Denunciarán ante la CPI a Peña Nieto y Fox por caso Atenco

Encuentro Peña-Fox en Guanajuato. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los colectivos de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco (Costa) y Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada, por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

A 14 años de la embestida policiaca en contra de las comunidades que se opusieron a la construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras, Inés Cuellar, del Costa, señaló que en México nunca se hará justicia, porque “aquí hay torturados, pero no hay torturadores”.

Además de los expresidentes, la denuncia incluirá al entonces titular de la desaparecida Procuraduría General de la República y exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora; al exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien era coordinador del Consejo de Seguridad; al exjefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), Ardelio Vargas Fosado; al secretario de Gobierno del Estado de México, Víctor Humberto Treviño, y a otros 12 funcionarios.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, el vocero del Costa, Jorge Orta Mendoza, criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijera que no podía emitir una sentencia, porque no encontró a un solo torturador, aunque admitió que Alexis fue golpeado con un objeto rojo, sin saber quién lo arrojó.

Los sobrevivientes criticaron que a 15 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no haya intención de investigar y sancionar a los autores intelectuales de ordenar y ejecutar la tortura en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Sólo se ha castigado a algunos autores materiales, subrayaron.

A los cinco meses de iniciado el gobierno de López Obrador, 11 mujeres que fueron torturadas sexualmente tenían esperanza de que se ejecutara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala al Estado como responsable de la violación, pero sólo se abrieron mesas de diálogo, sin ofrecer soluciones.

(Manuel Alejandro Godínez López)

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