TOLUCA, Edomex (apro).- En su carácter de director general de la asociación civil Abogados Sociales Progresistas, el litigante Óscar Valdés presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales con sede en Toluca la demanda en contra del gobernador Alfredo del Mazo; del secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta, y del titular de la Gaceta de Gobierno, por posibles violaciones constitucionales con la ratificación, ahora como titulares, de nueve notarios provisionales designados en la gestión de Eruviel Ávila, impugnados y suspendidos por el incumplimiento de requisitos de ley. El amparo, con número de registro 6809/2019, demanda declarar la nulidad de los nombramientos, al considerar que violan los artículos 1, 14, 16, 17 y 95 constitucionales, y determinar la suspensión provisional -en su caso, definitiva- de las designaciones por el "grave perjuicio" que ocasionarían al protestar en el cargo. De no conceder la suspensión, advierte, "estaríamos ante actos de imposible reparación, y ante una inconstitucionalidad". Desde el punto de vista del demandante, con el acuerdo promulgado el 19 de julio pasado, el mandatario mexiquense violentó, de entrada, el principio de igualdad consagrado en el artículo primero constitucional al designar unilateralmente a fedatarios cuestionados, bajo criterios subjetivos (facultades discrecionales), con lo que además "menoscaba el derecho de los ciudadanos a la obtención e impartición de fe pública de una manera clara, trasparente e imparcial". El documento recuerda que los fedatarios se encontraban impugnados por su designación como provisionales al incumplir los requisitos establecidos en la Ley del Notariado de la entidad y, por tanto, desde entonces son inelegibles. El único mérito de Alejandro Agundis, Gustavo Fernández Sauri, Marcelo Rossetto Armida, Ricardo Giovann Arredondo Lino, Lorena Garate Mejía, Alfredo Jaramillo Manzur, Erasto Martínez Rojas, Francisco Xavier Borrego Hinojosa y Héctor Javier Astudillo Calvo, plantea el recurso de manera genérica, son sus relaciones políticas. Empero, ninguno tiene experiencia notarial, condición sine qua non para el cargo; tampoco son profesionales del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de cinco años anteriores a la fecha de solicitud; ni realizaron prácticas de manera ininterrumpida por un período mínimo de un año en alguna notaría del Estado de México; y se desconoce si les fue aplicado el examen para aspirante a notario en tiempo y forma, todos requisitos establecidos para ser designados fedatarios provisionales. Adicionalmente, refirió, la Ley del Notariado del Estado de México marca una convocatoria que nunca existió, lo que vulnera el principio de igualdad jurídica. El artículo 12 de la Ley del Notariado, refiere el recurso, "exime de la obligación de presentar examen de aspirante, a quien se haya desempeñado como notario interino o provisional en el Estado de México, siempre y cuando cumpla con los requisitos enunciados" y resulte aprobatoria la evaluación que practiquen la Consejería y el Colegio. Los nueve ahora titulares, plantea la nueva solicitud de amparo, además se encontraban cuestionados por las demandas 1202/2017 de Teresa Hernández y 491/2017 concedido a Juan Carlos Ruiz, ambos concedidos por los juzgados tercero y cuarto, con suspensión definitiva y en revisión, de tal manera que, en todo caso, el año como provisionales para la titularidad contaría a partir de la notificación a los quejosos, y "la última revisión en contra del amparo que se concedió, aún no se notifica". Valdés Ramírez define a los notarios como "profesionales del derecho sin vinculación partidista, sin sometimientos al Poder Ejecutivo; de excelente reputación y que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la fe pública concesionada, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica", pues realizan labores de peritaje. "La ratificación de los notarios es un nuevo acto reclamado que es más grave, pues pretende validar un acto cuestionado, en su origen viciado por ilegalidad... la ratificación no se da en función de una nueva competencia; es decir, el nuevo gobernador hace suyos los nombramientos previos y se trata de nuevos nombramientos toda vez que los anteriores tuvieron efectos nulos, nunca fueron notarios titulares, por lo que el nuevo acto reclamado es y debe ser combatido". Para el denunciante, el hecho de que tres notarios cuestionados no fueran ratificados (Omar Martínez Vargas, Angélica Alatorre Carbajal y Beatriz Corona Mercado), respalda la ilegalidad de su designación como provisionales. "La autoridad sólo basa su estrategia en que es facultad del gobernador la designación, aunque incumpla la ley", añade.