CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones integradas en el colectivo Espacio OSC condenaron la desaparición y muerte de los defensores ambientalistas Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados el 29 de enero y 1 de febrero, respectivamente.
Ambos habían denunciado la tala ilegal de bosques de las mariposas monarca en Michoacán.
Los activistas exigieron a la Fiscalía General de Michoacán “una investigación exhaustiva que cumpla con la debida diligencia para sancionar a los responsables, partiendo de la defensa de derechos humanos como un elemento central en la investigación”, en tanto que al gobierno de Silvano Aureoles le pidieron “generar las condiciones necesarias para que defensores del medio ambiente ejerzan su labor en un entorno seguro y propicio”.
El colectivo Espacio OSC recordó que, antes de la localización de los cuerpos inertes de los defensores de los bosques de la mariposa monarca, sus familiares los reportaron como desaparecidos. A Gómez González el 15 de enero y a Hernández Romero el 27 del mismo mes.
Esos casos, subrayó, son ejemplificadores del “contexto de complejidad de las violencias contra las personas defensoras ambientales en México”, considerado uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
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De igual manera, destacó que las personas que defienden el medio ambiente no sólo enfrentan “la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sino también la presencia de grupos del crimen organizado que explotan los recursos naturales de su comunidad”, riesgos que persisten en la impunidad.
Para los defensores, la violencia contra los ambientalistas está en peligro de agravarse si se aprueba la creación de un cuerpo especializado de protección conformado por miembros de la Guardia Nacional, como lo propuso la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat).
“Esta medida propuesta no ahonda en los problemas estructurales que generan las políticas en relación a megaproyectos y que derivan en graves violaciones a derechos humanos”, sino que se trata de “una medida reactiva y limitada”, apuntó.
Peor aún, la medida “consolida la militarización de los territorios, privilegiando así un modelo de desarrollo que prioriza la sobreexplotación del patrimonio natural y cultural, poniendo estos elementos por encima de los derechos humanos de las personas” a la tierra y el territorio, al agua y a un medio sano, entre otros.
El Espacio OSC llamó a la Subsecretaría de Derechos Humanos a que instruya a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos para que lleve a cabo un “grupo de trabajo interinstitucional” con la Semarnat y personas defensoras del medio ambiente, con el fin de “generar acciones con un enfoque diferenciado y de respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, que garanticen el ejercicio al defender derechos humanos en un ambiente propicio”.
Los activistas exhortaron al Senado de la República a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, lo que “representaría un avance clave para la defensa del medio ambiente al garantizar el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
