WASHINGTON (apro). – El juez Robert Levy, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, postergó la decisión de aceptar la oferta del Genaro García Luna de obtener su libertad condicional por medio del pago de una fianza de un millón de dólares. Aun cuando el Departamento de Justicia le insistió al magistrado que la liberación condicional de García Luna podría facilitarle al exsecretario de Seguridad Pública de México la posibilidad de escaparse a México, el magistrado optó por darle más tiempo al análisis del caso. El juez Levy no dio a conocer cuándo se llevará a cabo la audiencia en la Corte de Brooklyn, en la que dará a conocer su fallo sobre si se autoriza o niega la libertad bajo fianza al exfuncionario federal mexicano. Cesar Castro, abogado de oficio de García Luna, dijo en rueda de prensa al salir de la Corte, que es posible que este mismo viernes 28 se lleve a cabo la audiencia en la que presentaría las nuevas evidencias que sustentan el pedido de liberación bajo fianza de su cliente. En la audiencia sostuvo que su cliente conseguirá el apoyo de garantes que firmarían como avalúos del pago de la fianza y que, además, si se acepta, su cliente no escaparía de la justicia estadunidense.

“No hay ningún riesgo de fuga, su familia está aquí en los Estados Unidos (…) ya no tiene pasaporte ni su tarjeta de residente permanente”, sostuvo Castro ante el magistrado federal.

Castro precisó que los dos nuevos fiadores de García Luna viven en el estado de Florida.

Riesgo de fuga

El gobierno estadunidense en su pedido al juez Levy de negarle la libertad bajo fianza a García Luna, expuso por escrito al juez que funcionarios mexicanos corruptos asociados al acusado lo ayudarían a escapar de Estados Unidos por temor a que sus nombres salgan a la luz en un eventual juico en la ciudad de Brooklyn.

“Se debe destacar que el Cártel de Sinaloa y en particular funcionarios mexicanos corruptos tienen el fuerte incentivo de garantizar un escape exitoso del acusado para evitar que en un juicio se hagan públicos sus actos delincuenciales”, se destaca en el documento de los fiscales.

El argumento del gobierno de Donald Trump en contra del pedido de a quien el expresidente Felipe Calderón calificará como “súper policía”, define en tres ejemplos los motivos para no permitirle la libertad bajo fianza al acusado que ofreció pagar una multa de un millón de dólares. --Primero, contrario a lo que dice, el acusado tiene la capacidad de escapar y cuenta con incentivos abrumadores para hacerlo. --Segundo, son significativas las evidencias de los crímenes cometidos por el acusado. --Tercero, la combinación de condiciones que propone para su liberación previa al juicio con la garantía del pago por un millón de dólares no se sostiene porque su esposa, quien firmaría como garante, es empleada del acusado y recibía un sueldo anualizado de 45 mil dólares, y -además- sus propiedades están sujetas a ser confiscadas. García Luna propuso a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn que el millón de dólares saldría de sus propiedades que tienen un valor aproximado de un millón 200 mil dólares. Los fiscales, Michael Robotti, Ryan Harris y Erin Reid, le explicaron al juez Levy en el documento de siete páginas que, si García Luna huye a México, es posible que nunca más pueda ser capturado porque el Cártel de Sinaloa y funcionarios corruptos se encargarían de que esto sea así.

“De manera notable se ha fortalecido el caso del gobierno en contra del acusado (desde su captura, el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas) ya que de manera subsecuente se han identificado a testigos que en el juicio testificarían que (García Luna) acordó recibir millones de dólares en sobornos para apoyar el Cártel de Sinaloa”, destacan los fiscales.

En su pedido de libertad bajo fianza presentado por escrito a la Corte el pasado 25 de febrero, García Luna exponía que además de tener a su disposición las propiedades para pagar la multa, tres personas firmarían como avalúos de su propuesta, una de estas es su esposa.

“Como se ha discutido previamente, dos de los garantes del acusado financieramente responsables han indicado que no firmarán la fianza y que no cuentan con los recursos para completar el millón de dólares”, sustentan los tres fiscales dirigidos por Richard Donoghue.

Garantizado el pago para la fianza: abogado

El abogado Castro le explicó al juez Levy que cuentan con otros garantes que firmarían la garantía del pago de la multa, aunque extrañamente agregó que esas personas es posible que financieramente no cuenten con el millón de dólares. El defensor insistió que quien fungió como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI, en el sexenio de Vicente Fox), no podría huir a México porque ya no tiene su pasaporte ni tarjeta de residencia permanente. Los fiscales derrumbaron el alegato de la defensa al exponer que, como ciudadano mexicano, García Luna no necesita ni pasaporte si ingresa a México caminando o en automóvil por la frontera sur estadunidense.

