Meseta purépecha: la violación sistemática a derechos de indígenas

Indígenas en la meseta purépecha. Foto: Serapaz Indígenas en la meseta purépecha. Foto: Serapaz

MORELIA, Mich. (apro).- Una misión de observación a comunidades indígenas de la meseta purépecha documentó violaciones graves a los derechos humanos, derivados de la lucha por la libre determinación de sus derechos y de sus territorios.

Representantes de Servicios y Asesoría de Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que representa a 86 organizaciones en 23 estados, rindieron un informe preliminar tras visitar cuatro comunidades en igual número de días.

Acompañado de representantes de concejos indígenas de Comachuén, Arantepacua, Sevina y la cabecera municipal de Nahuatzen, León Pérez, de Serapaz, advirtió sobre “dificultades para ejercer la libre determinación de los pueblos indígenas para decidir su forma de gobierno, así (como) los problemas para acceder a la justicia, hay una impunidad prevalente y una criminalización en contra de los concejos indígenas”.

Agregó que, de acuerdo a los testimonios recabados durante cuatro días en la región purépecha, pudieron documentar las agresiones directas por parte de la policía estatal, así como “violencia de género contra mujeres concejales y violencia económica para ejercer los recursos que le corresponden a cada comunidad”, de ahí que hay una exigencia de establecer un marco jurídico que acabe con los obstáculos para las comunidades.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, resaltó que tras años de acompañar a las comunidades en la defensa de derechos humanos, las organizaciones constataron durante la visita de cuatro días en la región que “estas comunidades han sido fuertemente agredidas en los últimos años, al haber decidido dar un revés a los partidos políticos, quienes se estaban beneficiando de los recursos económicos destinados al municipio de Nahuatzen”.

Con el rechazo al sistema de partidos políticos, las comunidades indígenas dejaron entrever “la importancia de ejercer el presupuesto y ver por sus propias necesidades, lo que han hecho de manera transparente” y ha tenido como respuesta “la violencia, hay elementos para decir que hay violaciones a derechos humanos, hay una política constante de criminalización y judicialización” contra los concejales, con el objetivo de “detener su trabajo”, apuntó Ríos.

El secretario ejecutivo de la Red TDT denunció que, durante su visita a la comunidad de Comachuén, fue intimidado por una persona identificada como opositora al concejo indígena, que este domingo, de manera irregular, será sometido a una auscultación promovida por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán, para determinar si se mantiene el actual concejo en esa comunidad, encabezado por María Eugenia Gabriel Ruiz, quien ha sido víctima de violencia de género, amenazas y de intento de homicidio.

Sobre la consulta que se llevará a cabo este domingo en Comachuén, Fernando Ríos responsabilizó “al gobierno del estado, a la presidencia municipal de Nahuatzen (al que pertenece esa comunidad), así como a los partidos políticos de los actos de violencia que puedan ocurrir para incidir en el ejercicio”, que ha sido considerado como un exceso en las atribuciones del Tribunal electoral.

Claudia Ignacio Álvarez resaltó que la misión de observación permitió ahondar en la documentación de casos graves a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial de cuatro personas, entre ellos un menor de edad, uso excesivo de la fuerza púbica, allanamientos, detenciones arbitrarias de 48 comuneros, así como fallas en los procesos judiciales.

La defensora resaltó que a tres años de los acontecimientos las familias de las víctimas “no han tenido acceso a la justicia y reparación, al contrario, siguen siendo víctimas de hostigamiento y amenazas”.

Ana Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, exigió la liberación de los concejales indígenas de Nahuatzen, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, y del simpatizante Gerardo Talavera, detenidos por cargos de robo agravado y sabotaje.

Los activistas exigieron a la Fiscalía General del estado esclarecer los hechos de violencia, que se cumpla con la entrega de recursos a los concejos, respeto a los derechos políticos de las mujeres; el cese de acciones judiciales que obstaculizan la labor de los concejos, y el cese de las prácticas sistemática de hostigamiento y criminalización de las comunidades que “impiden el derecho a las comunidades a ejercer su libre determinación y autonomía”.

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