TOLUCA, Edomex. (apro).- Por unanimidad, el pleno de la Legislatura local aceptó la licencia definitiva de Fernando Baz como auditor superior de la entidad –tras ser acusado de omisión y parcialidad para revisar las Cuentas Públicas 2017- y designó como sustituto temporal a Rogelio Padrón de León, quien hasta ahora se había desempeñado como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del organismo. Padrón de León se mantendrá en el cargo en tanto se desahoga el proceso de selección del nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y se concreta el nombramiento. Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, indicó que con esta medida inicia la reestructuración del órgano auditor de las finanzas públicas estatales. “Como un acto de congruencia y exigencia ciudadana, hoy inicia el proceso de reestructuración que tanto necesita el órgano fiscalizador”, refirió. Por su parte, el morenista Gabriel Gutiérrez refirió que la renuncia de Baz Ferreira es solo el inicio que dará paso a un legado importante, pues en municipios dolidos como Ecatepec hubo saqueo de los recursos y dejaron a las colonias con baches, basura, inseguridad y sin servicios, pero nunca hubo observaciones al ayuntamiento sobre el manejo de los recursos. “No hubo ningún señalamiento del OSFEM, no solo a personas, sino sobre mecanismos. Hoy es una oportunidad histórica de dejar un legado como la Legislatura que tuvo el valor de transformar este órgano”, apuntó. En tanto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México para evitar que se repita la negativa de cualquier funcionario parlamentario a renunciar, como ocurrió con Fernando Baz, quien se negó a dejar el cargo después de más de 3 meses de haber sido avalada su remoción. La iniciativa, promovida por el diputado Luis Antonio Guadarrama, contempla dotar a la Legislatura de atribuciones para nombrar y remover libremente a los titulares de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección de Comunicación Social y el Instituto de Estudios Legislativos, a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de forma análoga a la atribución del titular del Poder Ejecutivo para designar a sus funcionarios. Guadarrama Sánchez advirtió que “la Legislatura no debe ser rehén de nadie, ni tolerar ofensas, como el abierto desafío” en que, desde su punto de vista, incurrió Baz al aferrase al cargo a pesar de que el pleno aprobó el pasado 30 de abril el inicio del proceso de remoción en su contra. “Nos vimos hasta mal al pedir con la mano tendida la renuncia al titular del OSFEM, ya que la Comisión correspondiente demostró que se habían cumplido las causales para tal efecto”, dijo. “Para evitar que pueda repetirse la misma historia de incertidumbre, discrecionalidad o inmovilidad de la Legislatura”, prosiguió, la propuesta –remitida a las comisiones unidas para su dictamen- establece que la Jucopo inicie el procedimiento de remoción del auditor superior a más tardar 5 días naturales posteriores a la solicitud presentada por la Comisión de Vigilancia. El derecho de audiencia del auditor, prosigue, deberá celebrarse en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de citación. “Visto así, se estaría en condiciones de superar la inmovilidad técnica-administrativa en la que no pocas veces se ha visto inmersa la Legislatura para renovar a sus propias instituciones, en un ambiente de respeto y responsabilidad pública”, planteó. Además, subsana la omisión para iniciar el procedimiento de remoción del auditor superior, al plantear un Transitorio Tercero por el que se instruye a la Jucopo a iniciar en un plazo no mayor de 48 horas el procedimiento mencionado.