CIUDAD DE MÉXICO (apro). - A más de una semana de la marcha feminista, Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor de la nueva Coordinación Nacional de memoria Histórica, reprobó las pintas hechas a monumentos históricos de la Ciudad de México. En declaraciones a la prensa después de participar en la inauguración de la muestra “Memoria de Milagros”, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pintar el patrimonio a modo de protesta de ninguna manera resulta válido. “No pienso que haya derecho de una protesta a dañar un inmueble histórico, por más razón que tenga quien proteste”, subrayó. Y abonó en su argumentación: “Puede ser el caso de más injusticia en la historia del mundo, pero ese edificio o esa puerta es patrimonio de todos. Entonces es una agresión a todos, independientemente de la justicia o validez que tenga la protesta, que sea en el momento que sea, en el siglo que sea. “Los propios mexicanos no tienen conciencia, en muchos casos, del valor de lo que están rayando […] O sea, tú puedes protestar por lo que tú quieras, pero no rayes el patrimonio, porque esa puerta, ese edificio, esa columna, esa ventana es de todos. Es patrimonio nacional”. En opinión de la historiadora, México es el “país de las pintas”, pero aclaró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) existe para resguardar bienes inmuebles que todos los mexicanos, no sólo el gobierno, deben cuidar. La postura de Gutiérrez Müller contrasta con la expuesta por las feministas que argumentan que los monumentos se limpian, se lavan y se remedian, no así la vida de una mujer víctima de la violencia. El pasado 21 de agosto, especialistas en conservación y restauración del patrimonio cultural, agrupadas en el colectivo independiente Restauradoras con Glitter, enviaron una carta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedirle que se mantengan las pintas que grupos feministas pintaron en el Ángel de la Independencia, y no removerlas hasta que se garantice la seguridad de las mujeres. “Por su alta relevancia social, histórica y simbólica, las pintas deben ser documentadas minuciosamente por profesionales, con el objetivo de enfatizar y mantener viva la memoria colectiva sobre este acontecimiento y sus causas, así como promover una toma de conciencia para plantear y gestionar soluciones al problema de fondo”, arguyeron. Afirmaron que las pintas deben ser un “recordatorio palpable de la condenable situación de violencia en nuestro país, y que por ende ninguna deberá ser removida hasta que no se atienda y se dé solución al problema de la violencia de género en nuestro país”. Y recordaron a las autoridades federales y capitalinas que “el patrimonio cultural puede ser restaurado, sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas; las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse, el tejido social sí”.