COLIMA, Col. (apro).- Luego de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito negó la protección de la justicia federal al exgobernador Mario Anguiano Moreno, el Congreso local solicitó al jefe del Ejecutivo estatal, José Ignacio Peralta Sánchez, iniciar el procedimiento de ejecución de la sanción impuesta mediante el decreto legislativo 613. El pasado 27 de septiembre de 2018, la LVIII Legislatura aprobó la inhabilitación de Anguiano para ocupar cargos públicos por un periodo de 14 años y la restitución al erario de 515 millones 174 mil 928 pesos, tras determinar la responsabilidad del exmandatario en el mal manejo de recursos públicos. El pasado 28 de enero el Congreso recibió la notificación de la sentencia emitida días antes, donde el tribunal confirmó lo resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito, que sobreseyó el juicio de amparo promovido por Mario Anguiano, por lo que el Decreto 613 quedó firme y sin posibilidad de ser impugnado. La solicitud de iniciar la ejecución de la sanción fue enviada a Peralta por el diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo. En ese documento se le recordó al gobernador que desde 2016, mediante el Decreto 112, se ordenó el embargo precautorio en contra de Mario Anguiano Moreno, por lo que el Instituto Para el Registro del Territorio del Estado de Colima, a cargo del Ejecutivo, no puede realizar ningún movimiento en las propiedades a nombre del exmandatario. A través de un comunicado, el Congreso informó que también se le solicitó al actual gobernador que, en un término de 10 días hábiles, informe sobre las gestiones por parte del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, para realizar el cobro de los 515 millones, así como el número de control fiscal asignado para la cobranza de dicho monto y conocer si Anguiano ha realizado de manera espontánea algún pago que se deba descontar al monto. Además, la Comisión de Responsabilidades del Congreso local, que encabeza el diputado Arturo García Arias, acordó solicitar a la presidencia de la Mesa Directiva que requiera a la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecute la sanción pecuniaria impuesta al exgobernador. De igual manera, acordó solicitar a la presidencia de la Mesa Directiva para que ésta, a su vez, solicite a la Contraloría General del Estado la inscripción de la sanción de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, por 14 años, al exmandatario, así como en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados.