Grupo México: negocios alternos e indemnizaciones a medias

El presidente dijo que prefiere inaugurar una nueva etapa en el país Foto: Julián Ortega El Río Sonora, contaminado por un derrame de Grupo México en 2014 Foto: Julián Ortega

Este 6 de agosto se cumplen cinco años del derrame de 40 millones de litros de un producto tóxico en las aguas del río Sonora, sin que la causante de ese desastre ecológico –la minera Buena Vista del Cobre, del Grupo México– haya resarcido el daño a los afectados de siete municipios sonorenses en forma cabal. Julieta Lamberti, integrante de la organización no gubernamental Poder, documenta en su Análisis sobre el fideicomiso Río Sonora el papel central que jugó en esta trama Rodolfo Lacy Tamayo, actual director de medio ambiente de la OCDE.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una empresa relacionada con Rodolfo Lacy Tamayo, actual director de medio ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se benefició con parte de los recursos destinados a resarcir las afectaciones ocasionadas por el derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado que fueron arrojados al río Sonora por la minera Buenavista del Cobre (BDC) en agosto de 2014.

BDC, establecida en el municipio de Cananea, es subsidiaria de Southern Copper Corporation (SCC), filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la segunda persona más rica de México. Asimismo, es la tercera mina de cobre más grande del mundo en términos de producción y uno de los negocios más redituables para Grupo México.

En su estudio Análisis sobre el fideicomiso Río Sonora. Simulando la remediación privada en un estado capturado, Julieta Lamberti, de la organización no gubernamental Poder, señala que cuando ocurrió el derrame –el 6 de agosto de 2014– Lacy Tamayo era subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de manera simultánea ocupaba la presidencia del Consejo Técnico del Fideicomiso Río Sonora (FRS), al cual nunca se integró a ninguno de los afectados.

Después de la agricultura, indica el estudio, el segundo rubro con mayor proporción de gasto fue para “tinacos”, repartidos de la siguiente manera: al Colegio de Ingenieros Ambientales de México (Cinam), institución fundada por Lacy Tamayo, se le asignaron 28 millones 614 mil 206 pesos; al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora (CICS), 150 millones 837 mil 359 pesos 86 centavos, mientras que el resto –poco más de 5 millones– fueron para la empresa Rotoplas, S.A.B. de C.V., de Carlos Rojas Mota Velasco, primo hermano de Germán Larrea Mota Velasco.

Al Cinam también se le otorgaron 2 millones de pesos para supervisar los pozos nuevos que se crearían en los siete municipios de la entidad, mientras que el CICS recibió 59 millones 928 mil 261 pesos para rehabilitación de pozos.

Como director del Consejo Técnico del FRS, Lacy Tamayo autorizó la perforación de los pozos nuevos, así como la rehabilitación, construcción y equipamiento de la infraestructura de agua potable existente.

“Ello significaría la dotación de infraestructura de 41 pozos y que las empresas informaron que se habían destinado 125.8 millones de pesos provenientes del fideicomiso para perforación, construcción y equipamiento de infraestructura hídrica de 63 nuevos pozos”, precisa el informe.

Dinero difícil de rastrear

Según el Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 5 de marzo de 2018 sólo contaba con la información de 17 trámites abiertos de perforación de pozos derivados de la atención al derrame.

A esto se agrega que el Cinam también supervisaría la instalación de las plantas potabilizadoras, para lo cual se le asignaron 308 mil 977 pesos. Sin embargo, el FRS sólo reporta gastos para la potabilizadora de Bacanuchi –que actualmente no está funcionando–, aunque el acuerdo inicial hecho a través del Consejo Técnico del FRS comprometió la instalación de 36 plantas potabilizadoras en distintas comunidades afectadas, explica el informe de Lamberti.

Asimismo, reportó que otorgó 32 millones 415 mil 798 pesos para una estrategia de comunicación social, cuatro veces más que lo entregado directamente al total de los afectados por el derrame de productos tóxicos. Parte de esa suma se destinó a la exhibición de promocionales de la supuesta remediación del río en las salas de Cinemex, empresa en la que Larrea Mota Velasco tiene influencia directa, según el estudio.

