CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 300 activistas, académicas, investigadoras, escritores y organizaciones civiles hicieron un llamado al gobierno federal para que genere una salida a la crisis provocada por la pandemia de covid-19 apegada a los derechos humanos. Recordaron que, aunque los estados de emergencia deben tener una duración limitada, éstos no pueden avalar ninguna medida innecesaria, ilegal o desproporcionada con el fin de contener la propagación del virus, y mucho menos aquellas que pudieran abrir la puerta para decisiones autoritarias o inconstitucionales. “No apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario, el gobierno debe ser capaz de escuchar todas las voces, dialogar con todos los sectores y ponerse a la cabeza de un gran acuerdo nacional”, expresó el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria mediante un comunicado. Aclararon que no coinciden en los grupos que “se oponen sistemáticamente a todas las acciones del actual gobierno.” Por ello, las autoridades deben escuchar y debatir todas las propuestas, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar los argumentos y sin menospreciar los planteamientos que no sean los oficialistas. “Más allá de los partidos políticos, luchamos por los derechos humanos, la democracia, los derechos de las personas trabajadoras, la igualdad social, el respeto a las múltiples diferencias, la igualdad de género y la justicia social”, sostuvieron. Insistieron en que es fundamental llegar a acuerdos para impulsar una visión integral y un modelo social y económico “justo y solidario”, para transitar en los próximos meses posteriores a la pandemia de covid-19. Las tres medidas concretas que hicieron se enfocan en tres rubros: los sectores público, privado y social. Para el primero, se debe aumentar su eficiencia para incrementar su capacidad de generar empleos dignos, y no pensar que eficiencia es igual a menos empleados. En el caso del privado, se requiere de créditos -no transferencias- para que sobrevivan las empresas. Y el sector social, como el caso de cooperativas o empresas sociales, se les debe garantizar atención médica gratuita, reducción de IVA, y transferencias focalizadas en efectivo. Entre los firmantes se encuentra el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Miguel Concha; la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Mariclaire; el integrante del Consejo Judicial Ciudadano, Manuel Canto Chac; la abogada feminista, Karla Salas Rodríguez; Justicia para las Mujeres, la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, Católicas por el Derecho a Decidir, Acción con Pueblos Migrantes, Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, entre otras. (Manuel Alejandro Godínez López)