Cuando Emiliano Zapata se lanzó a la lucha revolucionaria lo hizo por mandato de su pueblo y basándose en documentos coloniales que le daban la propiedad de la tierra a los pueblos de Morelos, Puebla y otros estados del sur. Esos documentos, de un inestimable valor histórico y cultural, han estado celosamente guardados en el museo dedicado al Caudillo del Sur –de cuyo asesinato se cumplirán 101 años el viernes 10– en Anenencuilco. Muchos historiadores han exigido que esos documentos salgan a la luz... sin éxito. CUERNAVACA, Mor. (proceso).– La razón de Emiliano Zapata para lanzarse a la lucha revolucionaria junto con los pueblos surianos fue el mandato de su pueblo, Anenecuilco, que por usos y costumbres lo designó defensor de las tierras que históricamente les pertenecían. Esas tierras, recuperadas en 1915, fueron esquilmadas por la Reforma Agraria en 1919-1920. Sin embargo, el espíritu comunitario de Anenecuilco y del propio Zapata –expuesto en el Plan de Ayala–, fue la obsesión de vida de Francisco Chico Franco, guardián de los títulos primordiales que daban carácter jurídico a la lucha zapatista.   El valor de los documentos, su peso histórico, cultural y político, no ha sido suficiente para que se abran a consulta. Desde 1991 los documentos que estudió Zapata están ocultos en una caja fuerte en el Museo Casa de Anenencuilco. Ni las constantes demandas de Jesús Sotelo Inclán antes de su muerte ni la exigencia de varios historiadores en el Año de Emiliano Zapata (2019) han bastado para que el gobierno los exhiba en un escenario digno.

Raíz y razón

El 12 de septiembre de 1909 hubo una nutrida asamblea en Anenecuilco, municipio de Ayala, Morelos. La gente mayor le pidió a los más jóvenes que se hicieran cargo de la defensa de las tierras, pues ya estaban cansados de las constantes invasiones y despojos de los hacendados. Emiliano Zapata, entonces de 30 años, fue propuesto como líder y aceptó el mandato comunitario “siempre que fuera apoyado por todos”, relata Jesús Sotelo Inclán en su Raíz y razón de Zapata. Así, Zapata fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras. Ahí mismo se eligió, de entre los presentes, al secretario. El propio Emiliano propuso a su primo hermano, Francisco Franco Salazar, a quien todos en Anenecuilco conocían como Chico Franco. Como vocal de la Junta fue nombrado José Robles. Terminada la asamblea “los viejos llamaron aparte a Emiliano y le entregaron los papeles que guardaban”, dice Sotelo Inclán. Los documentos eran nada más y nada menos que los Títulos Primordiales, es decir, las Cédulas Virreinales que restituían la propiedad de las tierras a la gente de Anenecuilco durante la Colonia. Los documentos conservan aún hoy su valor jurídico respecto a la propiedad social de la tierra. Desde ese 12 de septiembre, “en el fondo, Zapata no creía ya en trámites y sólo esperaba seguirlos por agotar los recursos legales”, según Sotelo Inclán; en el fondo se gestaba ya la lucha por otras vías frente a la violencia institucional que los había despojado de sus tierras durante siglos. Zapata, Franco y Robles estudiaron los documentos casi 20 días. En el coro de la iglesia principal de Anenecuilco, aquellos campesinos se enfrentaron al dolor que había vivido su pueblo a lo largo de 300 años de Colonia y 100 de dominio de los hacendados. Luego, en otra asamblea, el 29 de septiembre de 1909, presentaron la estrategia legal para defender las tierras. Ese día, según Emilio Kourí, director del Centro Katz para Estudios Mexicanos, antes de salir a Cuautla, Zapata, Franco y Robles metieron los Títulos Primordiales en “una caja de hojalata” y los escondieron en un socavón. En plena lucha revolucionaria el Caudillo del Sur temía por el destino de los documentos, así que mandó a Robles a rescatarlos, pero éste no pudo. Envió entonces a Chico Franco y él logró recuperarlos. Dice Sotelo Inclán: “como Franco tenía una comisión diferente que cumplir, Zapata los dio a Robles, diciéndole: ‘Si los pierdes, compadre, te secas colgado de un casahuate’”, en alusión a que lo colgaría de un árbol. Para entender lo que significaban esos documentos, se cuenta en el libro de Sotelo Inclán: “Zapata recibió la visita de unos emisarios del estado de Michoacán, que venían a convencerse de la sinceridad del caudillo. Zapata quiso entonces explayarse mostrando la razón primera y última de su rebeldía; pidió a Robles los documentos y los enseñó a los visitantes diciéndoles: ‘Por esto peleo’”.

