CIUDAD DE MÉXICO (apro). - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno de Baja California en contra de la llamada Ley Bonilla, con la que el Congreso de ese estado aprobó la ampliación de la próxima administración de dos a cinco años. El ministro José Fernando Franco González Salas, encargado de elaborar y presentar el proyecto al pleno del Alto Tribunal, también fue el encargado de admitir la impugnación 324/2019 que presentó el aún gobernador de dicho estado, Francisco Vega de Lamadrid (PAN), y que fue presentada desde el pasado 23 de octubre. Esta es la quinta acción de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla aceptada por la Corte, pues ya la semana pasada se habían admitido la 112/2019 promovida por Movimiento Ciudadano; la 113/2019 interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN); 114/2019 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); y 115/2019 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que ha dado pie a que los partidos políticos de oposición han formado un frente para impugnar la ampliación de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla. Será el próximo primero de noviembre cuando Bonilla tome las riendas de Baja California en un acto que, el propio ministro González Salas, ha determinado no suspender, pues la vigencia de las supuestas violaciones que alegan los partidos políticos no concluyen cuando éste asuma el cargo. En el 2015, el ministro González Salas tuvo la tarea de analizar y presentar el proyecto de la acción de inconstitucionalidad 13/2015, con la cual el partido Movimiento Ciudadano pretendió impugnar el tiempo de duración del mandato de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien al igual que Baja California y Puebla, acortó su periodo de gobierno de seis a dos años para ajustarla con el calendario federal. “En opinión del partido político demandante, la elección de un Gobernador cuyo mandato dure solamente dos años, atenta contra el desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, porque no permitirá desarrollar la acción pública del depositario del Poder Ejecutivo local, impactando de manera negativa en la planeación, programación y ejecución de los programas de desarrollo regional, prestación de servicios, así como en la correcta capacitación, formación y resultados de los servidores públicos”, se lee entre los argumentos esgrimidos. Aunque el alto tribunal aceptó a dicho partido político como actor legitimo para presentar la acción de inconstitucionalidad, no le dio la razón por presentarla en un periodo superior de tiempo en el que podría impugnarse una ley de esa naturaleza y ya haber acudido los ciudadanos a las urnas. A decir de la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, este antecedente podría ser uno de los argumentos por los cuales la Suprema Corte acepte declarar anticonstitucional la ampliación de mandato de Bonilla. Asimismo, los rivales de Jaime Bonilla en la pasada elección Jaime Martínez Veloz, del PRD; Óscar Vega, del PAN; Enrique Acosta Fragoso, del PRI; y el independiente Ignacio Anaya Barriguete presentaron una acción jurídica para solicitar medidas cautelares para el periodo del morenista en Baja California sea de dos y no de cinco años. “Buscamos que las acciones de gobierno se produzcan en marco constitucional y evitar una crisis de gobernabilidad en la entidad, es una necesidad institucional que normalicemos esta situación”, expresó Martínez Veloz quien, junto al excandidato panista Óscar Vega, acudió a la sede de la Corte a entregar dicho recurso denominado “Amigos de la Corte”.