PARÍS (apro).- Se llamaba Daoudja. Tenía 6 años. Falleció el 29 de marzo en el hospital infantil Necker de París. No murió del covid-19. Su padre lo mató. La tragedia ocurrió el día 27, entrada la tarde en Tremblay-en-France, un municipio de 30 mil almas, ubicado a unos 30 kilómetros al noreste de la capital. Según las escuetas informaciones divulgadas por las autoridades policiacas, Daoudja estaba haciendo sus tareas escolares cuando su padre, un hombre fornido de 45 años, lo agarró a golpes. Uno de sus hermanos alcanzó avisar a la madre, quien se encontraba fuera de casa. Cuando esta regresó al departamento, el niño yacía inconsciente en el piso. Hospitalizado de emergencia, Daoudja pasó dos días y medio en estado de muerte cerebral y exhaló su último suspiro unos minutos antes de la medianoche, el domingo 29. El padre, oriundo de Costa de Marfil, está detenido y bajo investigación judicial. En Francia un infanticida se arriesga a cadena perpetua. Ese asesinato, primero de ese tipo en ser documentado desde que Emmanuel Macron decretó un confinamiento sanitario estricto en todo el país el pasado 17 de marzo, confirma las inquietantes estadísticas gubernamentales. Según Christophe Castaner, Ministro del Interior, en los 10 primeros días del confinamiento las violencias intrafamiliares aumentaron en un 36% en las grandes urbes y en un 32% en zonas rurales y pequeñas ciudades de provincia. En el norte del país, 40% de los hombres detenidos por las fuerzas del orden son culpables de agresiones domésticas. Es precisamente en esa región que acaba de ocurrir un caso muy sonado. El pasado 28 de marzo un médico ebrio, de 66 años, que radica en la ciudad de Tourcoing y se encontraba en cuarentena en su casa por ser contaminado por el coronavirus, intentó estrangular a su esposa. Esta lo repeló y alertó a los gendarmes que lo detuvieron. Los militares lo obligaron a ponerse una mascarilla y guantes de protección antes de esposarlo y subirlo a su coche. Sin embargo, una vez en el vehículo el médico, enfurecido, logró quitarse el tapabocas y empezó a toser y escupir sobre los gendarmes. El lunes 30 de marzo compareció en el tribunal de justicia de la ciudad de Lille y de inmediato condenado a tres años de cárcel por violencia voluntaria contra su esposa y representantes de la autoridad pública. Estos casos aterran, pero no sorprenden a las asociaciones feministas que lanzaron gritos de alarma en víspera del decreto presidencial de confinamiento general, advirtiendo que una promiscuidad familiar impuesta durante varias semanas, las 24 horas del día, no podía sino tener efectos devastadores en hogares “frágiles”. No se opusieron, por supuesto, al encierre sanitario pero urgieron al gobierno a multiplicar medidas para proteger a mujeres y niños amenazados, al tiempo que movilizaron todas sus redes de solidaridad. “En nuestro país y en ‘tiempos normales’ un menor de edad muere cada cinco días a manos de sus padres. Por lo tanto, no era difícil prever lo que está pasando ahora”, confía Clementine Autin, feminista y diputada del partido La Francia Insomisa (izquierda). “Todas las investigaciones sobre el tema demuestran que en periodo de crisis crece la violencia y que las primeras víctimas son las mujeres y los niños”, enfatiza Caroline de Haas, activista de la asociación feminista Nosotras Todas. De Haas cita, entre otros, el trabajo realizado en 2011 por un grupo de investigadores en psiquiatría de la universidad de Misisipi, que evidencia que las violencias psíquicas aumentaron en un 35% y las físicas en un 98% después del huracán Katrina. También menciona informes policiacos chinos de la ciudad de Jianli (provincia de Hubei, epicentro de la pandemia de coronavirus), que revelan que el número de agresiones conyugales triplicó durante el confinamiento. El encierre domiciliario es sumamente peligroso para las parejas y los hijos de hombres violentos porque los mantiene a merced de sus verdugos y bajo su vigilancia las 24 horas del día, lo que les hace muy difícil buscar auxilio. Marlene Schiappa, Secretaria de Estado para la Igualdad de Género, constata que desde el inicio del confinamiento las llamadas al 3919 (número de emergencia de la policía, reservado a las víctimas de violencia intrafamiliar), incrementaron. ¿Como romper ese aislamiento? Junto con las asociaciones feministas, la Secretaria de Estado lanza llamados -- vía los medios de comunicación-- instando a las mujeres en peligro a buscar la manera de avisar a sus vecinos. También pide a los vecinos que estén pendientes de cualquier señal. A solicitud de Schiappa, todas las farmacias del país, uno de los pocos comercios aún abiertos en Francia, deben acoger a las mujeres en busca de ayuda y ponerlas en contacto con la policía. En caso de ser acompañadas por su pareja, las víctimas pueden señalar discretamente su desasosiego preguntando por “mascarillas 19”. “Es una responsabilidad delicada”, confía a la reportera Marina D., farmacéutica del distrito XX de París. Si una persona llega sola, podemos comunicarla de inmediato con la policía, pero en caso contrario no sabemos realmente cómo reaccionar si el cónyuge percibe nuestra complicidad y se pone violento o si desaparece con su víctima…”. La secretaria de Estado decidió, además, probar suerte en grandes supermercados al pedir a sus dueños que alberguen “puestos de contactos” que estarán a cargo de asociaciones feministas. Estas últimas están en pie de guerra a pesar de la situación difícil en la que se encuentran, pues sus sedes están cerradas y sus miembros están confinados en casa. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/623629/julie-francia[/embed] “Nos estamos organizando gracias a las redes sociales”, explica Clémentine Autin. “La movilización de la sociedad civil es alentadora. Juntamos ya 50 mil euros para ofrecer cuartos de hotel a mujeres que logran huir de sus domicilios, darles de comer y brindales productos de primera necesidad. También les conseguimos habitaciones en casas particulares. Pero eso no basta. Exigimos del gobierno que incaute habitaciones en todos los hoteles del país. No debe ser muy difícil, ya que no hay turismo en Francia. Son vidas humanas las que están en juego”. La creciente presión de las ONG empieza a surtir efecto: Marlene Schiappa asegura que pondrá un millón de euros a su disposición. Françoise Brié, presidenta de la Federación Nacional de Solidaridad Mujeres, una red de 67 asociaciones de defensa de las mujeres, dijo que el dinero no lo resuelve todo. Para Brié, en un momento tan complejo como el actual, la policía debe tener la posibilidad de prohibir a los autores de violencia que se acerquen de sus domicilios por lo menos durante 15 días. Muchas organizaciones feministas van más lejos: exigen apartarlos de sus casas hasta el fin del periodo de confinamiento. Hoy en día solo un juez puede tomar decisiones al respecto y después de largos trámites.