CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Se avecina una crisis penitenciaria de un potencial catastrófico, tanto desde el punto de vista de contagios como de motines”, advierte el organismo de la sociedad civil, AsiLegal. Ya hay contagiados y se han registrados motines. Pese a ello, autoridades jurisdiccionales y gubernamentales mantienen al margen de la prioridad a dicha población penitenciaria o bien, actúan en retroceso en materia de prevención y derechos humanos. En un comunicado, indica que la población privada de libertad y todas las autoridades dentro de los centros federales y estatales del país, se encuentran en un estado de vulnerabilidad “acrecentado” ante la amenaza de covid-19. “Lamentablemente, ya se presentó el primer caso de un motín derivado de la cancelación de visitas y limitación de derechos en Guanajuato, donde se calculan, por lo menos, seis lesionados”, señala. Señala que el medio de comunicación Telediario Canal 6 difundió una riña que se desarrolló fuera y dentro del CRS de Cuautitlán, como consecuencia del traslado -con poco o nulo aviso- de 33 hombres posiblemente infectados y 77 mujeres sin infección. La ONG considera que la reducción de espacios de visita no es más que una medida temporal que, de fondo, no terminará por contener ni evitar que los contagios dentro de los CRS del país sucedan. Indica que los primeros casos en Cuautitlán, donde al menos cuatro personas privadas de libertad y un custodio fueron infectados; así como en Mérida, donde se reportó que una persona privada de libertad contrajo el virus, son la muestra de esta realidad. Señala que conforme el aislamiento y los contagios avanzan a lo largo del país es necesario que las y los jueces de ejecución penal, tienen la labor titánica de cumplir con su deber como garantes de derechos a la población privada de libertad que nadie más tiene. Dentro de sus facultades recae la despresurización de los centros penitenciarios antes de que la crisis se convierta en una tragedia de dimensiones que será difícil o imposible recuperarse en un futuro cercano. “La amenaza extraordinaria de la pandemia global del covid-19, de seguir bajo la idea de que con restricción de visitas y derechos será resuelta para el sistema penitenciario está íntimamente equivocada. Cuautitlán y Mérida son los primeros, pero sin la acción de las y los jueces de ejecución penal, será imposible contener los motines, contagios y muertes que se avecinan”, concluye AsiLegal.