad total que debería generar temor y conciencia a quienes van a votar el 2 de junio”, concluye la defensora desde su exilio.

Este reportaje se publicó el 26 de mayo de 2019 en la edición 2221 de la revista Proceso.

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