CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ausencia de consultas a pueblos indígenas conforme los criterios internacionales para la construcción de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, maltrato a mujeres indígenas y afromexicanas en los sistemas de salud, ataques a defensores y líderes comunitarios, así como el uso de la Guardia Nacional para perseguir a migrantes con fines de deportación, son algunos de los temas de preocupación que el Comité para la Eliminación de la Discriminación (CERD) de la ONU formuló al Estado Mexicano. Las observaciones son el resultado de la revisión de los informes periódicos 18 a 21 de México ante el CERD, en las sesiones celebradas los días 8 y 9 de agosto pasado, llevadas a cabo en la sede de dicho comité en Ginebra, Suiza, formulando al menos 40 recomendaciones. Las conclusiones del CERD en materia del migración, si bien no hacen referencia al Acuerdo Migratorio con Estados Unidos, sí reconoce la condición de “corredor migratorio” de México y alerta sobre las recientes medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que “en ocasiones, la aplicación de las políticas migratorias adoptadas no garantice de manera adecuada la protección de los derechos de las personas migrantes y los solicitantes de asilo, en particular de niños y niñas migrantes”. Los expertos expresan su preocupación por la “detención automática de solicitantes de asilo y personas migrantes en situación irregular, incluidos niños acompañados o no, en las denominadas Estaciones Migratoria, las cuales no brindan condiciones de vida adecuadas”. En cuanto a la utilización de la Guardia Nacional, el CERD advierte del “efecto negativo” en el control migratorio, “y el uso de prácticas de perfilamiento racial por parte de autoridades migratorias, las cuales han generado detenciones arbitrarias y devoluciones sistemáticas sin la asesoría legal adecuada”. Aunado a ello, el Comité considera como un tema de alerta “los actos de discriminación y el uso excesivo de la fuerza en contra de personas migrantes”, así como el incremento del “discurso de discriminación, odio racial o xenofobia en contra de personas migrantes”. En el informe, fechado el 29 de agosto, tomó nota “sobre la realización de consultas ciudadanas con respecto de la ejecución de grandes proyectos de inversión como el Tren Maya y el Corredor Transístmico que podrían afectar territorios de pueblos indígenas en las que no se ha tenido en cuenta a las comunidades de los pueblos indígenas ni se han respetado las exigencias del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (169) de la Organización Internacional del Trabajo”. En las conclusiones, el Comité destacó que el reconocimiento que el Estado mexicano ha hecho de el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, se contrapone con la realidad, pues “aún existen serios vacíos en los procesos de consulta”. De acuerdo con la información recibida por los miembros de CERD, “en la mayoría de los casos, los procesos de consultas con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado no son realizados de manera previa, no toman en cuenta los usos, costumbres, cultura y debida representación de los pueblos afectados, no se proporciona información clara, precisa y culturalmente adecuada, y además, con frecuencia son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento”. El documento refleja preocupaciones de los expertos del CERD sobre la ausencia de mecanismos para restitución de tierras para los pueblos indígenas, considerando que “la crisis climática tales como la degradación de la tierra y las afectaciones a los recursos hídricos impacten de manera desproporcionada a los pueblos indígenas”. Entre los temas de alerta, resaltan las consideraciones sobre “las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres indígenas y afromexicanas, que comprometen el acceso a la educación, al trabajo, a la salud culturalmente adecuada, así como la participación en la vida pública y toma de decisiones”. De manera particular, se hace referencia a las “prácticas discriminatorias y de violencia en contra de mujeres indígenas por parte de personal médico en las instituciones de salud pública al momento de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, que en algunos casos ha conllevado esterilizaciones sin consentimiento libre e informado”. En relación al sistema de justicia, el Comité advierte sobre “la corrupción y la falta de transparencia, así como la persistencia de prácticas discriminatorias” que impactan de forma significativa en el acceso a justicia por parte de los pueblos indígenas, lo que “se traduce en violaciones a las garantías del debido proceso y a una defensa adecuada de los miembros de pueblos indígenas”. A esa preocupación se suman “los altos niveles de impunidad en el sistema de procuración y administración de justicia, incluida en relación a la violencia de género y resalta que la falta de coordinación adecuada entre la justicia ordinaria y la jurisdicción comunitaria indígena constituye un obstáculo para el acceso a la justicia por parte de personas indígenas, en particular mujeres indígenas víctimas de violencia de género”. El CRED incluye en su informe como temas para atender de forma urgente, la violencia contra periodistas, al destacar el incremento alarmante de los ataques al gremio, de 163% entre 2010 y 2016, siendo algunas de las víctimas “periodistas y comunicadores comunitarios que denuncian violaciones a derechos humanos”, agravios que a los que se suman las dificultades para acceder a radios comunitarias indígenas y el apoyo presupuestario limitado destinado a su funcionamiento. Entre las consideraciones de alerta, también está la situación de personas defensoras de derechos humanos, entre ellos “líderes y defensores de los derechos de pueblos indígenas, de afromexicanos y personas migrantes, (que) continúen siendo objeto de actos de violencia, amenazas, atentados contra la vida”. Los expertos consideraron preocupante “la utilización indebida del proceso penal para criminalizar a defensores de los derechos de pueblos indígenas, de afromexicanos y de migrantes”, además de expresiones por parte de autoridades y representantes del sector privado “para deslegitimar la labor de las y los defensores de los pueblos indígenas”. El grupo de expertos de la ONU alerta que “los pueblos indígenas continúan siendo afectados por la discriminación racial lo cual se manifiesta en los altos índices de pobreza y marginación racial lo cual se manifiesta en los altos índices de pobreza y marginación y las dificultades para acceder al trabajo, educación y servicios de salud adecuados”. En materia legislativa e institucional, el Comité expresa su preocupación ante “la falta de legislación penal que tipifique como delitos actos de discriminación racial”, además lamentó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) “no cuente con recursos financieros, humanos y técnicos suficientes para brindar una atención efectiva para brindar una atención efectiva a todos los casos de discriminación”, sin contar con que a pesar de existir un Plan Nacional por la Igualdad y no Discriminación,  “la discriminación racial estructural e histórica en contra de pueblos indígenas y la población afromexicana continúe profundamente arraigada” en México. En sus consideraciones finales, el CERD destaca que solicitará información a México sobre la aplicación de las recomendaciones el próximo año relacionadas con temas de odio racial, las consultas previas así como sobre la situación de los defensores, y que se espera que en el próximo informe, periódico, a llevarse a cabo a más tardar el 22 de marzo de 2022, se detalle la atención que se dio a las relacionadas con la discriminación a migrantes y el uso de la Guardia Nacional en el control migratorio, la violencia de género contra mujeres indígenas, los desplazamientos por megaproyectos, entre otras.