GINEBRA (apro).- La organización Human Rights Watch pidió a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, enviar a la Corte Penal Internacional (CPI) el informe completo que realizó sobre la situación y graves violaciones que tienen lugar en Venezuela.

"Nosotros hacemos un llamado a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet para que comparta el informe que publicó su oficina recientemente sobre Venezuela con la fiscalía de la Corte Penal Internacional", dijo a Apro Tamara Taraciuk, investigadora para las Américas de HRW.

Explicó que la fiscalía de la CPI inició en febrero del año pasado un examen preliminar sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela en el contexto de las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro y está recabando información de fuentes distintas para evaluar la situación. Reconoció que el informe que realizó la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para derechos Humanos (ACNUDH) es público y por lo tanto la fiscalía de la CPI lo puede bajar de la página de internet de su oficina, "como cualquiera de nosotros puede hacer". Sin embargo, dijo, "el informe está basado en más de 500 entrevistas, entonces evidentemente hay mucha información detrás de eso que serviría para la investigación de la fiscalía'', remarcó la investigadora de HRW.

"Sería muy útil que la oficina de la Alta Comisionada comparta toda esa información con la fiscalía para su proceso de investigación", consideró Taraciuk quien participó en un evento en el marco del Consejo de Derechos Humanos sobre la crisis institucional y del estado de derecho que tiene lugar en Venezuela.

Consideró que Bachelet podría compartirlo de manera privada para preservar la identidad de las víctimas contando con su autorización para revelar sus testimonios y hacerlo activamente desde su oficina o bien la fiscalía de la CPI podría solicitar la información y en ese caso también corresponder a la solicitud. Investigación sobre dh no crímenes Apro cuestionó a la oficina de Bachelet sobre esta petición de HRW.

"Según lo dispuesto por el Consejo de Derechos Humanos (véase la resolución 39/1), nuestro informe sobre Venezuela se basa en el seguimiento y la documentación de la situación de los derechos humanos en el país. De acuerdo con el mandato del Consejo, nosotros no investigamos las violaciones (de derechos humanos) desde una perspectiva de crímenes internacionales", dijo a esta reportera la portavoz del ACNUDH, Ravina Shamdasani.

Como tal, fue una investigación de derechos humanos en lugar de una investigación criminal, aclaró.

"Como la Alta Comisionada ha declarado, estamos listos para ayudar a todas las partes interesadas en la implementación de las recomendaciones del informe, incluso a través de nuestra presencia en el país. Esperamos que las autoridades tomen las recomendaciones del informe con el espíritu constructivo en el que se realizan", indicó Shamdasani.

A pesar de que el informe fue llevado a cabo sin tener como objetivo una investigación criminal, las entrevistas y la información que tiene el informe completo de más de 100 páginas elaborado por el equipo del ACNUDH podría ser de mucha utilidad en el caso de que la CPI o un tribunal internacional ad hoc iniciara una investigación con miras hacia la rendición de cuentas, estimó HRW. El informe de la Alta Comisionada acusa al régimen de Maduro de poner en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno de Caracas. Señala que, durante al menos una década," el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional". Sostiene que esta tenencia ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños "lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático". El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va del año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. Por otra parte, detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década y afirma que tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Según ACNUDH, los grupos armados civiles pro-gubernamentales conocidos como colectivos son responsables de la muerte de 52 personas en el marco de las manifestaciones de enero a mayo de 2019 y al menos se han perpetrado 6 mil 856 ejecuciones extrajudiciales de 2018 a la fecha por resistencia a la autoridad. Además, entre otros hallazgos, acusa que "el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria". Según sus cálculos 3.7 millones de personas padecen desnutrición, siete millones de personas necesitan ayuda humanitaria y estima que de noviembre de 2018 a febrero de 2019 al menos mil 557 personas han muerto por falta de suministros médicos, al tiempo que servicios públicos como agua, electricidad y transporte "han colapsado".