El ejército británico, bajo sospecha de violar derechos humanos en Medio Oriente

Tropas británicas en Irak. Foto: AP / Nabil al-Jurani

Una investigación de la BBC de Londres y el semanario The Sunday Times destapó un posible caso de reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por efectivos del ejército de Gran Bretaña destacados en Irak y Afganistán a principios de este siglo. Programas oficiales del gobierno británico –el Equipo de Acusaciones Históricas de Irak y la Operación Northmoor– se han dedicado a investigar tales casos, pero todo parece indicar que la consigna oficial es enterrar los resultados. Sin embargo, después de darse a conocer el trabajo periodístico, la Corte Penal Internacional decidió tomar cartas en el asunto.

LONDRES (Proceso).- La mañana del 27 de agosto de 2003 el policía iraquí Raid Al-Mosawi salía de la casa de su familia en un barrio humilde de Basora –en el sureste de Irak–, en dirección a su trabajo, cuando intempestivamente fue asesinado por un soldado británico del Regimiento de Lancashire, quien le disparó a quemarropa.

Al-Mosawi, de 27 años, había trabajado junto a las fuerzas británicas que patrullaban Basora supuestamente para mantener el orden y la seguridad tras la invasión anglo-estadunidense a Irak.

Unas 24 horas después del incidente, el mayor Christopher Suss-Francksen, a cargo del Regimiento de Lancashire, escribió un reporte oficial al Ministerio de Defensa en Londres en el que indicó que no había necesidad de investigar el incidente.

Según el militar, Al-Mosawi había disparado primero, luego de ignorar un grito de alerta del soldado británico, que “actuó en defensa propia”.

Su informe indicaba que otro soldado británico había presenciado el tiroteo y que éste había confirmado que el policía iraquí disparó primero.

Sin embargo, detectives del Equipo de Acusaciones Históricas de Irak (IHAT), que investigaron durante años los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas británicas durante la ocupación de Irak, concluyeron que se trató de un acto ilegal, encubierto de forma flagrante por la cúpula militar.

El de Al-Mosawi fue sólo uno de decenas de casos que dio cuenta de cómo el gobierno de Gran Bretaña y las fuerzas armadas de ese país encubrieron asesinatos de civiles, incluidos niños, además de torturas y vejaciones físicas, perpetrados a manos de las tropas británicas en Afganistán e Irak, hechos calificados como crímenes de guerra.

Según una amplia investigación realizada por la BBC de Londres y por el semanario inglés The Sunday Times, publicada el pasado domingo 17, toda la evidencia obtenida apuntó contra las autoridades británicas y la cúpula militar del país por encubrimiento de asesinato de civiles. El amplio informe logró entrevistar a 11 detectives británicos que coincidieron en calificar los hechos como crímenes de guerra.

Las nuevas pruebas provienen del IHAT y de la Operación Northmoor, la que investigó presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

El gobierno de la entonces primera ministra británica Theresa May decidió cerrar en 2017 el IHAT y la Operación Northmoor, luego de que Phil Shiner, un abogado que llevó más de mil casos en el IHAT, fue destituido tras acusaciones de que había pagado a colaboradores en Irak para encontrar clientes.

Sin embargo, los exdetectives del IHAT y la Operación Northmoor revelaron que las acciones de Shiner habrían sido usadas por el gobierno británico como excusa para cerrar las investigaciones y de esa forma encubrir crímenes de guerra y otras irregularidades cometidas por soldados.

De hecho, ninguno de todos los casos investigados por el IHAT y por la Operación Northmoor resultó en un proceso judicial.

“El Ministerio de Defensa no tenía intención de enjuiciar a ningún soldado de cualquier rango que fuera, a menos que fuera absolutamente necesario y que no pudieran eludirlo”, le dijo un detective del IHAT al programa Panorama, de la BBC, que transmitió el informe. Otro exdetective señaló que las víctimas de crímenes de guerra habían sido menospreciadas, que no se les tomó en serio, y que desde el principio se les trató de silenciar.

