COLIMA, Col. (apro).- En el marco de la entrada en funciones de la Guardia Nacional, el Congreso del Estado exhortó al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a entregar en tiempo y forma al Consejo Nacional de Seguridad Pública el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades de los respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. El plazo para la entrega de ese estudio concluye el 26 de septiembre próximo, fecha en que se cumplen 180 días de la entrada en vigor del decreto que reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, producto de un largo proceso de discusión y análisis, por los alcances, retos y expectativas que debería cumplir este nuevo cuerpo de seguridad pública. A través de un punto de acuerdo propuesto por el diputado panista Francisco Javier Rodríguez García, el Congreso también solicitó al titular del Poder Ejecutivo del Estado que le informe del cumplimiento de la entrega del diagnóstico y el programa señalado en el punto anterior. Expuso que su interés se genera en los altos índices de criminalidad en el estado, toda vez que “después del año que finalizó con tasas récord de comisión de delitos, ocupando los primeros lugares a nivel nacional, este año se mantiene sin cambios, a cifras de junio del 2019”. El exhorto citó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según los cuales, a nivel nacional, el Estado de Colima ocupa el primer lugar proporcional de homicidio doloso y robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes, superando el índice en 166% la media nacional en el caso de homicidio doloso y en 739% la media nacional en robo a casa habitación. Según el punto de acuerdo aprobado por el Congreso colimense, el diagnóstico que deberá entregar cada estado servirá para fortalecer, encaminar y reencauzar los esfuerzos y elaboración de políticas públicas en materia de seguridad pública, pues será a partir de ese programa que empiece una serie de modificaciones presupuestales a partir del próximo ejercicio fiscal para dar operación y ejecución al programa de fortalecimiento. “Es oportuno advertir que este Poder Legislativo tomará un papel trascendental en la ejecución del citado programa, pues seremos informados año con año de la evaluación integral del mismo, sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años”. Puntualizó el Congreso que los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes, lo que “representa una mayor intervención en la evaluación, fiscalización y logros del programa por parte de ese poder, toda vez que se deberá contemplar en su elaboración una visión a largo plazo, pues se proyectarán metas y objetivos a mediano plazo, es decir a seis años, lo que obligará a este poder Legislativo a intervenir y pronunciarse sobre el programa para la reasignación de recursos y evaluación de cumplimiento de metas”.