CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, reivindicó la austeridad --en apego a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador-- como proyecto de administración del organismo público. Durante su primer informe al frente de la CNDH, Piedra Ibarra sostuvo ante el Congreso de la Unión que, una vez asumido el cargo, su primera misión fue “aplicar en la institución, íntegramente, la Ley Federal de Austeridad Republicana”, retabulando los sueldos de los altos mandos, “de manera que no hay ya más en la Comisión ningún salario por encima del presidencial, tal y como mandata la norma”. Tras un análisis del manejo presupuestario, en contraposición con la emisión de recomendaciones por violaciones a derechos humanos, Piedra Ibarra cuestionó la autenticidad de la autonomía de la CNDH desde su creación --durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari--, considerándola un “fracaso”, pues por su carga presupuestal, dijo, se convirtió en uno “de los más costosos y afrentosos para los mexicanos”. Para Piedra Ibarra, la “dispendiosa estructura burocrática” del organismo “no ha respondido a las necesidades y expectativas ciudadanas, ni se ha conducido con transparencia”, y para los gobiernos neoliberales –abundó-- era “un escaparate para consumo del extranjero, para dar una imagen de derechos humanos favorable al gobierno, pero no era más que una pantalla”. La CNDH, añadió, fue concebida como “uno más de esos organismos públicos sólo en apariencia ‘autónomos’, estructuralmente diseñados con fines cosméticos, para administrar los problemas de los gobiernos en turno, esconder los abusos de poder y poner en la congeladora conflictos que no eran de interés de los gobernantes, o que les resultaban incómodos”. Y apuntó que la reducción presupuestal de 30% será aplicado a las visitadurías, la Dirección General de Quejas, la Subdirección de Registro y Clasificación, las coordinaciones de Procedimientos Internos de las visitadurías generales, la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones, “y en todos aquellos programas que sean de apoyo directo a la investigación y al seguimiento de los casos”. Piedra Ibarra presentó un balance de la actuación de la CNDH antes de su llegada, y destacó que en la gestión de su antecesor, de enero de 2015 a junio de 2019, el organismo erogó “más de 8 millones de pesos en comidas y reuniones; se realizaron 537 viajes, de los cuales 82 fueron al extranjero, y en ese mismo periodo se otorgaron a la Oficina de la Presidencia viáticos por un millón 929 mil 490 pesos”. La funcionaria se comprometió a poner a la venta “los autos blindados y de lujo a cargo de la presidencia”, a fin de desaparecer “los privilegios de cualquier índole”, eliminando “los bonos, primas, ‘ayudas’ y falsos estímulos”, así como los celulares. También dijo que canceló la plaza ocupada por la chef de la anterior administración, “que por cierto gozaba de un salario, no de cocinera, sino de ´homóloga a jefe de departamento’, y sus ayudantes tenían puestos de ‘analistas”. Para continuar con la austeridad y dejar de ser la institución de defensa de derechos humanos “más costosa de América Latina o una de las más caras del mundo, como lo es hoy, sino ser la más eficiente en su tarea”, se comprometió a reducir o bien eliminar “los onerosos gastos en ‘eventos’ que absorbían buena parte del presupuesto”, y aseguró que se eliminarán los viajes al extranjero, “salvo aquellos que redunden en beneficio real para las víctimas”. La presidenta de la CNDH detalló que de los 48 mil 590 escritos de queja recibidos en 2019 sólo se emitieron 99 recomendaciones, y “tomando en cuenta el presupuesto recibido resulta, por decir lo menos, que las recomendaciones son muy costosas”, recalcó. Agregó que, si bien se incrementó el número de agraviados, al pasar de 64 mil 756 en 2015 a 173 mil 937 en 2019, sólo se concluyeron expedientes correspondientes a 11 mil 181 víctimas, lo que “evidencia la discrecionalidad con que se usan las llamadas causales de conclusión de expedientes”. En cuanto a las actividades propias de su gestión, precisó que del 15 de noviembre del año pasado al 21 de enero de 2020 el organismo abrió 5 mil 398 expedientes de queja, de los cuales 4 mil 778 han sido atendidos y se han emitido 52 medidas cautelares, 12 de ellas orientadas a salvaguardar la vida e integridad de periodistas. Del total de las medidas cautelares, detalló, nueve se dirigieron al IMSS, cuatro al ISSSTE, cinco a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tres a la Secretaría de Salud, y una a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a fiscalías y dependencias de varios estados. Piedra Ibarra fue cuestionada por legisladores en torno de su militancia en Morena, el partido del presidente López Obrador, así como por la ausencia de pronunciamientos sobre la política de seguridad pública, las 35 mil personas asesinadas durante el primer año de gobierno de López Obrador, la actuación de la Guardia Nacional para la contención migratoria y la crisis en la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Luego de precisar que sólo defiende las actuaciones que ha realizado el organismo de noviembre a la fecha, reivindicó su permanencia en el Comité Eureka, pidió confianza en su gestión y preguntó a los legisladores que la cuestionaban: “¿qué hicieron cuando miles de ciudadanos de este país reclamábamos que se hiciera justicia en el caso de la desaparición forzada? Lamentablemente la hemos seguido padeciendo, pero estamos luchando por erradicarla”. https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1220084688288653314?s=20