CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX), Nashieli Ramírez, aseguró que la filtración de información de casos de feminicidios y violencia de género es una violación constante a los derechos humanos de las mujeres para criminalizarlas, por lo cual debe ser sancionada penal y administrativamente. Al presentar su Informe Anual 2018, informó que, al menos en 3 de cada 10 expedientes correspondientes tan sólo a feminicidio, la Comisión investiga la divulgación de información catalogada como confidencial, como hecho mismo que motiva la queja. En otras palabras, dijo, “la filtración de información que corresponde a la investigación es una violación constante a los derechos humanos de las mujeres cuyos casos se investigan y que tiene por efecto su victimización secundaria, la invasión de su privacidad y exposición a más agresiones. Básicamente a criminalizar”. Por ello, enfatizó que, “por su gravedad y reiteración, la filtración de información parte de una investigación debe de ser sancionada penal y administrativamente”. La ombudsperson comentó lo anterior, luego de que en el pliego petitorio de las manifestantes del pasado viernes en la marcha #NoMeCuidanMeViolan, uno de los puntos fue el cese a la filtración de datos de los casos que investiga la Procuraduría General de Justicia capitalina. Como pasó, por ejemplo, con los videos en los que se observó a la joven de 17 años que acusó a 4 policías de haberla violado a principios de este mes. Ramírez Hernández añadió que en las próximas semanas concluirán el informe “Investigar con Perspectiva de Derechos Humanos la Violencia Contra las Mujeres en la Ciudad de México”, como resultado de la sistematización de información de expedientes de queja en la materia, de 2012 hasta 2018. “Esperamos que lo que se genere a partir de este informe y con las investigaciones en curso respecto a la violencia familiar, desaparición de mujeres, feminicidio, violencia sexual, entre otras, contribuyan al derecho a la verdad de las víctimas, a su derecho a la reparación integral del daño y a generar acciones de política pública que disminuyan tajantemente la violencia de género hacia las mujeres”, dijo. Agregó que el organismo impulsará “la construcción de puentes con la sociedad para la transformación del conflicto social, ante la demanda de soluciones inmediatas, éticas y bajo el más estricto apego a los principios de derechos humanos, como lo es la erradicación de la violencia de género”. Como parte del informe, comentó que, durante 2018, la Comisión fortaleció un modelo de defensa de derechos humanos centrado en la atención integral de las víctimas. Así, brindó 28 mil 797 servicios, de los cuales, 16 mil 377 fueron de atención y prevención y 12 mil 420 de protección y defensa.