45 días para reflexionar…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP Alex Brandon El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP Alex Brandon

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Duró muy poco la sensación de alivio producida por la declaración conjunta México-Estados Unidos que alejó, temporalmente, la amenaza de imposición progresiva de aranceles a las exportaciones mexicanas. Dos días después de la celebración en Tijuana, rompieron todo viso de tranquilidad los tuits de Trump que revelaban entendimientos secretos con México en materia de asilo, el plazo perentorio de 45 días para decidir –de manera totalmente unilateral– si se cumple el objetivo de reducir la cifra de migrantes que llegan por la frontera sur de Estados Unidos y la amenaza reiterada de aplicar aranceles.

Incertidumbre, polarización, desconfianza y temor siguen siendo la nota dominante de la vida política nacional.

Era difícil imaginar que, apenas a seis meses de inaugurado su gobierno, López Obrador iba a encontrar una crisis proveniente del exterior que sacude toda la organización de la administración pública, coloca el mecanismo más importante creado en materia de seguridad ante retos para los cuales no está preparado y divide opiniones en su círculo más cercano, provocando un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En resumen, pone en entredicho su tradicional frase de que la mejor política exterior es la política interna. En la realidad, la política exterior es la que hoy tiene en jaque a su gobierno.

Entre los temas que mayor incertidumbre provocan se encuentra el nivel de responsabilidad que México puede aceptar en materia de otorgamiento de asilo. Empezamos por falta de claridad sobre lo que significa convertirse en tercer país seguro, como Trump quiere que sea México. En opinión de algunos, ese compromiso se asumió desde­ diciembre de 2018, cuando se aceptó que aquellos ciudadanos de un tercer país que hubiesen solicitado asilo en Estados Unidos pudiesen esperar la decisión de su caso en territorio mexicano. Hasta ahora casi 11 mil personas de origen centroamericano se encuentran en esa calidad. Pero, de acuerdo con las últimas noticias, el número crecerá exponencialmente los próximos días, al extenderse la aplicación de dichas medidas a lo largo de toda la frontera y acelerarse en Estados Unidos la tarea de dar entrada a las solicitudes de asilo.

Se trata sin duda de un compromiso costoso para México, que está obligado a proporcionar albergues y atender, de una u otra manera, necesidades en materia de alimentación y salud. Hasta donde se sabe no existe ningún compromiso financiero por parte de Estados Unidos para compensar a México por los gastos en que incurre. No se trata, sin embargo, de un arreglo para ser tercer país seguro.

Esta figura que anhela imponer Trump implicaría establecer un tratado bilateral que requiere aprobación del Senado, mediante el cual un país, México, se comprometería a procesar en su territorio todas las solicitudes de asilo que presenten nacionales de un tercer país. Esto significa recibir esos documentos, procesarlos, decidir al respecto y, si es necesario, devolver a los solicitantes a sus países de origen.

Diversas opiniones de expertos en México y Estados Unidos han señalado la imposibilidad de que nuestro país, con sus limitados recursos institucionales y financieros, pueda cumplir esa tarea. Con medios muy superiores, Estados Unidos está empantanado en el procesamiento de solicitudes de asilo que rebasan sus capacidades. México se convertiría, como se ha señalado acertadamente, en una especie de jaula de migrantes cuya atención dejaría en segundo término responsabilidades sustantivas del gobierno. Es lo que ocurrirá muy pronto con las tareas asignadas a la Guardia Nacional. Es comprensible la firme negativa a aceptar ser tercer país seguro que, hasta ahora, ha sido verbalizada por Marcelo Ebrard.

Ahora bien, lo más probable es que Trump no esté satisfecho al cabo de 45 días, o de 90, o lo que sea con lo realizado por México. Sabemos que su apreciación no descansará en hechos objetivos, sino que será resultado del papel prioritario que ha dado al tema de la “invasión” de migrantes en su campaña electoral. México estará a merced de los altibajos de dicha campaña durante el próximo año y medio. Por lo tanto es urgente tener listo el Plan B, es decir, la contrapropuesta que México presentará ante la exigencia de convertirse en tercer país seguro.

En el momento de escribir estas líneas la contrapropuesta mexicana no ha sido delineada. Sólo hay declaraciones dispersas de Ebrard sobre un plan regional, sin que sea definitivo cuál región se tiene en mente ni los puntos principales de la propuesta. Encuentro poca viabilidad a un acuerdo que incluyera a países más allá de Centroamérica, como Brasil. Cabe recordar que, de buscarse, se toparía con el tema de las migraciones provenientes de Venezuela, lo cual sería conveniente eludir.

El caso que México tiene más trabajado es el relativo al desarrollo integral de la región del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y México. Fue el primer plan presentado por AMLO a Trump, acabado, con bastante rigor, por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y dado a conocer a la opinión pública el mes pasado.

El mencionado proyecto, acompañado de un segundo capítulo que incorporaría los compromisos específicos en materia de migración hacia el norte que México acaba de aceptar, constituyen el mejor punto de partida para nuevas negociaciones, cuyo objetivo sería: a) que el esfuerzo mexicano esté acompañado por los países del Triángulo del Norte; b) que Estados Unidos adquiera compromisos financieros sustantivos, tanto para el proyecto de desarrollo integral como para los recursos necesarios en la coyuntura inmediata; c) llevar a cabo una movilización internacional amplia y decidida para incorporar a países donantes de Europa y Asia en el proyecto de desarrollo integral de la región; d) desacreditar a nivel internacional la vinculación inaceptable de comercio y migración que permite ejercer presiones contrarias a principios de derecho internacional.

No escapa a mi atención la improbabilidad de que Trump acepte esa perspectiva, la cual, no obstante, es la que puede mantener la dignidad mexicana. Si la amenaza de aranceles se mantiene, adelante. México tiene buenas condiciones para defenderse aplicando represalias y tiene buenos aliados para defender el libre comercio y el derecho internacional, sobre todo, aunque no únicamente, en el interior mismo de Estados Unidos. Esa batalla requiere de una estrategia bien pensada. Reflexionar sobre ella es la prioridad en estos momentos.

Este análisis se publicó el 16 de junio de 2019 en la edición 2224 de la revista Proceso

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