GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 1/20 por la deficiencia en la actuación de autoridades estatales, que detonó en el feminicidio de Rosa a manos de su marido, Juan Carlos, quien después se suicidó. El organismo pidió a las autoridades respectivas la reparación integral, una indemnización y una disculpa a favor de la familia de la víctima. El 15 de marzo de 2018, la mujer caminaba por la calle Manuel M. Ponce y Medrano para tomar el camión, cuando su marido la abordó, discutieron y éste la mató con un arma de fuego. El sujeto huyó, pero al verse acorralado por la policía se disparó y murió al instante. Casi un mes después del homicidio, el 6 de abril, la madre de la víctima presentó queja ante la CEDHJ contra la entonces Fiscalía Central, el Centro de Justicia Para la Mujer y el Instituto de la Mujer, dado que en 2015 su hija denunció las vejaciones sufridas a manos de su marido, sin que la autoridad hiciera nada para evitar nuevas agresiones, no obstante que contaba con una supuesta orden de protección. "Esta Comisión comprobó dilación y negligencias en la integración de la carpeta de investigación y nulos avances en la averiguación previa, así como irregularidades y omisiones en el cumplimiento de la medida de protección emitida a favor de la víctima, la omisión de la valoración y dimensión del riesgo y peligro que corría, derivada de la violencia intrafamiliar a la que era sometida por su esposo. Esta inadecuada y fallida protección propició el feminicidio", precisó la CEDHJ en la recomendación emitida este lunes. De igual manera, mencionó que en su investigación hallaron que las autoridades estatales "no cuentan con los recursos y herramientas suficientes para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y, en consecuencia, al acceso a la justicia, ocasionando violencia institucional". Por ello, el organismo pidió al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, la reparación integral del daño, una indemnización y compensación, y una disculpa a familiares de la víctima. Al fiscal del estado, Gerardo Solís, le pidió que integre y resuelva los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público y policías investigadores que estuvieron involucrados en el caso. También solicitó que se implemente un programa para conocer los avances de las órdenes de protección y capacitar al personal que atiende a mujeres en situación de violencia, entre otros puntos. Y si bien no están involucradas como responsables, la CEDHJ también hizo peticiones a cuatro autoridades, por ejemplo, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) le requirió gestionar ante el gobernador un incremento de apoyo económico para hijos de víctimas de feminicidio o parricidio, entre otras acciones. De los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto, y la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, demandó atender las proposiciones y peticiones realizadas en el informe especial con propuestas de mejora respecto de las órdenes y medidas de protección para mujeres receptoras de violencia. Al Congreso local y a los diputados federales por Jalisco, realizar las reformas legislativas necesarias para determinar con claridad y precisión la homologación en la definición de las órdenes y medidas de protección. Y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que dé atención y reparación integral a las víctimas indirectas, por medio de una “compensación subsidiaria” Por su lado, el gobierno estatal presentó la iniciativa "Feminicidas tras las rejas", que busca reformar los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que los acusados por feminicidio no obtengan la libertad anticipada. "Queremos cerrar la puerta a que cualquier feminicida pueda usar como pretexto su buen comportamiento para salir de la cárcel sin haber cumplido su pena", apuntó la titular de la Sisemh, Fela Pelayo. Actualmente dichos artículos sólo prohíben la libertad a quienes cometieron delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.