Presidente del Congreso de BC acusa al subsecretario de Gobernación de presunto intento de soborno

ENSENADA, B.C. (proceso.com.mx).- Dos altos funcionarios de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, Ricardo Peralta Saucedo, actual Subsecretario de Gobernación, y Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali, fueron acusados por el presidente del XXII Congreso de Baja California, Benjamín Gómez Macías, de intento de soborno por un millón de dólares.

El dinero, dijo el diputado priista, se lo ofrecieron a cambio de organizar a un grupo de legisladores estatales para que este día eliminaran el artículo 8 transitorio de la Ley Electoral del Estado que ordena, por única ocasión, que el periodo para el siguiente gobernador será de 2 años.

A cambio del voto, dijo, los legisladores que accedieran a la petición de los dos funcionarios federales recibirían también un millón de dólares.

Una trama similar se hizo pública en marzo de este año cuando el entonces presidente de la pasada mesa directiva del congreso, el diputado panista Carlos Torres Torres, presuntamente formó una nueva mayoría de diputados del PRI y PAN para conseguir los 17 votos necesarios para reformar la Constitución local, a cambio de un millón de dólares.

La intervención de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, echó por tierra el proyecto. El líder panista amenazó con expulsar a los legisladores de su partido que aceptaran la propuesta y Carlos Torres perdió la posibilidad de ser candidato a reelegirse en la curul.

En la nueva trama que denunció el legislador Gómez Macías, también estarían implicados Amador Rodríguez Lozano, ex senador de Baja California por el PRI, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, actual Delegado Estatal de la Secretaría de Bienestar –antes de Desarrollo Social- y el diputado del PRI, Marco Antonio Bolaños Cacho.

Ellos, afirmó el presidente del congreso, desde las primeras horas de ayer viernes 30 de mayo, quisieron obligarlo a sesionar de manera extraordinaria este día para abrogar el artículo 8 transitorio de la ley electoral local.

De los implicados en el presunto ilícito, que este día será denunciado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sólo el diputado por Tijuana Marco Antonio Corona Bolaños Cacho refutó los señalamientos y pidió que, si alguien tiene pruebas de lo dicho, las presente.

“Que no se engañe a nadie, a horas de las elecciones no es posible modificar la Constitución. Para llevar a cabo una reforma así se requiere que ésta sea aprobada por, al menos, tres de los cinco ayuntamientos. Así mismo, los ayuntamientos tienen hasta un mes para aprobar dichas reformas. Una vez hecho lo anterior, el Congreso debe sesionar para hacer la declaratoria de incorporación y, posteriormente, debe enviarse para su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, reveló.

El legislador, uno de los 19 connotados priistas que fueron expulsados de ese partido el 23 de marzo por presuntamente actuar directa o veladamente a favor de Jaime Bonilla Valdez, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, puntualizó que su única operación política es aquella que hace a favor de la sociedad.

“No he sido, no soy y no seré emisario de nadie, en ninguna negociación a espaldas de Baja California”, afirmó

De acuerdo con la versión de Benjamín Gómez, fue Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali, quien desde hace una semana inició el acoso para que él promoviera el cambio a la constitución local.

Afirmó que el jueves 30 de mayo, un día después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el periodo del próximo gobierno en Baja California es de 2 años, las presiones de Miramontes crecieron y en una reunión que sostuvo con el funcionario aduanal y Ricardo Peralta Saucedo, éstos le ofrecieron el millón de dólares.

Alejandro Miramontes Armenta tomó posesión de la Aduana de Mexicali el pasado 3 de enero. Llegó a ese cargo luego de que la entonces Procuraduría General de la República abrió, en septiembre del 2018, el expediente SZC/0011495/2018, derivado de denuncias por supuestos actos de corrupción en las aduanas de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Sonora.

A finales de agosto del año pasado, comerciantes de autos usados de Ciudad Juárez denunciaron que Miramontes, entonces Director de la Aduana chihuahuense, encabezaba una red de importadores ilegales de automóviles, acusación que tenía más de un año revelando la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem).

En ese presunto ilícito los comerciantes juarenses también involucraron al entonces director de la Aduana en Mexicali, Enrique Manjarrez, por lo que la PGR abrió investigaciones ministeriales contra ellos y otros directores aduanales del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

A finales de diciembre del 2018, el recién nombrado administrador general de Aduanas en el SAT, Ricardo Peralta Salcedo, hizo un enroque de funcionarios que permitió a Miramontes Armenta asumir la Dirección de la Aduana de Mexicali en sustitución de Enrique Manjarrez.

El pasado 23 de mayo, Peralta Salcedo suplió a Zoé Robledo en la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

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