“Yo uso la palabra repugnante. Y lo lamento por las familias porque no están recibiendo justicia. ¿Cómo se puede mantener la cabeza en alto como británico?”, se preguntó el detective, cuyo nombre fue mantenido en secreto por razones
judiciales.

Afganistán

Panorama reexaminó toda la evidencia en varios supuestos casos de crímenes de guerra y concluyó, entre otras cosas, que hubo asesinatos por parte de un oficial de las fuerzas especiales inglesas del Servicio Aéreo Especial (SAS), como también muertes de civiles en custodia británica (incluidos menores de edad), golpizas salvajes, torturas y abusos sexuales de detenidos por parte de integrantes del Regimiento de los Black Watch, un batallón de la infantería de Escocia.

Además, la investigación descubrió que un alto comandante del SAS fue incriminado por prevaricación.

Respecto al caso de Al-Mosawi, los detectives del IHAT pasaron dos años analizando la evidencia, además de entrevistar a unos 80 soldados británicos, incluido el que supuestamente había presenciado el tiroteo.

Pero el supuesto testigo les dijo a los detectives que Al-Mosawi, a diferencia de lo que Suss-Francksen había indicado en su reporte oficial, no estaba en el callejón donde se afirmaba inicialmente.

En su declaración al IHAT, el soldado contradijo directamente el informe oficial británico: “Este informe es inexacto y da la impresión de que fui un testigo ocular. Esto no es cierto”.

El soldado declaró también que sólo había escuchado un disparo, lo que sugería que el policía no había disparado en absoluto. Esto fue confirmado por otros testigos entrevistados por el IHAT.

Los detectives concluyeron que el soldado que le disparó a Al-Mosawi debería ser procesado por matar al policía iraquí y que Suss-Francksen debería ser acusado de encubrir lo sucedido. Pero los fiscales militares no han llevado a nadie a los tribunales.

Por su parte, el abogado de Suss-Francksen defendió a su cliente, y sostuvo que no hará declaraciones “sobre la calidad o la confiabilidad de la evidencia reunida por los investigadores del IHAT o por qué no fue suficiente para satisfacer el enjuiciamiento de un soldado bajo la ley del Reino Unido”.

La investigación de la BBC y del Sunday Times dio cuenta también de encubrimientos de crímenes de guerra perpetrados por las tropas británicas en Afganistán.

Para ello analizó la labor de la Operación Northmoor, establecida por el gobierno de David Cameron en 2014 y que llegó a analizar 52 presuntos asesinatos ilegales.

Su cierre fue anunciado por el gobierno británico antes de que los detectives de la Real Policía Militar tuvieran incluso la oportunidad de entrevistar a los principales testigos afganos.

“Yo no cancelaría una labor así hasta hablar con ambas partes. Si se cancela ese trabajo y lo único que se tiene es la declaración británica, ¿cómo se puede considerar eso una investigación?”, afirmó un exdetective entrevistado por la BBC. “Mi opinión es que cada una de esas muertes merecía ser examinada y que se llevara a cabo el debido proceso legal”, agregó.

Defensa oficial

Tras las graves acusaciones, el Ministerio de Defensa británico se apresuró a rechazar que hubiera encubrimiento por parte de las autoridades.

Según un portavoz oficial de esa cartera, las operaciones militares se llevaron a cabo “en conformidad con la ley” y agregó que hubo una amplia investigación de las denuncias. “Las investigaciones y las decisiones de enjuiciar son, con toda razón, independientes del Ministerio de Defensa y han implicado supervisión externa y asesoramiento legal”, explicó el vocero de Defensa a la BBC.

“Después de una cuidadosa consideración de los casos referidos, la Autoridad Procesal del Servicio independiente decidió no procesar. Las denuncias de la BBC han sido transmitidas a la Policía de Servicio y a la Autoridad Procesal de Servicio, que permanecen abiertos a considerar acusaciones”, añadió.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, le dijo a la BBC que todas las acusaciones que tenían evidencia “fueron examinadas” y consideró que se alcanzó “el equilibrio correcto” sobre las decisiones de investigar o no los supuestos crímenes de guerra. Sin embargo y tras ser preguntado sobre las acusaciones, el canciller dijo que el Reino Unido “se hará responsable si hubo irregularidades”.

