Difieren inicio del juicio por homicidio del periodista Carlos Domínguez

El periodista Carlos Domínguez Rodríguez. Foto: Especial El periodista Carlos Domínguez Rodríguez. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El arranque del juicio oral ante el homicidio del periodista Carlos Domínguez, por el que se acusa a dos periodistas, a un empresario y dos presuntos sicarios, fue diferido para el 24 de septiembre próximo, ante las fallas técnicas presentadas para realizar dos videoconferencias simultáneas.

A más de año y medio de ocurrido el crimen de Domínguez, sucedido el 13 de enero de 2018, el juicio oral estaba programado para llevarse a cabo este miércoles en la Sala B del edificio contiguo del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo, con la presencia de los periodistas procesados  Luis Valtierra y Jesús González, y a través de video conferencia desde Altamira, con los presuntos autores materiales, Adrián Montes y David Mejía, y desde el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, el empresario Rodolfo Cantú García, supuesto autor intelectual.

En entrevistas por separado, abogados de los inculpados, Roberto Puente Martínez y Gabriel Regino García, reconocieron que la diligencia no pudo llevarse a cabo por las deficiencias de conexión, por lo que el juez de control José Luis Tobías Bazán, decidió diferir la audiencia para que los cinco acusados estén presentes en el inicio del juicio.

El abogado Roberto Puente destacó que la decisión tomada por el juez Tobías este miércoles fue la correcta porque “un juicio oral tiene que ser llevado a cabo con todas las partes presentes”.

Al sostener que el caso en que se involucra a sus defendidos “desde el principio está viciado”, dijo que la actuación del juez Tobías, alienta a la defensa de los acusados.

Puente agregó que ante el cambio de fecha para desahogar la diligencia, los abogados defensores de los inculpados, no advirtieron si en el convoy de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, compuesto por unas quince camionetas de la dependencia y del Ejército mexicano, se encontraba el “testigo protegido”, Juan Carlos Yáñez Osornio, quien habría cobrado una recompensa por dos millones de pesos.

Tras recordar que desde hace meses la defensa de los inculpados ha solicitado a la Fiscalía, sin éxito, la comparecencia de Yáñez Osornio, el abogado confió en que podrá demostrar la inocencia de sus defendidos “con pruebas reales no falsas, de que ellos no participaron en dicho homicidio”.

Pese a que la audiencia estaba programada al medio día de este miércoles, la determinación de Tobías Bazán ocurrió al menos cinco horas después, luego de “cuatro recesos por fallas de conexión, los reos no escuchaban, no veían la imagen ni entendían lo que ocurría”, comentó Regino García.

El abogado, para quien fue “un fiasco la videoconferencia por Skype”, destacó que la defensa exigió que, en respeto a los derechos de lo procesados, “en el juicio oral deberían estar todos los acusados presentes, y no disgregados”.

Agregó que el juez terminó reconociendo que se afectaba el derecho de defensa y ordenó el inmediato traslado de todos los acusados a Nuevo Laredo.

Previo a la audiencia, al CEDES llegaron decenas de agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, y de efectivos del Ejército mexicano, a bordo de unas 15 camionetas.

“El operativo fue para trasladar a la agente del Ministerio Público que lleva el caso, pero además los agentes, que portaban armas largas, rodearon a los familiares, en la parte externa del juzgado”, dijo Regino García.

Anunció que ante esos hechos intimidatorios, la defensa de los inculpados pretende presentar denuncias contra la Fiscalía ante la comisión de derechos humanos de la entidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como ante la propia fiscalía local y la Fiscalía General de la República (FGR).

En el número de Proceso en circulación, se dio a conocer un expediente penal que se ha mantenido oculto y estancado desde febrero del año pasado, relacionado con un enfrentamiento entre sicarios y con policías adscritos da la entonces Procuraduría de justicia local.

En dicho evento, ocurrido el 21 de febrero, 38 días después del homicidio del periodista Carlos Domínguez, murieron los sicarios que se enfrentaron a balazos con policías de investigación, se localizaron dos pasamontañas negros y un cuchillo con rastros de sangre en el vehículo en el que se transportaban, una camioneta Honda CRV gris,

Un día después de los acontecimientos, uno de los agentes Abner Jazzel Mozqueda Hernández, notificó a su superior, el agente del Ministerio Público Nicolás López Juárez, que el vehículo del enfrentamiento era similar al que utilizaron los asesinos de Domínguez, ultimado de 21 puñaladas.

En el documento, que forma parte del expediente oculto, el agente cotejó las fotografías de la inspección de la Honda del enfrentamiento, con las fotografías y videos de cámaras de seguridad, en los que se advierte el vehículo en el que huyeron los homicidas del periodista, quienes cubrían sus rostros con pasamontañas negros, iguales a los localizados al interior del vehículo asegurado.

De acuerdo al abogado Gabriel Regino, todo parecería indicar que los autores materiales de la muerte del periodista, eran quienes se enfrentaron con los agentes ministeriales, pero que cuando el agente Mozqueda advirtió de ello a sus superiores, el expediente de Carlos Domínguez se había enviado a Ciudad Victoria, y en la procuraduría, a cargo de Irving Barrios, “ya estaban buscando cómo darle salida al caso, y es cuando ya están planeando la fabricación de culpables a través del cobro de recompensa”.

La defensa de los inculpados tuvo acceso a la denuncia presentada por uno de los acusados, David Mejía, quien reconoció que aceptó su responsabilidad en los hechos a cambio de cobrar parte de la recompensa, que le fue entregada al testigo protegido Juan Carlos Yáñez Osornio.

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