Periodista denuncia acoso judicial por cubrir despojo de tierras en Yucatán

Amenazas contra el periodista Eduardo Lliteras Sentíes, director del portal de noticias Infolliteras. Foto: Tomada de Facebook Amenazas contra el periodista Eduardo Lliteras Sentíes, director del portal de noticias Infolliteras. Foto: Tomada de Facebook

MÉRIDA, Yuc. (apro).- El periodista Eduardo Lliteras Sentíes, director del portal de noticias ‘Infolliteras’, denunció acoso judicial a raíz de la cobertura informativa que dio al presunto intento de despojo de tierras de Santa Gertrudis Copó, en la que estaría implicada la influyente inmobiliaria Abba.

De acuerdo con Lliteras Sentíes, a través de denuncias “cargadas de mentiras”, a las que el Ministerio Público dio trámite “con obsequiosa prontitud”, el año pasado se le incluyó en la carpeta de investigación número P3/897/2019, acusándolo de cometer “hechos presuntamente delictuosos” que podrían configurar “el delito de despojo de cosa inmueble con violencia y/o los que resulte”.

En el contexto del boom inmobiliario que se vive en Mérida, explicó, muchas comunidades aledañas a la ciudad han sido objeto de despojo de tierras.

En ese contexto, el 6 de junio de 2018, a través de ‘Infolliteras’ dio a conocer un conflicto que se suscitó entre un grupo de golpeadores presuntamente al servicio de Abba y pobladores de Santa Gertrudis Copó, una comisaría conurbada a Mérida, por un predio de 600 metros cuadrados en disputa.

Ese día, subrayó, “llegaron unas 30 personas con machetes, palos, hachas y otros objetos a Santa Gertrudis Copó” para intimidar a los lugareños que defendían el terreno en cuestión y que la constructora reclama como parte de sus tierras donde desarrolla un proyecto, pese a que documentos catastrales certifican que pertenece a las áreas comunes del poblado.

“Alertado, como otros medios, de lo que sucedía, llegamos al sitio y grabamos el conflicto, compartiéndolo en redes sociales”, explicó Lliteras. A su vez, abundó, el personal de la inmobiliaria grabó a los reporteros con las cámaras de sus teléfonos celulares.

“Esa práctica ha sido permanente por parte del personal de la Inmobiliaria Abba cada vez que acudimos a desempeñar nuestro trabajo como periodistas a dicho lugar. Es una estrategia de intimidación que culminó con amenazas de agresión física a mi madre, mismas que denuncié puntualmente ante la Fiscalía General del estado de Yucatán (FGE)”, acusó.

El periodista señaló que el 6 de junio de 2018, “luego de la publicación de nuestros videos en redes sociales”, llegaron numerosas patrullas y policías antimotines, quienes desarmaron al grupo de choque que fue contratado para enfrentarse a los pobladores de la comisaría de Santa Gertrudis Copó, y luego los dejaron ir.

Desde entonces, denunció, la estrategia de la Inmobiliaria Abba ha sido denunciar con su ejército de abogados a algunos habitantes de la comisaría, con el fin de acosarlos judicialmente e intimidar a toda la población conurbada y convertir el lugar “en un apetitoso bocado de intereses inmobiliarios”.

Con esa estrategia de acoso judicial a través de la construcción de denuncias cargadas de mentiras, lo incluyeron a él –a fines del año pasado– en la carpeta de investigación número P3/897/2019.

Previamente a la denuncia en su contra, añadió, la apoderada legal de Inmobiliaria Abba, Claudia Guadalupe Farías Cid, declaró al diario Por Esto!, el 12 de octubre de 2019, que la empresa procedería legalmente contra Lliteras Sentíes, a quien identificó como “un reportero que se encarga de azuzar a la población y a los vigilantes”.

Después de que se publicó esa nota, la FGE le notificó de la denuncia en su contra, donde además “se dice que participé en el robo de herramientas y pertenencias de la empresa y de los trabajadores, la noche del 3 de octubre”.

El periodista aseguró que toda esa campaña en contra de su persona tiene la finalidad de impedir que desempeñe su labor. “El objetivo es obtener medidas cautelares que me prohíban acercarme al lugar e inclusive moverme del estado, además de someterme a un desgastante proceso judicial, tras la mascarada de una investigación que no tiene algún sustento y que ha sido promovida por una empresa anónima tras la que se celan influyentes apellidos de empresarios locales”, finalizó.

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