CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La disminución de la desigualdad de ingresos es clave para retomar la senda de reducción de la pobreza, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante la presentación del informe Panorama Social de América Latina 2019, realizada en Santiago de Chile. “Es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”, refiere el informe de la CEPAL. El mismo documento refiere que “entre 2002 y 2017, la participación de los estratos de ingresos bajos en el total de la población disminuyó de 70.9% a 55.9%” en la región, mientras que el 76.8% de la población pertenece a estratos de ingresos bajos o medios-bajos. “El informe evidencia que una alta proporción de la población de ingresos medios experimenta importantes déficits de inclusión social y laboral y un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza ante cambios provocados por el desempleo, por la caída de sus ingresos u otros eventos catastróficos como enfermedades graves y desastres”, refirió la CEPAL mediante un comunicado. De acuerdo con las proyecciones del organismo, en 2018 un 30.1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza, mientras que un 10.7% vivía en situación de pobreza extrema, indicadores que aumentarían a 30.8% y 11.5%, respectivamente, en 2019. En materia de migración, la CEPAL señaló que entre 2010 y 2019, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de 30 a 40.5 millones, lo que equivale a 15% del total de migrantes a nivel mundial, por lo que exhortó a atender las causas estructurales de la migración. Respecto a la pobreza, el organismo señaló que este flagelo afecta mayormente a la infancia, adolescentes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, desempleados, y a quienes viven en áreas rurales. Ante tal panorama, Bárcena urgió a los gobiernos de la región a que brinden acceso a sistemas de protección social y condiciones para que la población acceda a bienes públicos como salud, educación de calidad, transporte y vivienda.