TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).– Después de que la Secretaría de Seguridad del Estado de México reconoció que un custodio y 23 internos del penal de Cuautitlán dieron positivo a covid-19, familiares de Personas Privadas de su Libertad (PPL), integrados en la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, se apostaron a las afueras de penales estatales para exigir la puesta en marcha de medidas de preliberacion y libertad en los casos que ya procede, como un mecanismo para aminorar los riesgos de contagio debido a la sobrepoblación de al menos cien por ciento en las cárceles mexiquenses. Las movilizaciones simbólicas (de no más de diez personas en cada caso, con cubrebocas y sana distancia) se realizaron fuera de penales como el de Chiconautla en Ecatepec, Neza Bordo, Barrientos de Tlalnepantla, Chalco, Zumpango y Texcoco, con excepción de Cuautitlán, que se encuentra en cuarentena. José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de esta organización, indicó que las cárceles de la entidad se podrían despresurizar hasta en 40 por ciento si las autoridades otorgan la libertad a quienes son inocentes, pero les fue fabricado el delito, a quienes han superado el tiempo permitido por la ley para ser procesados y no han sido sentenciados, a quienes son acreedores de la conmutación de la medida cautelar de prisión preventiva y a quienes ya alcanzan el beneficio de la libertad condicionada o anticipada por buena conducta, tiempo de condena, porque su delito no es grave, etc. “Hay muchos inocentes (en las cárceles), casi 15 mil ya alcanzan alguno de los beneficios. El problema es que no existe una base de datos sobre ejecución de penas ni base de datos sobre expedientes médicos, por lo que no hay manera de dar un seguimiento y proteger a los internos con enfermedades crónico-degenerativas durante la pandemia”, alertó. Tan sólo en el caso de Chiconautla, donde estuvo preso durante cuatro años por su lucha en favor del derecho humano a la vivienda digna, recordó que Presunción de Inocencia documentó y promovió que en noviembre de 2018 debían salir 2 mil de 4 mil 500 reos por encontrarse en alguno de los supuestos referidos, pero les ha sido negada esa posibilidad. Pérez Espinoza advirtió que mantenerlos en reclusión viola sus derechos humanos y constitucionales a la salud, sobre todo porque en los penales estatales no hay insumos, medicamentos y la sobrepoblación complica la implementación de protocolos: “No hay médicos suficientes, no hay antibióticos, no hay analgésicos, no hay sana distancia”, indicó. Destacó que, por informes de los familiares, se sabe que en Chiconautla hay unos 36 internos enfermos de hepatitis y varios de sarampión en Chalco y en Neza Bordo, por mencionar algunos padecimientos que los volvería más vulnerables ante el coronavirus.