Así se aprobaron los recortes al campo

Protestas en San Lázaro. Foto: Ismael Aguirre / Procesofoto

Como advirtió desde que era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador impuso a través de los diputados morenistas un bloqueo presupuestal a las organizaciones campesinas, a las que considera intermediarias entre los programas sociales y los productores. El gobierno federal justificó el cambio de las políticas agrarias con un análisis sobre la ineficiencia de los anteriores mecanismos de financiamiento al campo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La parálisis legislativa, motivada entre varios factores por las organizaciones campesinas que se plantaron en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro, manchó el ambiente de las fiestas revolucionarias con un conflicto que retrasó la aprobación del presupuesto federal para 2020.

De manera inédita, las organizaciones Antorcha Campesina, Frente Amplio Campesino (FAC), Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y Congreso Agrario Permanente (CAP), superaron sus diferencias históricas al menos unos días, para exigir a los diputados una reasignación de los presupuestos que por su conducto se destinaban al campo a través de programas federales que la administración de Andrés Manuel López Obrador ya no contempló.

Desde el periodo de transición, como presidente electo, López Obrador advirtió que en su gobierno se terminarían los intermediarios, de manera que organizaciones sociales y, en general, de la sociedad civil, ya no recibirían fondos federales porque el gobierno los entregaría directamente a los beneficiarios.

El 22 de septiembre de 2018, ya con constancia de mayoría y una actividad frenética que parecía adelantar el ejercicio de gobierno, el mandatario reiteró lo que venía diciendo desde la campaña: “Se acabaron los intermediarios, nada de que vengo de la Antorcha Mundial… habrá apoyos directos con tarjeta, ya no vamos a requerir a los intermediarios”.

En el primer trimestre de gobierno, sobre todo al calor de polémicas por la cancelación de recursos para estancias infantiles, expuso que los recursos se quedaban en gran parte en los intermediarios y no llegaban a los beneficiarios últimos. Su solución sería reducir el número de programas, crear nuevos padrones de beneficiarios y entregar apoyos bancarizados directamente de la Tesorería de la Federación a cada destinatario.

A esa medida se sumó un adelgazamiento administrativo que, de 150 programas existentes hasta 2018, se redujeron a siete, con la idea de la austeridad y, en el caso concreto de las políticas agropecuarias, de evitar la dispersión de recursos y con eso ampliar la cantidad de beneficiarios.

Esas medidas se habían perfilado desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y los efectos se empezaron a percibir para las organizaciones campesinas a lo largo del año, por lo que en diferentes entidades federativas, e incluso en la Ciudad de México, marcharon en demanda de fondos.

La segunda semana de agosto las organizaciones campesinas expresaron su inconformidad: el día 8 la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) marchó al Zócalo; el 9 lo hizo la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas. En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizó movilizaciones prácticamente cada mes desde noviembre de 2018.

El reclamo, planteado en diferentes términos, era básicamente un incremento presupuestal para atención al campo.

Nunca todas esas organizaciones, de distinta orientación política, se habían sumado para reclamarle a un gobierno su abandono, como ocurrió desde el domingo 10, cuando iniciaron el cerco a San Lázaro para convertirse en el segundo movimiento, en apenas tres meses, con capacidad de paralizar al Legislativo y obligarlo a cambiar su sede, luego de que en septiembre pasado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hiciera lo mismo por la reforma educativa.

Historiales, influencia y cerco

Las dos organizaciones con mayor presencia y resistencia en el cerco a San Lázaro son históricamente antagónicas: Antorcha Campesina, de ascendente y filiación priista, y la coalición de organizaciones integradas en el FAC, más relacionado con las izquierdas partidistas que en 2018 apoyaron la candidatura de López Obrador.

Antorcha Campesina ha logrado acumular ingentes recursos, no sólo por los subsidios que gestionaba, sino también porque desarrolla actividades empresariales que van desde gasolinerías, hoteles, restaurantes, universidades y, naturalmente, cuotas de poder concedidas por el PRI, que le permiten tener representación legislativa y control de ayuntamientos en varias entidades federativas. Incluso tiene tres diputados federales: Brasil Alberto Acosta Peña, Lenin Campos Córdova y Eleusis Córdova Morán.