“Por último –agrega–, el FRS entregó 58 millones de pesos (mdp) al Instituto de Geología de la UNAM para un Diagnóstico Ambiental y Propuesta de Remediación, pero no destinó ni un centavo en poner en marcha la propuesta.”

Los afectados reclamaron al FRS por qué no se ejerció la suma comprometida por los responsables del derrame. En mayo de 2018, el fideicomiso publicó en su página web que, además de los mil 200 mdp reportados, Grupo México destinó 784.3 mdp a apoyos sociales, 282.5 a la limpieza del río; 116.8 a estudios y análisis ambientales; 350 para un programa de vigilancia epidemiológica, monitoreo del agua, aire, suelos, reforestación y protección de vida animal, y 35 mdp para la compra de llantas con sistema de ultrafiltración.

Sin embargo, debido a la falta de transparencia no se puede saber si efectivamente la empresa gastó ese dinero en esos rubros.

“Lo único que sabemos es que una empresa subsidiaria de Grupo México, Proyecciones Urbanísticas, S.R.L. de C.V., firmó un contrato de compra-venta con Soluciones y Tratamiento Ecológico, S.A.P.I. de C.V., por 35 millones de pesos para suministro e instalación de plantas con sistema de ultrafiltración y/o multimedia para los pozos que se describen en el Anexo A del contrato, el cual no se encuentra publicado en la página del fideicomiso.

“Con este análisis de los gastos realizados por el fideicomiso queda claro que la prioridad del mismo no ha sido resarcir los daños y compensar a los afectados por el derrame”, anota el informe.

Por ejemplo, sólo 0.6% del total de lo gastado por el FRS –7 millones 805 mil 10 pesos– fue directamente para los afectados. En contraste, al Cinam se le dieron 31 millones 244 mil 941 pesos; 2.5 veces más que lo recibido por todos los afectados.

Y aunque el estudio indica que se destinaron 58 mdp al diagnóstico y la propuesta de remediación solicitado a la UNAM, en realidad no se destinó ni un peso para poner en marcha la remediación.

El FRS sólo ha dado dinero para la instalación de la planta potabilizadora de Bacanuchi, la cual no funciona por falta de recursos para pagar la energía eléctrica que consume. Por lo que atañe a las otras 35 plantas potabilizadoras, simplemente no existen.

A su vez, los Organismos Operadores Municipales debieron haber recibido 58 millones 34 mil 156 pesos, mientras que a las delegaciones federales de la Semarnat, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) se les asignó 1 millón 29 mil 183 pesos.

Sin embargo, sostiene Lamberti, “no podemos saber en qué han gastado estas dependencias ese dinero”.

Un problema que crece

Los afectados directos por el derrame de agosto de 2014 fueron 22 mil personas de siete municipios aledaños al río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.

Sin embargo, es posible que la contaminación haya alcanzado a la presa El Molinito, que conecta con la presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de la ciudad de Hermosillo, afectando a 1 millón de lugareños; los agricultores y ganaderos sufrieron enormes pérdidas económicas, en tanto que el agua, el suelo, la flora y la fauna de la región se deterioraron.

Según Lamberti, hay indicios suficientes de que el nivel de contaminación de la zona pone en riesgo la salud de las comunidades de los siete municipios sonorenses.

En agosto de 2016 –dos años después del derrame de sulfato de cobre acidulado arrojados al río Sonora–, la “improvisada” Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) reportó que 381 habitantes presentaban daños en sangre, orina, piel y ojos, así como problemas cardiovasculares, por la exposición a los productos tóxicos.

Hasta ahora, el FRS incumplió la promesa de realizar un monitoreo durante cinco años consecutivos en un área de 200 kilómetros de la zona afectada, que comprende los ríos Bacanuchi y Sonora. Ello impide saber con precisión hasta dónde llega la contaminación y cuántas personas resultaron afectadas.

