Peligra libertad de tránsito de mexicanos con medidas para frenar migración: activistas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organizaciones civiles, junto con activistas, académicos y defensores de los derechos humanos, denunciaron que las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener la migración en el país ponen en peligro la libertad de tránsito de la población mexicana.

Y la advertencia de las empresas transportistas, añadieron, “es una muestra más de cómo el Estado mexicano está restringiendo derechos a toda la población en México, además de otorgarle a empresas privadas facultades de control migratorio”.

El Estado mexicano está a tiempo de frenar estas medidas que ponen en riesgo a quienes habitamos y transitamos por el país, subrayaron.

En ese sentido, destacaron que el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional, junto con la presencia de efectivos de la Marina, el Ejército, y las policías Federal y Estatal, cuyo objetivo es frenar a los migrantes centroamericanos, viola tanto la Constitución mexicana como la Ley de Migración, y vulnera la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

De acuerdo con el artículo 11 constitucional, recalcaron, todas las personas tienen el derecho de entrar, salir, viajar y mudarse por el territorio nacional, sin la necesidad de contar con un pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Y ese derecho se restringe por la Ley de Migración, que permite a los agentes migratorios verificar la estancia de personas extranjeras.

En el caso de personas con necesidades de protección internacional, esta medida obstaculiza su derecho al asilo, como lo señala el artículo 6 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, “instaurando temor fundado de ser detenidas y deportadas si utilizan cualquier medio de transporte que les permita acercarse a los puntos donde pueden iniciar su trámite del reconocimiento de la condición de refugiadas”.

Los defensores de los derechos humanos recordaron que el pasado 16 de abril la Secretaría de Gobernación circuló un oficio en el que pidió a las compañías de autotransporte de pasaje y turismo que prestan servicios en el país, apoyar el cumplimiento de la Ley de Migración, argumentando que muchos traficantes ocupan “los servicios de transportación terrestre de pasaje y turismo”.

Sin embargo, por ley las compañías de transporte únicamente tienen responsabilidad administrativa o penal si llevan a personas indocumentadas con conocimiento y con el propósito de evadir las leyes, y además lucran al hacerlo.

Detallaron que, si una persona indocumentada se sube a un autobús dentro de México y paga su boleto, no es responsabilidad de las compañías de transporte verificar el estatus migratorio.

No obstante, el Grupo Flecha Amarilla de autotransporte, Autobuses de Oriente ADO y otras líneas en diversos estados del país emitieron ayer un anuncio donde destacaron que para abordar alguno de sus autobuses, solicitarán a los pasajeros un documento de identidad (credencial del Instituto Nacional Electoral, cartilla militar, pasaporte o cédula profesional, licencia de manejo) por disposición del gobierno federal, “lo que es claramente inconstitucional por violar el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación”, señalaron los inconformes.

“No existe en la práctica ninguna identificación que acredite la identidad en México, pues no se ha cumplido con la implementación de la Cédula Única de Identidad que señalan la Ley General de Población y su Reglamento, tanto para personas adultas como para menores de 18 años de edad, quienes bajo estas circunstancias tendrían que portar su acta de nacimiento para identificarse”, aclararon.

Además, estas medidas excluyen a millones de personas que viven en México –que no cuentan con estos documentos– y transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte, entre ellas jornaleros agrícolas, indígenas, mexicanos retornados o deportados que no cuentan con documentos de identidad, o bien personas que no tienen su credencial del INE porque se las robaron, no lo han actualizado, etcétera.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de personas cuentan con su credencial, pero hay muchas que aún no la tienen, pese a haberse registrado, y un número indeterminado no la ha solicitado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo 10% del total de la población en México tiene pasaporte, y el uno por ciento de las personas que terminaron una carrera cuenta con cédula profesional.

Entre las organizaciones que firmaron la denuncia figuran el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM); Families Belong Together México; OXFAM México; Servicio Pastoral a Migrantes “San Martín de Porres”; Alianza Américas; Asylum Access México (AAMX) AC, y Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana.

Asimismo, Servicio Jesuita a Refugiados México; Red por los Derechos de la Infancia en México; Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi); Colectivo Seguridad Sin Guerra; Sin Fronteras, y Red de Pueblos Trasnacionales.

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