Los antorchistas, bajo el liderazgo de Aquiles Córdova, poseen al menos 40 estaciones de servicio en Puebla, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México; las universidades privadas Centro Universitario Chimalhuacán y Centro Universitario Tlacaélel; incursionan en obra pública con la constructora Acabados Arquitectónicos Frank, que en el recuento más reciente realizado por Noticieros Televisa obtuvo mil 567 pequeñas obras de infraestructura en las zonas donde tiene presencia territorial: es decir, consiguió obras para sus agremiados y los contratos para construirlas.

Esos y otros negocios se suman a los millones que solían asignarle los gobiernos. En febrero pasado el reportero Mathieu Tourliere acreditó que en 2017, año electoral en el Estado de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto le otorgó 374 millones de pesos para invertir en esa entidad (Proceso 2206). Y, aunque en cantidades menores, prácticamente ninguna de las organizaciones campesinas que cercaron San Lázaro fue ajena a los presupuestos federales.

Con los mismos datos publicados por este semanario, la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad fijó en 70% el acaparamiento de recursos por las organizaciones Antorcha Campesina y las cuatro que integran el FAC: UNTA, Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, CIOAC y Movimiento Social por la Tierra.

El FAC, como también lo hicieron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y El Barzón, apoyó a López Obrador en 2018. De hecho, la situación del FAC y estas dos últimas organizaciones motivaron divisiones en la bancada de Morena y sus aliados, aunque finalmente fueron superadas.

La CNPA es dirigida por José Narro Céspedes, senador que preside la comisión de Agricultura; el dirigente de El Barzón es el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Ambos morenistas, sus organizaciones tuvieron un paso efímero en el cerco a San Lázaro. Sería el diputado barzonista Eraclio Rodríguez Gómez quien planteara cierta oposición en el debate presupuestal.

También el CAP, formado por ocho organizaciones vinculadas con el PRI, entre las que destaca la CNC, asomó fugazmente al cerco, pero rápidamente se replegó.

Entre la CNPA y los miembros del CAP se repartieron el 30% restante de los presupuestos, de acuerdo con el citado trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La inamovible posición oficial

Desde que el pasado 8 de septiembre López Obrador envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de PEF 2020. La polémica fue centrándose particularmente en el tema agropecuario, en aquellos programas y dependencias públicas que sufrirían recortes o cuyos incrementos esperados no se veían ahí reflejados.

En un posicionamiento emitido el 16 de septiembre las organizaciones mencionadas consideraban necesario fortalecer esquemas de inclusión productiva, en referencia a los programas que operaba la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Bosco de la Vega, presidente del CNA –que agrupa a los empresarios del sector– advirtió el 19 de septiembre, en una entrevista con Grupo Fórmula, que al desaparecer el financiamiento del Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se desmantelaban la comercialización en general y lo relativo a sanidad e inocuidad en los estados, lo que consideró catastrófico para las exportaciones y la producción de alimentos.

En Morena la discusión sobre un recorte a las políticas para el campo involucró, entre otros, al senador Narro, quien declaró en medio de la polémica que la 4T había abandonado al campo al quitarle 19 mil millones de pesos en el PEF 2020.

Para el 26 de septiembre, ante el CNA, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader, Víctor Suárez Carrera, expuso los argumentos de las políticas para el sector, que en resumen prevé: dirigir apoyos directos a pequeños y medianos productores, concentrar en pocos programas (la mencionada reducción de 150 a siete) y superar la disociación entre los recursos públicos y los indicadores sectoriales.

Esto último es el argumento central del análisis para el cambio de la política agropecuaria, que en síntesis establece: mientras que en sexenios pasados se asignaban cada año más recursos, el ingreso medio rural se estancó, lo mismo que la productividad, provocando un incremento en las importaciones.

Proceso obtuvo copia del documento base de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, en el que, a partir de un análisis de los últimos 16 años, concluye que urge el cambio en las políticas.