El fideicomiso anunció también que la UVEAS dejaría de operar en 2029. Sin embargo, hasta ahora la clínica no existe porque “la minera BDC no dio el dinero necesario para que se construyera”. Y aun cuando los afectados directos eran 22 mil personas de siete municipios sonorenses, el FRS otorgó 7 millones 805 mil 10 pesos, que alcanzaron para atender sólo a 358.

Luego del derrame, la Sagarpa observó una merma generalizada de la economía del sector agrícola y ganadero debida a la disminución de los precios de los productos. Estimó que habían sido afectados 2 mil 519 productores agropecuarios, 5 mil 573 hectáreas agrícolas y alrededor de 72 mil 755 cabezas de ganado bovino.

La dependencia recomendó que se diera ayuda por actividad de hasta 300 cabezas de ganado y hasta 10 hectáreas, lo que molestó a los productores con superficies mayores a las 10 hectáreas o más de 300 cabezas de ganado.

La agricultura fue el rubro al que más recursos destinó el fideicomiso, seguido del agua potable. No obstante, la principal beneficiaria fue la asociación creada por el presidente del Consejo Técnico del FRS y el mismo Grupo México.

Ello, pese a que el contrato del fideicomiso establece que la finalidad de este organismo es servir como fuente y como medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud, acorde con el Programa de Remediación y de Mecanismo de Pago de Reclamaciones por Afectaciones Materiales causadas a las personas como consecuencia del derrame.

Nuevas investigaciones

Desde septiembre de 2014, los Comités de Cuenca Río Sonora –creados a raíz del derrame para luchar por la remediación y limpieza de los ríos, y para exigir el resarcimiento de los daños a la población afectada, acompañados por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder)– realizan una investigación para conocer cómo respondieron tanto la empresa como el Estado a esta emergencia ambiental.

Los resultados de ese proceso han sustentado la estrategia legal para exigir rendición de cuentas a las autoridades y a la empresa por su responsabilidad en el derrame.
Para evitar dar cuentas, la minera BDC acordó con el gobierno federal canalizar la remediación por medio de un fideicomiso, en el que comprometió 2 mil millones de pesos, del que sólo se ejerció la mitad, sin garantizar, por tanto, una remediación efectiva del derrame ni el acceso a la justicia de los afectados.

Hasta ahora, la organización Poder tiene 14 amparos sobre derrame y autorizaciones y 10 sobre Zonas Económicas Especiales del río Sonora.

Además, tiene 14 juicios abiertos, de los cuales tres están radicados en la Suprema Corte: en uno cuestiona la forma en la que operó el FRS; en otro, arguye que el fideicomiso no respaldó el Proyecto de Reactivación Agropecuaria, y en el tercero cuestiona el cierre del fideicomiso y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental.

Lacy Tamayo –como representante del Consejo Técnico del FRS y desde la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat– fue quien concluyó que las empresas cumplieron con la remediación ambiental y, en consecuencia, se cerrara el FRS.

“¡Es terrible! Y falta la otra mirada a la mina de Jales que está construyendo Grupo México a 27 kilómetros de Bacanuchi. La población de 200 personas se entera porque de pronto les cerraron el camino para ir a comprar, para ir al médico a Cananea. Ahora los hacen rodear sumándoles 45 minutos de camino”, narra Lamberti en entrevista.

Y agrega: “¿Hoy qué pasa? Están construyendo la nueva presa de Jales, dos veces más grande y que puede contener 50 mil veces más desechos tóxicos que los que se derramaron en agosto de 2014. Hoy la comunidad lleva un juicio de amparo”.

Para la autora del Análisis sobre el fideicomiso Río Sonora. Simulando la remediación privada en un estado capturado, si el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene voluntad de sancionar realmente a Grupo México, debe informar con transparencia a los afectados sobre cómo se gastó el dinero del FRS.

Asimismo, indica, debe cerrar la planta de Guaymas –que el martes 9 causó un nuevo derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico–, así como la nueva presa de Jales, que actualmente consume a los habitantes de Bacanuchi.

Este reportaje se publicó el 28 de julio de 2019 en la edición 2230 de la revista Proceso

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