“Lo que estamos haciendo, y con razón, es asegurarnos de que las afirmaciones espurias o las afirmaciones sin evidencia no conduzcan a la sombra de la sospecha, la nube de sospecha que se cierne sobre las personas que han servido a su país durante años. Y nosotros tenemos el equilibrio correcto”, dijo Raab.

El canciller rechazó explicar si estas denuncias eran nuevas para él y aseguró que las autoridades judiciales de las fuerzas armadas británicas son “unas de las más rigurosas del mundo”.

En tanto, la abogada que ha representado a varios soldados investigados por IHAT, Hilary Meredith, desestimó las acusaciones de crímenes de guerra al llamarlas “imperfectas, infundadas y sesgadas”. La jurista sostuvo que las acusaciones son una “cacería de brujas contra nuestros valientes militares”, y agregó que “no tienen credibilidad alguna”.

“El abogado Phil Shiner, que ideó innumerables afirmaciones falsas, fue destituido del papel de abogado por una buena razón: fue declarado culpable de cargos que incluyen la deshonestidad por las falsas declaraciones de testigos sobre las acciones de los soldados del Reino Unido”, señaló.

Sin embargo, Rachel Logan, experta de Amnistía Internacional, calificó la investigación de la BBC y del The Sunday Times como “muy preocupante”.

“Si estas conclusiones son ciertas, entonces aquellos responsables de haber aprobado y llevado a cabo torturas y otros crímenes de guerra, en todos los niveles, deberán ser apresados y enfrentar la justicia.”

Según Logan, “en lugar de querer esconder una y otra vez debajo de la alfombra las acusaciones más serias (de encubrimiento por crímenes de guerra), Gran Bretaña debería combatir la tortura, respetar las leyes internacionales y demostrar que lidia con estos casos con la seriedad que éstos se merecen”.

Luego de la publicación del reporte y en medio del creciente pedido por parte de grupos de derechos humanos y de defensa de derechos civiles por el enjuiciamiento de los responsables, la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó desde La Haya que podría investigar por primera vez a las Fuerzas Armadas británicas como consecuencia de las denuncias de crímenes de guerra.

“Consideramos estas acusaciones muy seriamente. La CPI evaluará de forma independiente la evidencia recopilada por la BBC y abrirá un caso histórico si considera que el gobierno encubrió a sus soldados para evitar que enfrentaran a la justicia”, indicó un comunicado de la Corte emitido el pasado lunes 18.

De inmediato, un portavoz oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, sostuvo que las acusaciones contra el Ministerio de Defensa “son falsas”.

“La Real Policía Militar investigó ampliamente estas acusaciones sobre el comportamiento de las tropas en Irak y Afganistán, y la fiscalía decidió no abrir causas en ninguno de estos casos”, subrayó el portavoz de Downing Street.

Sin embargo, Balkees Jarrah, jurista de Human Rights Watch y experto en temas de tortura y crímenes de guerra, indicó que durante años “ha surgido más y más evidencia que indica ahora que se cometieron abusos serios contra iraquíes bajo detención británica, incluidas golpizas, torturas y muertes de civiles”.

“Estas acusaciones de crímenes de guerra por parte de las tropas británicas en Irak y Afganistán no desaparecerán al menos que el sistema de justicia británico demuestre ser capaz de resolver estas denuncias, llegando a los niveles más altos.”

“Los fiscales de la CPI han determinado ahora que, de confirmarse las sospechas, hay evidencia suficiente para enjuiciar a integrantes de las fuerzas armadas del Reino Unido que cometieron crímenes de guerra contra civiles en Irak, a quienes debían haber protegido. Es hora de que la justicia actúe ya y que se ponga fin a tanta impunidad”, concluyó.

Este reportaje se publicó el 24 de noviembre de 2019 en la edición 2247 de la revista Proceso

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