El documento, que incluye las expectativas de las organizaciones campesinas para refutarlas, se titula Reflexiones sobre el Proyecto de Presupuesto de 2020 para el Campo Mexicano. En su tercer apartado, “Razones para el cambio de política en el campo”, justifica la decisión de recortar programas.

El análisis contempla de 2003 a 2018. Por ejemplo, a partir de una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria fechada en 2006, señala que dos de cada tres personas habían recibido un solo apoyo o ninguno, de manera que no tenía sentido mantener su estructura.

En el segundo punto, basado en estudios de Coneval y de Sagarpa, se afirma que “la influencia y poder de diversos actores” concentraba los apoyos en la atención “de sus intereses y agrupaciones”, por lo que al contrastarse con otras mediciones, no sirvieron para mejorar las condiciones de vida de la población objetivo.

Con estudios de Sagarpa, Coneval y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el documento establece que 80% de los proyectos productivos en esos 16 años superaron los tres años de permanencia; como en el caso anterior, advierte que ningún programa mejoró la calidad de vida ni la productividad de los beneficiarios.

El cuarto punto se fundamenta en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Coneval, que “observan la alta concentración de los subsidios productivos y de financiamiento”.

Se refiere a los programas que reclama el CNA, aunque no menciona a esta organización: primero, el Programa de Apoyo a la Comercialización, concentrado en Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Luego, el financiamiento del FIRA, por el que los productores de más altos ingresos (3.3% del total) recibieron 59.3% del financiamiento; sigue con los estímulos que otorgaba el Programa Especial de Energías para el Campo, que sólo beneficia a los productores de riego de bombeo y rebombeo (menos de 10% de los productores).

Este punto es el que se relaciona con los dichos de López Obrador, que insiste en apoyar al sur. Según el documento, el presupuesto se encontraba concentrado geográficamente, pues 41.2% de los recursos se asignó a siete entidades federativas que representan menos de 30% de las unidades productivas.

Por si fuera poco, la distribución del presupuesto de carácter productivo acrecienta las desigualdades, pues el estudio establece que en zonas de Muy Alta Marginación se invertían en promedio 5 mil 483 pesos por persona, mientras que en municipios de Baja Marginación, es decir, los más ricos, el apoyo promediaba 43 mil pesos.

El documento destaca que la mayoría de los recursos estaban destinados a bienes privados y no a bienes públicos: dejaba sin infraestructura y servicios a las comunidades, pero beneficiaba a un gran productor. También advierte que las reglas de operación fueron barreras para los campesinos más pobres.

Los cambios en las políticas del nuevo gobierno que se reflejaron en el PEF 2020 son los siguientes:

Se eliminan programas de bajo impacto y los que no dieron resultados, como el de fertilizantes y el ganadero. El documento contiene datos como la cobertura de nuevos programas en contraste con los extintos: antes, Campo en Nuestras Manos atendió a 22 mil mujeres por año, y ahora el Programa de Producción para el Bienestar atendió a más de 465 mil.

A continuación plantea (con uso frecuente de expresiones de la narrativa gubernamental, como “primero los pobres” o “separar el poder político del poder económico”) la mayor dispersión de recursos, ampliación de la cobertura con prioridad para pequeños productores, bancarización de transferencias; concentración en estados del sur y garantía de que los recursos se canalicen a la inversión productiva.

Además, se eliminó la intermediación (una referencia a las organizaciones inconformes), con lo que se afirma, se ahorra tiempo y se reduce nómina, entre otros “beneficios”. Además, se mantienen los programas de sanidad e inocuidad, apoyos pesqueros y otros.

El PEF 2020 se aprobó conforme la propuesta del Ejecutivo. Ahí se observa un incremento a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, con 2 mil 500 millones de pesos; a la Sader le autorizaron una ampliación por mil 324 millones.

De manera transversal, con la atención al sector por ejercicio de otras dependencias, principalmente por el programa Sembrando Vida, que opera la Secretaría de Bienestar, el presupuesto al campo supera los 100 mil millones de pesos.

Este reportaje se publicó el 24 de noviembre de 2019 enla edición 2247 de la revista Proceso

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