Padierna tras venganza política contra Robles que tardó 14 años en materializarse, afirma su defensa

Alejandro Olea y Julio Hernández Barros, abogados de Rosario Robles en conferencia de prensa. Foto: Alejandro Saldívar Alejandro Olea y Julio Hernández Barros, abogados de Rosario Robles en conferencia de prensa. Foto: Alejandro Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de Rosario Robles Berlanga, encabezada por los abogados Julio Hernández Barros y Alejandro Olea Trueheart, responsabilizó a la diputada Dolores Padierna de instrumentar una “venganza política” por medio de su sobrino, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a quien acusan de actuar bajo consigna, y con ello violar el derecho a la defensa de su cliente.

“No nos queda duda de que la mano de la diputada Dolores Padierna está metida en la sentencia de nuestra defendida. Fue una venganza política que tardó 14 años en materializarse”, acusó Hernández Barros, quien a su vez negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya intervenido en la sentencia.

Al anunciar la presentación de un amparo contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva, los abogados denunciaron la inconstitucionalidad de la sentencia y un “efecto corruptor” en la relación de parentesco entre la diputada y el juez, por lo cual, decidieron una estrategia basada en el juicio de amparo y no una apelación a la sentencia.

“Que yo sepa tener dos o más domicilios físicos no constituye un delito que amerite dicha decisión según el Código Penal Federal”, señalaron en conferencia de prensa.

En el grueso amparo integrando por cerca de 250 folios, interpuesto ante el juez del Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, y que podría ser aceptado a trámite entre hoy y mañana, la defensa explicó que el documento comprende ocho puntos en los que se argumenta que Delgadillo Padierna cometió ilegalidades y actos que negaron la defensa de la extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).

“El reglamento interno del Poder Judicial de la Federación (PJF) establece un posible conflicto de interés, cuando exista relación de parentesco sea de cuarto grado. En el caso de Delgadillo y la diputada, esta relación se reduce a tercer grado. El juez debió de haberse abstenido de conocer el caso” apuntó Olea.

Por último, manifestaron que las tres semanas que comprende la prisión preventiva concedida en contra de la también extitular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha mermado su salud.

–¿Cómo se encuentra de salud?

–Con algunos padecimientos, mermada de salud; en específico de la presión sanguínea –señaló Hernández Barros.

 

 

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