GUANAJUATO, Gto.(proceso.com.mx).- La comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato presentó a autoridades estatales y municipales a las que convocó esta mañana del sábado un convenio con varias demandas para que les sea garantizada su seguridad, la investigación y sanción del acoso dentro y fuera del ámbito universitario y una disculpa pública del gobernador y del rector general, por las omisiones cometidas ante asesinatos y desapariciones de estudiantes en todo el estado. Dieron un plazo para que el rector general de la UG, el gobierno del estado, el fiscal general y el alcalde de la capital den respuesta y lo acepten en un plazo de 12 horas –que vencería la noche del sábado- o, advirtieron, no levantarán el paro que mantienen desde el miércoles 4. En orden y silencio, las y los universitarios fueron entrando al Teatro Principal en esta segunda cita con las autoridades, a la que esta vez no llegó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aparentemente por motivos de salud. En su lugar se presentó el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres, quien junto con el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario del ayuntamiento de Guanajuato Héctor Corona, ingresó al recinto universitario. Minutos después se incorporó el presidente municipal Alejandro Navarro, quien el viernes había incluso publicado una foto con su boleto de avión porque había viajado a Campeche a un encuentro de ciudades Patrimonio de la Humanidad, de la que se vio obligado a regresar luego de unas pocas horas. Con rostros muy serios, Ayala Torres, Zamarripa, Navarro y el rector Guerrero Agripino, permanecieron por alrededor de una hora en el escenario, donde debieron tomar de una mesa una copia del convenio que les fue leído desde el público por varios alumnos, mientras toda la comunidad presente sostenía hojas en blanco frente a sí. Como condiciones para levantar el paro universitario, se planteó el cumplimiento indispensable de algunos de los puntos del convenio: un evento oficial, solemne y público, así como a través de comunicados oficiales, con una disculpa pública por parte del gobernador y el rector general “por la omisión, en su respectiva actuación, en los casos de alumnas y alumnos asesinados y desaparecidos en el estado”. El segundo punto considerado inapelable: “destituir y reemplazar a la Lic. Lourdes Elena Gazol Patiño, Titular del programa UGénero, quien ha permitido que se contrate personas que no están ampliamente capacitadas para la atención de la violencia de género; solicitamos que su lugar sea ocupado por una mujer que nos genere confianza y no tengamos preocupación porque nos revictimice”. Unos minutos después de este encuentro, se conoció que Lourdes Gazol hizo pública su renuncia como titular de UGénero a partir del lunes. En el convenio, inicialmente se citan datos de la Plataforma de Transparencia sobre las denuncias por acoso en la ciudad de Guanajuato iniciadas ante la actual Fiscalía general del 2012 al presente año: 116, de las cuales sólo 14 llegaron a judicializarse, ninguna con sentencia condenatoria para quienes fueron señalados como responsables. Mientras que de febrero de 2016 a febrero de 2019, la Universidad de Guanajuato reportó 24 casos de acoso y otros 29 por hostigamiento, pero sólo se tuvo conocimiento de seis profesores sancionados con una suspensión de ocho días (éstos por denuncias que respaldó el Centro Las Libres) y un administrativo destituido en Irapuato. También se mencionó de manera específica el caso del profesor investigador César Kala, quien fue exonerado tras la denuncia de una estudiante, de quien se solicitó también su destitución. El convenio solicita a las autoridades estatales y municipales desplegar de manera permanente personal de vigilancia en las áreas aledañas a las sedes de la Universidad de Guanajuato en los 13 municipios donde cuenta con ellas, así como otros mecanismos como casetas de vigilancia y botones de emergencia, e implementar en la capital un protocolo para casos de violencia de género en bares, restaurantes y hoteles. También demandaron aplicar talleres sobre perspectiva de género a elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales. A la Universidad le demandan aplicar un modelo de Protocolo de atención a violencia de género que colectivas y organizaciones civiles con alumnos y egresados entregaron a la Rectoría en agosto pasado, e implementar un plan y opciones de movilidad y transporte gratuito para las y los alumnos, y que se cuente con contactos inmediatos para casos de violencia de género en cada sede y escuela de la UG que tengan la capacitación para responder, lo mismo que personal especializado para la contención psicológica. La modificación de horarios en sedes que se localizan en zonas de alta incidencia delictiva o de riesgo es otra de las cláusulas del acuerdo que entregaron a los funcionarios, en el que también piden que se transparente y haga público el ejercicio presupuestal que en el rubro de seguridad ejerce la Universidad de Guanajuato. Tras dar lectura al convenio, en el mismo orden y silencio los estudiantes fueron abandonado el teatro. Al fondo, los cuatro funcionarios hablaron por unos minutos y luego salieron a toda prisa. Afuera, el rector Luis Felipe Guerrero no quiso asumir una postura anticipada al plazo de 12 horas que dio la comunidad en paro y pidió oportunidad para que con las demás autoridades, definan qué respuesta habrá. Luego, señaló: “Comparezco el día de hoy con absoluto respeto, admiración y reconocimiento a la comunidad universitaria; segundo, con la convicción plena de un trabajo realizado. Pero el tercero y el más importante, comparezco con plena humildad, con la humildad que debe caracterizar a una persona universitaria, con humildad y verticalidad para afrontar cualquier situación y analizar todas las posibilidades, máxime cuando emanan de la comunidad universitaria que represento y de nuestra magnifica comunidad estudiantil”. Guerrero Agripino evitó responder sobre las destituciones de colaboradores que le fueron planteadas, y dijo creer que “los estudiantes tienen un sentir muy claro, han elaborado un documento muy preciso.  Ahora lo que nos corresponde es el análisis respectivo”. Los alumnos pidieron que una vez firmado, el convenio sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. En León, la propia comunidad ha denunciado la circulación de cartas y presiones por parte del Rector del Campus León, Carlos Hidalgo Valadez, para que se divulguen pronunciamientos por parte de sociedades de alumnos y comunidad académica en contra del paro estudiantil. En esa misma ciudad, esta tarde del sábado las “Abejas” de las sedes de la Universidad de Guanajuato en esa ciudad también marcharon por las calles del centro de la ciudad, respaldando el pliego petitorio y el convenio presentados ante las autoridades en la capital. A esta marcha se unieron alumnos de la Universidad de León, la Universidad Politécnica Nacional, la ENES UNAM, La Salle, el CECA, Universidad Iberoamericana en León.