Presiona la ONU por los italianos desaparecidos en Jalisco

Los ciudadanos italianos desaparecidos en Jalisco. Foto: Especial Los ciudadanos italianos desaparecidos en Jalisco. Foto: Especial

ROMA (proceso).- En enero de 2018 el italiano Raffaele Russo, su hijo Antonio Russo y su sobrino Vincenzo Cimmino fueron reportados desaparecidos en el sur de Jalisco, supuestamente tras ser vendidos por unos policías al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, 20 meses después, sin que aún haya rastro de los tres, la ONU pide que las autoridades mexicanas compartan con los familiares los avances de la investigación, que los abogados de las familias esperan transformar en un caso que establezca mejores prácticas en México.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) le pide al Estado mexicano informar a las familias de “las acciones tomadas por las autoridades a cargo de la búsqueda e investigación (…) y el resultado de las mismas”, se lee en el documento fechado el martes 20 y cita como fuente la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Según el CED, México debe crear un organismo de contacto, “preferiblemente en el consulado de México en Italia” e informar “periódicamente” a los familiares. Fija el próximo 20 de septiembre como plazo para que el Estado mexicano adopte estas medidas “de conformidad con sus obligaciones convencionales en virtud del artículo 30, párrafo 3, de la mencionada convención.

Además la ONU cuestiona las diligencias que las autoridades mexicanas han realizado para aclarar los hechos, pues no parecen “inscribirse en una estrategia clara e integral de búsqueda” de los desaparecidos.

“Todavía no se ha recibido el resultado del dictamen realizado a una huella palmar encontrada el 10 de julio de 2018 en la camioneta en la que viajaba Raffaele Russo”, se lee en el documento, entregado a Proceso por los abogados de los familiares y firmado por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La abogada mexicana Griselda Herrera, coordinadora en España de la Organización Mundial de Abogados (OMA) –organismo internacional de defensa de los derechos humanos– y quien ha seguido el caso de cerca, comenta: “Este documento es importante. Marca un precedente, porque dice que el Estado mexicano debe dar apoyo a las familias de las víctimas aun en su país de origen, en Italia, y desde el consulado de México en Italia”.

El llamamiento de la ONU es resultado de una larga batalla de los familiares de los tres desaparecidos, quienes acudieron a organizaciones internacionales a fin de presionar a las autoridades mexicanas a acelerar la investigación coordinada por la fiscalía de Jalisco.

La OMA presentó a su vez el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en marzo de 2018 solicitó a las autoridades mexicanas encontrar a las víctimas y dar a conocer todas las acciones de la investigación.

Proceso intentó comunicarse por escrito con la CIDH, pero hasta el cierre de la presente edición el organismo no había respondido.

El objetivo último, explica Herrera, es convertir el caso en un litigio estratégico que transforme el derecho y la gestión de estos asuntos en México.

Pese a ello, todavía se desconocen los motivos de las desapariciones y algunos de los investigados siguen prófugos, entre ellos el director y el comandante de la Policía Municipal de Tecalitlán. En cambio, cuatro policías municipales ya se encuentran bajo proceso, aunque al parecer su intervención en el delito fue marginal.

El CED emitió este documento después de que, tras un llamamiento anterior, el Estado mexicano entregó en mayo pasado un informe sobre la investigación realizada que, sin embargo, a decir de los abogados de los familiares, contenía información imprecisa y en algún caso, contradictoria.

De igual manera, las familias han pedido más información sobre José Guadalupe Rodríguez Castillo, El 15, quien después del arresto de los policías fue identificado como el principal sospechoso de las desapariciones y es señalado como jefe de plaza del CJNG en Tecalitlán.

Por ello, la OMA también envió cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado Peralta, para solicitarles información precisa.

Desde que se hizo pública la desaparición de los italianos, familiares de ellos han cuestionado el compromiso del Estado mexicano para investigar el crimen y criticaron que la Fiscalía General del Estado pusiera el acento sobre la presunta ilegalidad de los negocios de las tres víctimas, quienes a decir de los suyos se encontraban en Jalisco para vender generadores electrónicos y productos chinos.

“Los policías mexicanos vendieron a mis familiares por 43 euros… Es terrible. Esos sí son criminales, no mi hermano, ni mi padre, ni mi primo”, comentó al respecto Francesco Russo, hijo de Raffaele.

En Italia, la investigación se encuentra en las manos de la Fiscalía de Nápoles, donde residían los Russo.

Respondiendo a una petición de Proceso, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) rehusó hacer comentarios sobre el contenido de la documentación, al tratarse de un caso aún clasificado como confidencial. No obstante, el organismo confirmó que el caso fue registrado por el Comité como una Acción Urgente.

Este texto se publicó el 25 de agosto de 2019 en la edición 2234 de la revista Proceso.

Load More