“Su argumento ignora el hecho de que actores criminales poderosos como el acusado y con acceso a funcionarios mexicanos corruptos y a recursos del Cártel de Sinaloa, por años han podido evadir su captura y los procesos judiciales en México”, explicaron los fiscales.

Para afinar sus alegatos los funcionarios expusieron los casos de los narcotraficantes, Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero, a quienes etiquetaron como líderes del Cártel de Sinaloa.

“Éstos son sólo dos de innumerables ejemplos de fugitivos quienes, con el apoyo del Cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos corruptos, por años han evadido su aprehensión. No existe razón para pensar que con el acusado pasaría algo diferente”, matizaron los fiscales.

El Departamento de Justicia reveló que las investigaciones que han llevado a cabo sobre las acciones ilícitas de García Luna, exponen la manera en que el exfuncionario mexicano usaba “empresas fachada y prestanombres” para ocultar el dinero que recibía del narco. El exasesor en seguridad, amigo y protegido de Calderón, sostiene que sus propiedades (que le serán incautadas por el Departamento del Tesoro) tienen un valor aproximado de un millón 200 mil dólares, pero el Departamento de Justicia contradijo este cálculo. Los documentos de los fiscales aseguran que los inmuebles en bienes raíces que le han identificado a García Luna, en total tienen un valor de cuatro millones de dólares. “Las investigaciones del gobierno han revelado que, en el curso de varios años, el acusado usó varias técnicas para ocultar el tamaño de sus verdaderas pertenencias financieras con empresas fantasma y con prestanombres que compraron bienes para él”, resaltan los fiscales.

Residencias de lujo

Los documentos del gobierno estadunidense apuntan que García Luna utilizó una de sus empresas fantasma para comprar una residencia de 473.7 metros cuadrados en Golden Beach (Florida) en más de tres millones de dólares que pagó en efectivo. Por medio de otra de las empresas fantasma de García Luna, dos de las cuales tiene en Estados Unidos y en una no está registrado ni como dueño ni socio, compró un yate registrado a uno de sus prestanombres. También por medio de una empresa fantasma, el exsecretario de Seguridad Pública cubría los pagos de las colegiaturas de sus hijos en escuelas privadas y caras de Estados Unidos.

“La investigación del gobierno esclarece que de manera consistente recibió millones de dólares en fondos provenientes de compañías con las que está públicamente afiliado y de empresas fantasma”, se lee en el folio número 4 presentado por los fiscales.

Con una de las compañías que García Luna usaba como frente para supuestamente ocultar el origen de su fortuna y con sede en Panamá, compró con dólares en efectivo la residencia en Golden Beach. El defensor del exjefe de la desaparecida AFI, volvió a desestimar la credibilidad de los testigos que dice el Departamento de Justicia tener listos para incriminar en un juicio al acusado. Uno de estos testigos es Jesús Zambada García Rey Zambada, hermano menor del líder Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo. El año pasado durante el juicio contra El Chapo Guzmán, Rey Zambada testificó bajo juramento ante el juez Brian Cogan, que él personalmente entregó en portafolios a García Luna entre tres y cinco millones de dólares en efectivo, en pago por sus servicios al Cártel de Sinaloa.

“Entre otras cosas, los testimonios de los testigos se corroboran con los saldos financieros a nombre del acusado, lo que refleja también que continuó viviendo de los millones de dólares que recibía del Cártel de Sinaloa en pago por sus servicios a su papel en la conspiración para traficar drogas”, concluyen los fiscales.

García Luna está acusado de colusión con la fracción del Cártel de Sinaloa comandada por El Chapo Guzmán, para exportar cocaína de México a Estados Unidos y, por mentir bajo juramento a autoridades migratorias estadunidenses. Si es sometido a juicio y eventualmente declarado culpable, el acusado enfrentaría una pena mínima de cárcel de entre 10 y 15 años y un castigo máximo de cadena perpetua. A principios del pasado mes de enero, los fiscales y el acusado notificaron por escrito al juez Cogan que estaban negociando la posibilidad de evitar el juicio. El Departamento de Justicia pretende reclutar a García Luna como testigo cooperante para utilizarlo como testigo de la fiscalía federal en juicios de personajes relaciones al Cártel de Sinaloa. Si se convierte en testigo cooperante y al final de sus servicios a los fiscales, García Luna puede recibir una sentencia máxima de 10 años de cárcel o menos, y al final de su pena ser extraditado a México donde las autoridades tienen expedientes criminales en su contra. Te recomendamos: García Luna y El Chapo: Calderón lo sabía todo