Un arbitrario reparto agrario

A la muerte de Zapata, Álvaro Obregón logró incorporar a los zapatistas sobrevivientes a su lucha contra Venustiano Carranza a cambio de puestos en el ejército y en el nuevo gobierno. Según Kourí, también director del Departamento de Historia de la Universidad de Chicago, las otras dos promesas fueron el control de Morelos y la promesa de un reparto agrario rápido. Zapata lanzó el Plan de Ayala en 1911 y hasta 1915 llevó a cabo una entrega radical de tierras, respetando la memoria histórica de los pueblos. Sin embargo, luego del pacto de Obregón y los zapatistas, se echó a andar en Morelos una nueva reforma agraria sustentada en el artículo 27 de la Constitución de 1917. En 1919, dice Kourí, “se llevó a cabo un tipo de reparto irreconciliable en sus fundamentos con el anterior”. Para 1920 “Morelos se pobló de ejidos hechos de prisa y sin cuidado”, sin respetar en absoluto la memoria de la población y de forma arbitraria, sentando las bases de los miles de conflictos agrarios que aún hoy persisten en la entidad. Cuando en 1920 el gobierno de Morelos convocó a los pueblos a que solicitaran ejidos, la gente de Anenecuilco se aprestó a cumplir aquello por lo que habían luchado junto a Zapata, “la restitución de sus antiguas tierras, como ya se había hecho en 1915”, dice Kourí. Sin embargo, el gobierno hizo a un lado las restituciones y realizó una “entrega” de tierras a los campesinos. Aquí hay una enorme diferencia, pues en la restitución se reconoce el derecho de los pueblos a la propiedad de esas tierras, porque originalmente eran suyas. Mientras que en la reforma agraria obregonista: “El Estado es el actor central. La entrega de tierras es en función del Estado, de cómo estaban los intereses clientelares”, sostiene el historiador Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. La instrucción era cumplir rápidamente con la entrega de tierras a Anenecuilco, por ser la cuna de Zapata, y a Ayala, por ser el apellido del Plan lanzado por el Caudillo. Chico Franco y José Robles fueron comisionados por la asamblea de Anenecuilco para gestionar la restitución de las tierras, sin embargo, no tuvieron tiempo ni de mostrar los documentos. “El 26 de septiembre (de 1920) llenaron una solicitud preimpresa por la Comisión Local Agraria y se levantó un perímetro a ojo de buen cubero de las tierras que alguien decidió incluir en el reparto”, dice Kourí. Dos días después se desechó la solicitud de restitución y se cambió por “una dotación provisional de tierras ejidales”. El 2 de octubre de 1920 el gobernador dio posesión del nuevo ejido con 500 hectáreas, de las cuales fueron excluidas las mejores tierras irrigadas, como lo dice el documento de Restitución de Tierras, expediente 24/2961 y 23/2961 del Archivo General de la Nación. Franco y Robles fueron a otra instancia a intentar recuperar las tierras que históricamente le pertenecían a Anenecuilco, pero nadie les hizo caso. Chico Franco todavía encabezó tres gestiones más en 1927, 1929 y 1934-1935, sin éxito. Una Revolución había triunfado, pero los campesinos de Anenecuilco sabían que no les había hecho justicia en su demanda original de restitución de sus tierras.

