COLIMA, Col. (apro).- El exgobernador Mario Anguiano Moreno afirmó que las acusaciones por malversación de recursos que ha enfrentado en los últimos cuatro años forman parte de una “persecución política” en su contra, con el propósito de desprestigiar su nombre, y no descartó la implicación del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Indicó que aun antes de concluir su administración ya se advertía una intención de “linchamiento” hacia su persona, en la que –subrayó-- “han participado los partidos políticos, y después vimos con tristeza que muchos de los integrantes del sistema al que nosotros pertenecemos, el PRI, también se sumaron, y dijimos: ‘pues ni modo, nos toca apechugar en esta etapa’, dejemos que expongan todo lo que tienen, esperemos que esto se llegue a resolver”. En declaraciones realizadas vía telefónica al noticiario de la radioemisora “La Mejor FM”, Anguiano sostuvo que siempre ha estado convencido de que se trata de “una persecución política con un propósito insano”, porque en un primer momento el organismo fiscalizador y el Congreso local no le dieron oportunidad de defenderse. “Solamente con supuestos acusándonos, para que la población se convenciera de que nosotros habíamos hecho mal uso de los recursos, cosa que no había correspondido a la realidad”, recalcó. —¿Es ajeno el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a este tipo de estrategias? —le preguntó el conductor del programa, Max Cortés. —No tengo elementos para decir que él estaba al frente, tampoco tengo elementos para decir que no, pero también sí te puedo decir que hay muchos comentarios que yo escuchaba en su momento del propio gobernador que daban a entender que él mismo estaba impulsando esto, pero es una percepción; por supuesto que yo en su momento, cuando lo escuchaba, así sentía. Durante la entrevista, el exmandatario confirmó que recientemente interpuso una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR), como una “medida preventiva” recomendada por sus abogados, pero negó que exista una orden de aprehensión en su contra, como lo manejaron ayer varios medios locales. Expuso que el asunto, investigado actualmente por la FGR, se relaciona con el presunto manejo irregular de un crédito por 638 millones de pesos contratado con el banco Interacciones, por el que la corporación citó a declarar a algunos de sus excolaboradores, pero a él no le llegó ningún citatorio. Por lo anterior, “la recomendación de los abogados fue interponer un juicio de amparo por prevención, para manifestar que aquí estamos con la disposición de acudir cuando nos llamen, pero también para evitar que por cualquier error luego digan que no nos encontraron y emitan una orden de presentación cuando no hay necesidad de hacerlo, pues estamos actuando dentro del marco de la ley”, abundó. Mario Anguiano aclaró que en su caso y el de sus excolaboradores no han salido de Colima, pues aquí han estado todo el tiempo “dando la cara”. Aunque corrió la versión de que había una orden de aprehensión, el exgobernador precisó: “En todo lo que nosotros hemos estado analizando, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido ubicar, no hay ninguna orden de aprehensión, ni siquiera de presentación, es importante que la gente esté informada”. Comentó que desde hace casi cuatro años que concluyó su sexenio se han realizado cuatro auditorías a su administración, pero el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y la Comisión de Hacienda del Congreso “no nos dieron la oportunidad de presentar elementos de prueba, nos sancionaron; la única comisión que nos dio oportunidad fue la de Responsabilidades, y cuando presentamos nuestros elementos de prueba, en tres de las auditorías consideraron que no había elementos para sanción y las declararon improcedentes”. Sobre el crédito por 638 millones, argumentó que su gobierno únicamente lo tramitó, pero los recursos fueron recibidos por el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz, y aun así el Congreso local aprobó sanciones económicas e inhabilitaciones para el exgobernador; el entonces secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y la extitular de Finanzas, Blanca Isabel Fernández Ávalos. Esa resolución, refirió Anguiano, “nos pareció incorrecta, y por separado cada uno en lo individual procedimos a impugnarla ante los tribunales federales. Los dos primeros casos ya fueron resueltos a favor, mientras que el caso mío está por resolverse. Como se trata del mismo asunto, los abogados consideran que va a salir en el mismo sentido”. Sin embargo, algunos diputados de la anterior Legislatura, además de analizar el caso mediante un juicio político, interpusieron una denuncia ante varias instancias, una de ellas la ahora FGR, que ha estado citando a algunos de los colaboradores de Anguiano para que declaren sobre el caso. Según Anguiano, ese asunto “ya está analizado y juzgado por el Congreso del estado y ventilado en los tribunales federales”, por lo que consideró que en su momento podrá presentar todos esos elementos de prueba ante la Fiscalía.