Lydia Cacho denuncia “la incapacidad del Estado mexicano” para brindarle protección

La periodista Lydia Cacho. Foto: Prometeo Lucero La periodista Lydia Cacho. Foto: Prometeo Lucero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Lydia Cacho denunció este jueves “la incapacidad del Estado mexicano” para brindarle protección, luego de las amenazas que recibió y que la obligaron a desplazarse forzadamente.

Tras una resolución de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se libraron órdenes de aprehensión contra diversos policías judiciales de los estados de Puebla y Quintana Roo, y también contra el exgobernador poblano Mario Marín, el exjefe policiaco Adolfo Karam y el empresario Kamel Nacif, quienes urdieron la detención y tortura de la escritora en 2005.

Desde el exilio al que se vio obligada desde hace un mes, Cacho sostuvo: “Estar fuera de mi país es equivalente a una condena o sanción por hacer mi trabajo y por buscar justicia”.

Su desplazamiento forzado, agregó, viola sus derechos “a la integridad, libertad y seguridad personales”, ante la incapacidad del Estado mexicano para protegerla como sobreviviente de tortura y garantizar el acceso a la justicia.

La autora de “Los demonios del Edén” acusó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de estar “dando tiempo” a los presuntos responsables de la tortura que sufrió, “a lograr amparos bajo actos de corrupción, para argumentar que no los puede detener”.

En un comunicado, Artículo 19, la organización que representa a la periodista, reprobó que mientras Cacho se vio obligada a huir del país, luego de que el 21 de julio su casa fue allanada y sus mascotas cruelmente asesinadas, los responsables de la tortura que sufrió por denunciar una red de pederastas –el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres y el ex jefe policiaco Adolfo Karam– mantienen sus vidas sin alteraciones, en espera de que se resuelvan los juicios de amparo que han promovido, al igual que otros cuatro policías acusados de tortura.

La organización retomó información publicada en medios poblanos que aseguran que el 28 de julio pasado Marín Torres “asistió a una fiesta en Atlixco, Puebla”, además de que habitantes de su pueblo natal, Nativitas Cuempan, “refieren que el exgobernador poblano se pasea por el lugar”, en tanto que el exjefe policiaco, “a través de sus empresas de seguridad privada, presta servicios de seguridad al Metrobús en la capital poblana”.

“Con la orden de captura en contra de Kamel Nacif, Adolfo Karam y Mario Marín, se abría una oportunidad histórica para que este gobierno revirtiera el patrón de impunidad en la violencia contra mujeres defensoras y periodistas.

“Sin embargo, parece que los intereses que protegen a la mafia político-empresarial que compone las redes internacionales de pederastia y trata de menores de 18 años, son mucho más grandes que cualquier intento de legitimarse mediante el cumplimiento de la ley”, señaló Artículo 19.

De igual manera, resaltó que tras el allanamiento al domicilio de Cacho y el robo de material periodístico, la principal línea de investigación “se relaciona con la clara intención de propinarle un castigo, amenazas y represalias por la exigencia de justicia y el subsecuente libramiento de las órdenes de aprehensión”.

Abundó: “Es inaceptable que en México las sobrevivientes de tortura y violaciones graves a derechos humanos no cuenten con las mínimas garantías para su seguridad e integridad personal”, en tanto que los responsables “tienen garantizada la perpetuación de sus acciones criminales en contra de las personas y del interés público”.

Luego de confiar en la solidez de las órdenes de aprehensión y en que se negarán los amparos a los prófugos, la organización recordó que “pesa sobre los funcionarios ministeriales y judiciales la decisión adoptada por un organismo internacional que da cuenta de las múltiples violaciones a los derechos de integridad personal, no discriminación en razón de género, libertad personal y libertad de expresión, así como acceso a la justicia de Lydia”.

Al exigir a la FGR la ejecución de las órdenes de aprehensión “con la debida diligencia”, Artículo 19 consideró que la materialización no sólo “abonaría a la garantía de acceso a la justicia, sino que, dadas las recientes agresiones, se traduce en una verdadera garantía de seguridad e integridad personal de Lydia Cacho”.

Para la defensa de la periodista “no existe justificación para retardar la ejecución de las detenciones”, y mientras ello no ocurra, “el Estado mexicano incurre en responsabilidad legal y política ante el incumplimiento de sus obligaciones en este aspecto”.

Finalmente recordó que desde que Cacho interpuso la denuncia por tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR), se convirtió en blanco de agresiones y atentados, de ahí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en 2009, que el gobierno mexicano está obligado a brindar, de manera que “garantice la seguridad e integridad personal” de la periodista.

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