CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum manifestó su “conformidad” con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de anular el decreto por el que se expidió la Ley del Sistema Local Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En un comunicado de un solo párrafo, sostuvo que está de acuerdo con la sentencia, “ya que corresponde a una inconstitucionalidad que presentó el grupo parlamentario de Morena en la VII Legislatura en contra del Sistema Anticorrupción del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera”. La Consejería Jurídica del gobierno capitalino informó que el nombramiento del secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano, “no tiene que ver con el Sistema Local Anticorrupción”, debido a que dicho cargo está contemplado en la Constitución de la Ciudad de México. Los nombramientos que sí quedan anulados son los del Comité de Selección Ciudadana y Comité de Participación Ciudadana, así como de los contralores internos de la Comisión de Derechos Humanos, InfoDF e Instituto Electoral capitalino. Cabe mencionar que el Comité de Selección Ciudadana integró el Comité de Participación Ciudadana y éste último nombró a su vez a los contralores internos antes señalados. La decisión de la Corte se suma a los reveses de las últimas semanas contra exfuncionarios capitalinos, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión y fichas rojas de búsqueda emitidas por la Interpol, además de vinculaciones a proceso en reclusorios de la ciudad por diversas irregularidades en el manejo de recursos y facultades, que son investigadas por la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia locales. El 25 de julio de 2017, en una sesión de más de 10 horas y a un día de que terminara el plazo legal para la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, las comisiones de Transparencia y Gestión, de Administración Pública Local, de Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad Legislativa de la ALDF, presididas por el PRI, PAN y PRD, respectivamente, aprobaron la creación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, así como reformas a 11 leyes locales. Ese día Apro publicó que los legisladores, en su mayoría perredistas y panistas, votaron modificaciones contrarias a la Constitución federal y de la Ciudad de México. Por ejemplo, eliminaron atribuciones del Comité de Participación Ciudadana; dejaron la elección del fiscal Anticorrupción y del secretario técnico en manos de Mancera y dos comisiones de la ALDF; violaron artículos de la recién creada Constitución capitalina, e hicieron coincidir el tiempo de los 142 nombramientos para que la mayoría se determinara en agosto, antes del último informe de Mancera y del arranque de su campaña para buscar la candidatura presidencial de 2018. Congreso analizará en próximo periodo Tras la decisión de la SCJN, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, Eduardo Santillán, aseguró que la revisión y análisis de la resolución del máximo órgano de justicia del país, luego de que se les notifique, será tema prioritario para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero. Según el morenista, la Corte “evidenció que en la última Legislatura de la ALDF se aprobó una ley inconstitucional, toda vez que no convocó debidamente y tampoco repartió –con 48 horas de anticipación-- los dictámenes respectivos a los diputados”. En un comunicado por separado, explicó que, según el máximo tribunal del país, los diputados de la anterior ALDF no siguieron “el proceso parlamentario, no hubo la discusión correspondiente. Ahora el Congreso de la Ciudad de México tendrá que hacer un nuevo Sistema integral”. Santillán agregó que el estudio de los efectos de la resolución de la SCJN “implicaría hacer la revisión de los nombramientos de los contralores, comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y también de la integración de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa”, además de emitir nuevas reglas para sus nombramientos.