MÉRIDA, Yuc. (apro).- Productores mayas, académicos y ambientalistas, lamentaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) que invalidó el decreto del gobierno estatal que declaraba zona libre de transgénicos a la entidad. No obstante, consideraron que es una oportunidad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador concrete la promesa que hizo en campaña de liberar al país de cultivos genéticamente modificados. En octubre de 2016, el exgobernador Rolando Zapata Bello emitió el decreto 418/2016 con el que declaró a Yucatán Zona Libre de Cultivos con Organismos Genéticamente Modificados (ZLOGM), con el propósito de proteger la biodiversidad de la región y especialmente la producción melífera, que es una de las principales actividades generadoras de divisas. La declaratoria establecía específicamente que se nombraba “al estado de Yucatán como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, así como de productos contaminados, para fines agropecuarios o para la producción de insumos de uso humano y agropecuario, a fin de preservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la calidad de los productos de las comunidades rurales y costeras”. También que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), sería la dependencia encargada de la promoción de los cultivos orgánicos, para lo cual realizaría las siguientes acciones: “I. Fomentar la inclusión de los productores agrícolas en el cultivo orgánico; II. Promover la entrega de semillas libres de organismos genéticamente Modificados; III. Capacitar a los productores agrícolas sobre los cuidados de los cultivos; IV. Supervisar los cultivos para su correcto funcionamiento, y V. Implementar esquemas de acción para la comercialización de los productos orgánicos”. Además, en aquella ocasión el gobierno de Zapata Bello entró en negociaciones con sus homólogos de Quintana Roo y Campeche, en un intento por declarar toda la península como zona libre de transgénicos, lo cual no se concretó. En respuesta, el entonces presidente Enrique Peña Nieto promovió ante la SCJN una demanda de controversia constitucional contra el decreto de Zapata Bello, que finalmente fue invalidada ayer. En un comunicado conjunto, ambientalistas de diversas asociaciones y colectivos antitransgénicos informaron que el miércoles 14 el pleno de la SCJN invalidó el decreto que emitió el gobierno estatal el 26 de octubre de 2016 para declarar a Yucatán ZLOGM. La Corte argumentó que es facultad exclusiva del gobierno federal lo relativo a la regulación en materia de bioseguridad. Los inconformes recordaron la icónica lucha que las comunidades indígenas han librado durante más de una década contra los transgénicos, y lamentaron el fallo de la SCJN contra el decreto de Zapata Bello. Sin embargo, aclararon que la sentencia de la SCJN “no permite la liberación de siembra de transgénicos” y exhorta a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Ganadería (Sader) “a dar respuesta a las solicitudes de declaración de ZLOGM presentadas por diversas comunidades del estado de Yucatán”. En ese sentido, recordaron que en 2012 más de 2 mil apicultores yucatecos de los municipios de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab, iniciaron los trámites que exige el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), demandando la declaración de Yucatán como ZLOGM. No obstante, “la respuesta de la autoridad agrícola federal fue que no existía la normatividad aplicable para dar paso a tal declaratoria, por lo que tramitaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida por la omisión de las autoridades federales”. El juzgado resolvió de manera favorable a los apicultores, ordenando al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), realizar una consulta en materia indígena en los municipios. Además, por orden judicial debían emitir una nueva resolución, “lo que dio pauta para impugnar la resolución del juez ante un tribunal colegiado, que después de casi tres años otorgó el amparo estableciendo la responsabilidad de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para resolver dicha solicitud”. Destacaron que desde julio de 2018 la Sader tiene pendiente dar trámite a la demanda de los apicultores de declarar la primera ZLOGM en México. “Hoy, más de 2 mil apicultores mayas del estado de Yucatán, personas y organizaciones sociales estamos en espera de una resolución favorable, considerando los impactos sociales, ambientales y culturales que el modelo de producción de soya genéticamente modificada ha tenido en la región peninsular”, recalcaron. Y entre los efectos enlistaron la deforestación; contaminación de los mantos freáticos por el uso de agrotóxicos, en particular por el herbicida glifosato; contaminación de la miel con polen transgénico que pone en riesgo su calidad de exportación. Asimismo, insistieron en que “esta resolución es una oportunidad para que el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, haga realidad sus promesas de campaña de rechazar la introducción y siembra de transgénicos en todo el país”. Para ello, subrayaron, debe enviar al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Bioseguridad de OGM “para que se prohíban los cultivos transgénicos en definitiva”, e instruir a la Sader y a la Cibiogem “para que den una respuesta positiva a la solicitud de las comunidades mayas de declarar los 10 municipios de Yucatán como ZLOGM, solicitud que está congelada desde hace siete años”.