COLIMA, Col. (apro).- María de Carmen García García, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), afirmó que no se están aplicando los protocolos de investigación del feminicidio en el país, pues existe una resistencia de las autoridades del ramo de justicia a clasificar ese delito. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2019 hubo 3 mil 825 asesinatos de mujeres, de los que sólo mil 6 (26.3 por ciento) se investigan como feminicidios, mientras que hay estados como Colima, en los que de un total de 92 homicidios sólo 11 (11.9 por ciento) fueron clasificados como feminicidios. García consideró que si realmente se cumplieran las leyes, la mayoría de los crímenes contra mujeres tendrían que catalogarse como feminicidios, pero existe una resistencia de algunas autoridades que “plantean que es mejor cambiar el protocolo y quitar las razones de género porque, entre comillas, es muy difícil acreditarlas y yo no sé qué es lo que piensan poner”. La representante del OCNF señaló que existe una normatividad que muestra con claridad las razones de género: “¿cómo no se va a poder acreditar si una mujer asesinada tuvo abuso sexual, si tenía antecedentes de violencia, si su cuerpo estaba expuesto en la vía pública? 60 o 70 por ciento de los cuerpos de mujeres aparecen en la vía pública”. Estimó que la baja clasificación de homicidios de mujeres como feminicidios habla de una estructura de un sistema jurídico con una mirada patriarcal, en la que “si una mujer es violentada ella tiene la culpa por no obedecer los mandatos; es una violencia institucional patriarcal, se tendría que garantizar que un juez o cualquier autoridad de justicia tendría tenga perspectiva de género y de derechos humanos”. A juicio de Carmen García, lo que está evidenciando la autoridad es “esa resistencia a reconocer que nosotras no somos objeto, no somos propiedad de nadie, estamos en libertad, somos autónomas y podemos tomar nuestras decisiones y aunque no le parezca al padre, hermano, pareja, tío, lo que yo decida no le compete a los hombres”. Mencionó que el feminicidio parte de la imposición de “un control para someterte, oprimirte hasta matarte. Es un poder sobre las mujeres. La marcha del 8 de marzo da un mensaje muy claro, que es un ya basta”. Según García, está fallando el Poder Legislativo porque no ha podido aprobar una ley que castigue a las autoridades omisas y negligentes en la aplicación de las leyes que sancionan la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Opinó que tendría que empezarse a castigar a las autoridades como una señal de que las cosas en materia de violencia hacia las mujeres van a cambiar, ya que si ese mensaje llega y se mete a la cárcel a servidores públicos “creo que vamos a tener otra forma de dar lectura a lo que está pasando con las mujeres”. A diferencia de diversos puntos de vista surgidos en los últimos meses, García rechazó que las alertas de violencia de género hayan resultado un fracaso, sino que “quienes fracasan son las autoridades que todo lo pervierten. Tendríamos que ver qué han hecho las autoridades en esa materia, qué han hecho con ese instrumento”.