Una piedra en el zapato

Franco siguió la defensa de las tierras, pues luego del reparto comenzó una nueva oleada de despojos, todos ellos denunciados. Incluso llegó a señalar al hijo mayor de Emiliano Zapata, Nicolás, quien se convirtió en los cuarenta en un latifundista. Según el historiador Mario Gill, Nicolás Zapata fue el primero en despojar a Anenecuilco de las mejores tierras: “Abusando de su influencia política y sobre todo de su apellido, y aprovechando la tolerancia de Eleazar Roldán y Sebastián Luna, comisariados ejidales, se apoderó de las mejores tierras de Anenecuilco” que arrebató a otros ejidatarios. Se calcula que a mediados de los cuarenta ya tenía 400 hectáreas que convirtió en cultivo de riego. Las denuncias constantes pusieron en la mira a Franco, que fue asesinado el 21 de diciembre de 1947 por efectivos de la Policía Estatal y del Ejército. Según Mario Casasús, periodista y experto en los Títulos Primordiales de Anenecuilco, “el asesinato de Chico Franco fue un crimen de Estado” en el que participó Nicolás Zapata, convertido en cacique de la región, “en complicidad con el comisariado ejidal Sebastián Luna”. El primogénito de Zapata era diputado federal y habría movilizado al Ejército y a la Policía Judicial de Morelos para atacar la casa de Chico y asesinarlo junto con dos de sus hijos. Moribundo, Chico reveló a su hija Esperanza el lugar donde guardaba los documentos, que años después fueron entregados a Sotelo Inclán. El historiador había descubierto en el Archivo General de la Nación parte de los documentos de Anenecuilco, pero decidió viajar a Morelos a conocer de primera mano los testimonios de quienes lucharon junto a Zapata. Sus viajes comenzaron en 1939. Luego conoció a Franco, y aunque tardó en ganarse su confianza, pudo hojear los documentos. Después del asesinato de Chico, su hija Esperanza decidió darle los documentos a Sotelo Inclán, quien falleció en un accidente automovilístico el 3 de octubre de 1989. Sin embargo, una de sus obsesiones fue hacer públicos esos documentos. Sotelo Inclán dividió “el pequeño bulto” de documentos envueltos en periódicos y lienzo, en 13 carpetas con 309 páginas. Los documentos datan de 1864 a 1943, incluida la correspondencia de Chico Franco. Su hijo, Guillermo Sotelo Inclán, “vendió en abril de 1991, en 5 millones de pesos, el archivo al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien decidió entregarlo al pueblo de Anenecuilco en un acto público en ese mismo año”, según Casasús. Kourí coincide, pero dice que el intercambio fue por nueve millones de pesos. A partir de ese momento los documentos han estado ocultos en una caja fuerte en el Museo Casa de Zapata. Lucino Luna, hijo de quien fuera comisario ejidal cuando fue asesinado Franco, fue nombrado director del museo en 1993. “Es como si designaras director del Museo de Chinameca a un hijo de Jesús Guajardo”, lamenta Casasús y coincide Kourí: “El primer director del museo, nuevo guardián de los documentos, sería el hijo de uno de los comisarios ejidales implicados en el asesinato de Franco: ironías de pueblo chico y revuelto”. Luna fue director 23 años y nunca se hizo nada para hacer públicos los títulos.

Patrimonio de la humanidad

Desde 1991, año en que Salinas de Gortari inauguró la remodelación del Museo Casa de Emiliano Zapata, esos papeles han estado ocultos en una caja fuerte. Son copias de los documentos que se guardan en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, su importancia estriba en que son estas copias las que fueron entregadas por los ancianos de Anenecuilco a Zapata, que los estudió, los palpó y sirvieron de razón para su lucha. Por eso la obsesión de Sotelo Inclán –en la que hoy coinciden Kourí y Casasús–, en la necesidad de exhibirlos, mostrarlos como patrimonio de los morelenses y los mexicanos. El pasado septiembre varios historiadores y expertos en el tema se reunieron y coincidieron en que si realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quisiera homenajear a Emiliano Zapata y rescatar su historia, debería cumplir el sueño de Sotelo Inclán y, además de dignificar el Museo Casa de Anenecuilco, construir un monumento para el archivo que permita al público conocerlo. Este reportaje se publicó el 5 de abril de 2020 en la edición 2266 de la revista Proceso, en circulación   Te puede interesar: Más de 140 años de historia detrás de la muestra “Emiliano. Zapata después de Zapata